El líder del PSdeG admite que defraudó impuestos en las obra de su mansión

Según consta en los dos proyectos elaborados por un estudio de arquitectos de Vigo aportados por Vázquez en el proceso de legalización, las obras de ampliación de su mansión tuvieron un presupuesto total de 160.200 euros, muy lejos de los 4.000 que su mujer, Carmen Pérez, adujo en febrero de 2006 cuando solicitó al Consistorio la licencia municipal para retejar. Entonces, tan solo abonó 80 euros en concepto de tasas, cuando a la vista del coste que el propio líder del PSdeG dice que tuvieron las obras, le habría correspondido pagar 3.200 euros, el 2% del total de las reformas, en aplicación de la normativa municipal en vigor.

En la autorización inicial que concedió el pequeño ayuntamiento de San Amaro, se limitaban las obras a la «sustitución de la teja actual por una nueva, colocación de planchas onduladas bajo teja, cambio de las piezas del entablado de madera en mal estado y limpieza y reparación de pontones», prohibiendo expresamente «obras diferentes a las solicitadas», y concretamente a cualquier «aumento de volumen ni alteraciones en la fachada, ni en el tejado que se reteja».

No obstante, y tras la apertura del expediente de reposición de la legalidad —sostenido por un informe preliminar del arquitecto municipal—, el dirigente socialista se ha visto forzado a reconocer que vulneró las limitaciones de la licencia solicitada al derribar un muro de cierre original y sustituirlo por otro, levantar una edificación nueva, ampliar la superficie de otras dos y cambiar las cubiertas de toda la mansión, además de construir una casita junto a la piscina.

En total, una superficie final de 765 metros cuadrados construidos en el edificio principal, otros 44 del anexo de la piscina y 5,29 de un hórreo, en una parcela de 3.932 metros cuadrados en pleno corazón de la comarca de Carballiño.

Tras pasar por el preceptivo trámite de información pública en el concejo orensano en diciembre del año pasado, el expediente abierto por la APLU aguarda resolución. En caso de aceptarse el proyecto de legalización presentado por Manuel Vázquez, se verá obligado a abonar las pertinentes tasas municipales. Hasta llegar aquí, el dirigente del PSdeG protagonizó un sainete administrativo, alegando que se vulneraba su presunción de inocencia, que se había invadido su intimidad en un informe municipal por incluir imágenes aéreas de un satélite. Su partido llegó a hablar de «persecución» contra su líder y negar que se hubiera ampliado la vivienda porque las reformas «consistieron en una rehabilitación».

La APLU no solo evalúa el alcance de las obras, sino la realización de las mismas sobre suelo rústico no urbanizable, concretamente ampliación de planta y alzado que no están permitidas. El informe preliminar elaborado por la Agencia establecía que las obras de derribo y demolición del muro de cierre de su finca, por ser construcciones preexistentes, son actividades «prohibidas» en suelo rústico, calificación que merece la parcela de Manuel Vázquez ya que no reuniría los requisitos establecidos por la ley autonómica para ser considerada suelo urbano consolidado.

Preguntado por el caso cuando la Agencia decidió la incoación del expediente en septiembre de 2009, Manuel Vázquez rehuyó dar explicaciones a preguntas de ABC, limitándose a decir que las reformas «no vulneraban lo sustantivo de la legalidad» y que no se trataba de suelo rústico porque «ahí hay casas desde hace más de un siglo». «No añadí ni un metro cuadrado más a la casa», proclamó solemnemente entonces. Además, replicó con una denuncia a una funcionaria de la APLU por revelación de documentación confidencial, que hasta el momento no ha sido resuelta por los juzgados de Compostela tras la instrucción preliminar.