Ruz interrogó en Francia a los policías franceses del «Faisán»

El malestar de las autoridades policiales y judiciales francesas con la actuación de la Policía española en el «caso Faisán» se volvió a poner de manifiesto el lunes en París. Fue con motivo del interrogatorio del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz a los agentes galos que participaron en el equipo conjunto que tenía que llevar a cabo la operación contra la red de extorsión de ETA con su epicentro en el bar Faisán de Irún.

Fuentes de la investigación señalaron a ABC que la juez antiterrorista Laurance Le Vert se limitó a estar presente en esos interrogatorios, en el marco de la comisión rogatoria, y que no hubo ningún encuentro de carácter reservado con el juez Pablo Ruz, pues lo que tuvo que decir la magistrada ya lo puso de manifiesto en la documentación enviada a España, señalan esas fuentes. Se trata de los 645 folios que la juez remitió a la Audiencia Nacional el pasado enero después de los requerimientos del juez Baltasar Garzón, primero, y del propio Ruz, después. De ellos, nueve se han declarado secretos, y las fuentes no descartan que sean estos los que han motivado el viaje relámpago del magistrado a París. El instructor se fue el lunes, y ayer, a las doce de la mañana, ya estaba en su juzgado.

Ruz tuvo la oportunidad de escuchar en primera persona las razones que llevaron a Francia a no detener (el 4 de mayo de 2006) al responsable de la red de extorsión y propietario del bar Faisán, Joseba Elosua, y al etarra Cau Aldanur. Aunque el encuentro estaba previsto inicialmente en España (el segundo iba a cruzar la frontera para reunirse con Elosua), el «chivatazo» se tradujo en un cambio de planes, de forma que el viaje se produjo a la inversa: fue Elosua quien pisó el territorio galo. Y fue en este trayecto en el que salió a la luz el «soplo»: Elosua contó a su yerno que le habían advertido de que iban a ser detenidos.

Sin embargo, si algo quedó claro en la documentación remitida por Le Vert fue que la decisión de no detener a los implicados la tomaron de forma «autónoma» las autoridades francesas —ante las deficiencias detectadas en el equipo español, con Carlos Germán (quien luego investigaría el «soplo») a la cabeza—. Y ello porque no fue hasta el 3 de mayo, un día antes del «chivatazo», cuando la Policía española le envió un «informe de síntesis correspondiente a cuatro años de investigaciones, folios de los que la parte francesa de ese equipo conjunto «no había tenido conocimiento».

Esa documentación no pudo ser traducida hasta el 23 de mayo. Es más, el 19 de junio «Francia recibió el último de los siete anexos de varios centenares de páginas referidos a conversaciones y seguimientos». A ello se sumaba que el jefe de ese operativo conjunto (Germán) tardó un mes y medio en informarle de la delación que se había puesto de manifiesto en la conversación de Elosua con su yerno. Aun así, y pese a todos esos fallos, Carlos Germán se mostró especialmente intesado en que Francia detuviera a Elosua y a Aldanur ese día 4 de mayo de 2006. Tan insistente se mostró —así lo declaró el comandante en funciones de la Policía Judicial de Burdeos, Christian Pommes— que su «deplorable» actitud provocó una queja de las autoridades francesas. El jefe de la División Nacional Antiterrorista denunció que Germán llegó a extralimitarse de sus competencias ese 4 de mayo, sobre todo cuando amenazó con dar por disuelto, a iniciativa propia, el equipo conjunto de investigación creado cinco meses antes por los gobiernos de España y Francia.

Por otra parte, está previsto que los guardias civiles que elaboraron el informe sobre la cinta del «Faisán» lo ratifiquen hoy ante el juez Ruz. En el documento concluían que el vídeo había sido manipulado, que los cortes en la cinta VHS no eran accidentales y que se debían a la intervención de algún «agente externo», bien por negligencia bien de forma intencionada.