«Los mercados estarían más tranquilos si el líder político de España fuera otro»

—Alemania ya crece a un ritmo cercano al 4%; otros, como España, no acaban de despegar. ¿Sigue habiendo una Europa a dos velocidades?

—Así es. Además de para Alemania, preveemos para este año buenos ritmos de actividad en los países nórdicos y en el este europeo. A España en el furgón de cola se unen Portugal, Grecia e Irlanda. Tratándose de los principales países con problemas de deuda soberana, las malas perspectivas económicas me hacen temer que la vuelta a la normalidad financiera se dificultará bastante. La heterogeneidad de crecimiento económico, y de los niveles de paro, complicarán la labor del BCE, que por definición no puede diferenciar regionalmente su política monetaria. Si decidiera subir hacia finales de año los tipos de interés por considerar que los riesgos de inflación aumentan, la economía alemana probablemente podría mantener la evolución expansiva, mientras que la española podría sufrir un revés en sus intentos de recuperación.

—La canciller alemana ha anunciado que ofrecerá a España la incorporación de jóvenes cualificados en paro a su mercado laboral. ¿Cómo se interpreta este ofrecimiento?¿Quizá como el fracaso de la política laboral en España y el escaso futuro?

—No me consta que la canciller se ocupe de la política laboral del Gobierno español, que a mi juicio no destaca por su contundencia y eficacia. Lo que preocupa a Merkel es la eventualidad de una escasez de mano de obra cualificada en el mercado alemán, sobre todo, en profesiones técnicas. Sobre ello han advertido recientemente unos estudios realizados en diversos institutos alemanes. Las asociaciones empresariales también están preocupadas, lo que no es de extrañar puesto que hablamos de un factor clave de la competitividad de la industria de exportación. En Alemania se ha abierto un debate sobre la conveniencia de desarrollar una política de inmigración que enfoque la atracción de personas foráneas con buena cualificación profesional y que sean productivas. Esto le podría interesar a los españoles cualificados con movilidad internacional que prefieran trabajar en Alemania antes que en China o Brasil.

—¿Qué lectura realiza de la visita de la canciller el próximo jueves a Madrid?

—La canciller cumple con un compromiso frente al presidente Zapatero hecho durante la última Cumbre Europea en diciembre. Es normal que entre los socios comunitarios se realicen conversaciones bilaterales a máximo nivel. Tengo la impresión de que en España a esta visita se la presta muchísima atención, mientras que en mi país pasa casi desapercibida.

—¿La prisa del Gobierno español por cerrar las reformas de pensiones o de cajas puede estar relacionado con tener los deberes hechos antes de la visita de la canciller?

—Su Gobierno no tiene que convencer a la canciller de que hace los deberes, sino a los mercados financieros. Es allí, no en Berlín, donde se fijan las primas de riesgo para la deuda del Estado español en comparación con los bonos alemanes. El Gobierno español parece estar ahora dispuesto a depurar sus políticas económicas de proyectos socialistas, que por bien intencionados que hayan sido no han hecho más que conducir al Estado hacia una situación fiscal precaria e insostenible, olvidándose por completo de cómo fortalecer la capacidad de la economía para competir, crecer y crear empleo bajo las condiciones de la globalización. El problema actual para Zapatero ante los mercados internacionales es que tiene que recuperar la credibilidad que ha puesto en juego en el pasado de forma irresponsable, al dejar pasar demasiado tiempo antes de aceptar la realidad de la crisis y, una vez admitida, de buscar primero remedios con medidas inefectivas, de ida y vuelta.

—¿Y ahora? ¿Cómo valora la política económica actual del Gobierno español?

—Ahora está tomando decisiones más sensatas de ajuste fiscal y de reformas estructurales, pero sin entusiasmo porque se lo exigen desde Bruselas. La pregunta del millón es: ¿puede uno confiar en el nuevo discurso reformista del presidente? ¿Qué principios económicos defiende de verdad? ¿Hasta qué punto considera «normal» que países avanzados como Alemania den los apoyos financieros oportunos para resolver la crisis? Los mercados financieros estarían más tranquilos si el líder político de España fuera otro, uno que entienda cómo funciona una economía social de mercado, que tenga capacidad de gestión y que acepte los condicionamientos que para la política económica nacional emanan de la pertinencia del país a la zona euro.

—¿Cuál es su opinión sobre las reformas de pensiones y de cajas de ahorros que se han puesto en marcha en España?

—Ambas llegan tarde, pero van en una dirección más o menos correcta. En el tema de las pensiones, ya había advertido el gobernador del Banco de España en abril de 2009 de la necesidad de retrasar la edad legal de jubilación hasta 67 años. Así se ha hecho en Alemania y otros países europeos, a sabiendas que esto implica una rebaja de la pensión que recibirán los jubilados de las próximas generaciones, no los de hoy. El entonces ministro de Trabajo se distanció y rechazó tajantemente la propuesta, al igual que los sindicatos. Pero esta reforma es inexorable porque un sistema de financiación por el principio de reparto, como el actual, a la larga no es sostenible bajo las condiciones, ya existentes, del cambio demográfico con el envejecimiento y la reducción de la población. Pues con el deterioro de la relación entre el número de cotizantes y los pensionistas, la alternativa sólo podría ser una intensa subida de los cotizaciones sociales, en detrimento del empleo. Lo que no se puede definir con criterio objetivo es el período necesario de cotización para jubilarse con una pensión del cien por cien; esto es una decisión política, y así de distintas son las reglas en Europa. En el acuerdo que de la mano del grupo socialista en el Congreso se ha adoptado el pasado martes en el Pleno, hay todavía algunos cabos sueltos y conceptos vagos como los de la «gradualidad» y «flexibilidad».

—¿Y en cuanto a las cajas?

—En cuanto a las cajas de ahorro, sus debilidades tradicionales, como eran una eficiencia insuficiente, el exceso de capacidad y unos costes desmesurados, aparte de una desbocada intromisión de los poderes políticos, quedaron al descubierto cuando pinchó la burbuja inmobiliaria en 2007. Tras la reciente reestructuración del sector con numerosas fusiones, también interregionales, es lógico que de un paso más hacia la modernización del sector y la profesionalización de su órganos de gobierno. Para ello no es necesario convertir la cajas en bancos. Pero el Gobierno español probablemente quiere trasladar a inversores extranjeros privados las necesidades de capitalización, para no aumentar la deuda pública. Pero entonces no entiendo por qué sí está dispuesto a nacionalizar las cajas que hasta septiembre no encuentren accionistas privados. Lo conveniente sería proceder a una liquidación ordenada de esas cajas. En ningún caso se originaría un riesgo sistémico.