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«Lo extraño es que en España no instruya el fiscal»

Caamaño niega que dejar las investigaciones en manos del Ministerio Público suponga un atentado a la independencia del juez y confía plenamente en la autonomía del fiscal

Día 25/09/2010
ÓSCAR DEL POZO
—Me imagino que el nuevo Año Judicial viene cargado de nuevos y buenos propósitos…
—Todos los proyectos se incardinan en el proceso de modernización, de agilización y de adaptación de nuestra Administración de Justicia a los nuevos tiempos, conscientes de que ese proceso no se hace en un día. No se trata de que en España la Justicia fuese algún día ágil y moderna, y que lo haya dejado de ser. Es que no lo ha sido nunca a lo largo de nuestra historia. Continuaremos con la implantación de la oficina judicial, la interoperatividad de los juzgados o la puesta en marcha de los Tribunales colegiados en sustitución de los juzgados unipersonales.
—A diferencia de su antecesor, Fernández Bermejo, usted no ha tenido que soportar todavía una huelga de la carrera judicial, pero se siguen reclamando medios...
—El último comunicado (de los jueces) me ha sorprendido, porque dicen que se han dirigido al Ministerio el 14 de julio y que no les hemos prestado la debida atención. Lo cierto es que fueron convocados el día 16 y el 20 llegamos a un acuerdo retributivo. Ellos sabrán la razón del comunicado. Creo que el gran reto que tiene la justicia de hoy ya no es poner más ordenadores o más jueces, porque sería como colocar un AVE por viejas vías. Lo que hay que hacer es buscar cambios cualitativos y estructurales, que son mucho más profundos.
—¿Terminará esta legislatura como ministro?
—La decisión de ser ministro o dejar de serlo es una decisión que corresponde al presidente del Gobierno y por tanto en sus manos está lo que tenga que decidir.
—¿Puede adelantarnos en qué consiste esa reflexión que ha anunciado en torno a la acusación popular?
—La acción popular está en la Constitución y por tanto tiene que existir. Pero debe ser regulada de acuerdo con la lógica de los Estados democráticos, y en ellos el Ministerio Público es el encargado de perseguir el delito y defender el interés general. En nuestro sistema se da una paradoja bastante curiosa y es que hay veces que quien defiende el interés general de todos los españoles, que es el Ministerio Fiscal, y las víctimas no presentan ninguna actuación penal y sin embargo lo hace alguien, la acusación popular, que no sabemos muy claramente qué intereses defiende, porque no es ni el interés general ni el interés de las víctimas.
—Pero usted sabe que detrás de la Fiscalía siempre está la sombra de la sospecha por el nombramiento del fiscal general...
—Este es un encadenamiento de sospechas que está más allá de toda lógica. En primer lugar, la acusación popular solo existe en muy contados países. Los fiscales son profesionales, personas especializadas, conocen a los ciudadanos y defienden el interés público. Pero si los fiscales no lo hacen y tampoco las víctimas o personas o colectivos interesados… ¿Puede haber una acción popular que actúe en todo momento y de cualquier manera? Es necesario darle la conveniente regulación.
—Otro de sus anuncios es dejar la instrucción a la Fiscalía...
—Tenemos un procedimiento criminal, el 70 por ciento de los asuntos que llegan a nuestros juzgados y tribunales, que es de 1882. Eso hace que tengamos un modelo de procedimiento penal que es absolutamente una singularidad en el entorno de los países democráticos. Lo que queremos es que el juez no se ocupe de investigar, pero sí de garantizar todos los derechos del ciudadano en el proceso. Por tanto, situar elementos de la investigación en manos del Ministerio Público como han hecho en todas las democracias de nuestro entorno no puede entenderse ni mucho menos como un atentado a la independencia del juez. Al revés. Ahora somos una isla extraña. Lo que la Constitución atribuye al juez es la misión de juzgar y eso no lo puede tocar nadie.
—Jueces y fiscales coinciden en que hay que dotar de mayor autonomía al fiscal si se le va a dar la instrucción penal. ¿Está de acuerdo?
—El Ministerio Fiscal con el Estatuto Orgánico de 2007 ya tiene garantizada su autonomía. Las decisiones que adopta en un proceso penal las adopta cada fiscal por sí mismo y actúa con arreglo a su estatuto fiscal, que le da derechos y deberes pero que también le permite defenderse ante cualquier intromisión en el ejercicio de su profesión. Además, la reforma del 2007 garantiza la inamovilidad del fiscal general del Estado: el Gobierno no lo puede destituir.
—Cree que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial devolverá a Cataluña las «competencias» de Justicia previstas en el Estatuto?
—El Estatuto de Cataluña regulaba, al igual que el de Andalucía, Valencia, Baleares, Aragón, Castilla y León, los Consejos de Justicia autonómicos. Por tanto, esa figura no es algo que haya iniciado solo en el Estatuto de Cataluña, es algo que todas las fuerzas políticas han votado con independencia de su color político. El debate no es, por tanto, Consejos de Justicia sí o no; eso ya se ha aprobado. El debate es cómo hay que regular esos Consejos de Justicia, y aquí el Tribunal Constitucional dice algo muy claro: que el Poder Judicial es uno, y que si se decide proyectar sobre el territorio eso solo lo puede hacer la LOPJ.
—¿Está usted a favor del bilingüismo «amable y cordial» o del gallego como lengua «vehicular»?
—Yo estoy a favor de lo que da la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Quiero recordar que el que el catalán pueda ser lengua vehicular es una decisión que fue convalidada plenamente por el Tribunal Constitucional en la década de los 90. En el caso de Galicia tenemos un modelo muy similar que en su día implantó Fraga. Sin embargo, ha sido la llegada del actual gobierno de la Xunta el que ha generado descontento y malestar en torno a las lenguas cuando nunca habían existido. El decreto del Gobierno Feijóo ha preocupado a todos y no ha resuelto prácticamente nada.
—¿Qué habría que cambiar para que la elección de candidatos al TC no se convierta en un mercadeo y perjudique la imagen del Tribunal?
—Lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos es pedir responsabilidad a quienes tienen el cometido constitucional de proceder a la renovación de los órganos del Estado en plazo. Y cuando la Constitución exige que para renovar un órgano dos tiene que estar de acuerdo y uno de esos dos no hace el esfuerzo para llegar a esos compromisos, creo que la solución no está en reformar una ley o no, sino que la solución democrática está en decirle a ese partido que con las instituciones del Estado no se juega.
—En casos como el secuestro de Mauritania, ¿cree que el fin justifica los medios ante una liberación?
—El fin nunca justifica los medios. Pero es verdad que los Estados tienen una responsabilidad con sus ciudadanos y dentro del respeto a las reglas del Estado de Derecho hacer todo lo posible por liberar a personas siempre es una buena noticia.
—¿Y dentro de «hacer todo lo posible» entraría el pago de un rescate?
—Siempre se habla de si se paga o no se paga el rescate... Estos hechos nunca se producen de manera aislada. Son procesos de negociación complejos, con muchos interlocutores y muchos países en juego… Como responsable público lo que pido a los ciudadanos es que comprendan la acción de los poderes públicos en el ejercicio de su responsabilidad. Hay decisiones que se deben tomar desde la lógica discreción si queremos que al final las cosas salgan bien.

Sin «pistas sobre los nuevos batasunos

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