La CE critica la retroactividad del recorte de primas a las renovables realizado por el Gobierno

De hecho las principales asociaciones del sector de renovables españolas han presentado un recurso ante la Audiencia Nacional en el que instan a que el Tribunal Constitucional analice el decreto aprobado por el Gobierno en diciembre pasado por considerar que vulnera los principios de legalidad, irretroactividad y seguridad jurídica protegidos por la Constitución.

El principal cambio que introdujo el Gobierno en diciembre es que desaparece la obligación del Ejecutivo de asumir la compra de toda la energía eléctrica, lo que puede originar una caída de entre el 20 y el 30% de los ingresos de las empresas y podría hacer peligrar su viabilidad. En concreto el Gobierno redujo las tarifas para las plantas fotovoltaicas en techo entre un 5 y un 25%, mientras que las primas para las instaladas en suelo se reducen un 45%, con lo que calcula que ahorrará 607 millones de euros, a los que se unirán otros 740 millones de la reducción de horas con derecho a primas para las instalaciones fotovoltaicas.

El rechazo de Bruselas a las decisiones tomadas por España y República Checa radica en que precisamente el comisario de Industria cree que hay que doblar las inversiones anuales en el sector de las energías renovables hasta alcanzar los 70.000 millones de euros anuales, en aras de lograr el objetivo que se ha fijado la Unión Europea de que el 20% de la energía que se consuma en 2020 sea de origen renovable.

Además la Comisión propone que haya más convergencia entre las ayudas a las producción de renovables que dan los diferentes países europeos así como la integración de sus respectivos mercados, de tal modo que a medio plazo puedan competir entre sí en el marco de un auténtico mercado único energético, competencia que ahorraría hasta 10.000 millones de euros anuales.