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Juana lleva a su hijo, en coma, al Supremo

Hoy se revisa el caso de Antonio Meño, en estado vegetativo desde hace veintiún años por negligencia médica

EFE

MARÍA ISABEL SERRANO

«¡Claro que me llevo a mi hijo hasta el Tribunal Supremo. Es la única prueba que tengo de lo que pasó!». Lo dice Juana Ortega, la madre de Antonio Meño, en estado vegetativo desde que en 1989 sufrió un fallo en la anestesia cuando se operaba de una rinoplastia. Esta familia lleva año y medio viviendo en la plaza de Jacinto Benavente. Haga frío o calor; lleva o nieve. Hoy se reabre su caso en Tribunal Supremo gracias al testimonio de un médico que el día de la intervención quirúrgica estaba en el quirófano, de aprendiz. Juana y su marido, Antonio también, lo tienen claro: han preparado una camilla y una furgoneta para llevar a la sala a su hijo.

«Me han dicho que la vista de mañana [por hoy] va a ser pública. Es muy doloroso pero nos llevamos a Antonio para que la Justicia compruebe que no hemos mentido nunca sobre lo que pasó en aquel quirófano», ha manifestado a ABC Juana Ortega, quien asegura que trasladarán a Antonio, hoy con 42 años, en una camilla ya que en silla (normal o de ruedas) no puede estar. La furgoneta no es alquilada; es la que otro hijo de Juana compró a sus padres para poder trasladar a su hermano cuando haga falta.

En coma barbitúrico

Como ABC informó el pasado 19 de octubre, el Tribunal Supremo ha decidido reabrir este caso después de que, el pasado mes de febrero, el doctor I. F. G. pasara fortuitamente por la plaza de Jacinto Benavente y al ver allí el chamizo-protesta de la familia Meño Ortega recordó que él había estado, como facultativo en prácticas, en la sala de operaciones donde se operaba al joven Antonio, entonces con 21 años, deportista y estudiante de segundo de Derecho, de una cirugía plástica en la nariz. I.F.G. Declaró que, en efecto, el tubo de anestesia endocraneal «se había desconectado» y que tras intentar ventilar al paciente «con oxígeno puro ... dejaron al paciente en coma barbitúrico y pasó a la UVI», se afirma en su declaración.

Ni Juana ni su familia quieren dinero. Piden justicia . Esa que se les ha hurtado los últimos 21 años. En una primera instancia el anestesista —que reconoció su fallo— fue condenado. Hubo apelaciones. De esta familia, de la clínica y de las aseguradoras. Los Meño Ortega fueron condenados en costas. Hoy deben 400.000 euros y tienen orden de embargo de su casa, en Móstoles.

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