Antifraude aumenta las sospechas de financiación irregular de CiU en el Palau

Unas conclusiones en las que CiU sólo ve un intento de desgastar a la federación nacionalista que parte como favorita en las próximas elecciones autonómicas, mientras el PP amenazaba con remitir el informe de la OAC a la Fiscalía.

Convenios «extravagantes»

En su informe, la Oficina Antifraude concluye que los convenios entre el Orfeó Català y la Fundació Ramon Trias Fargas «fueron creados con el único objeto de dar cobertura a pagos contra los fondos del Palau de la Música», aunque se cubre las espaldas advirtiendo de que sólo los tribunales pueden establecer la certeza absoluta sobre este punto. Considera «cuanto menos extravagante la naturaleza de las actividades» comprometidas por la Fundación Trias Fargas en sus convenios con el Palau de la Música, teniendo en cuenta el objeto fundacional de la Fundación. Además, destaca que «sorprende que ninguna de las actividades comprometidas por la FRTF aparezca reflejada en la memoria anual de actividades» de la Fundación.

Además, «causa perplejidad» a la Oficina Antifraude que el objeto de los convenios sea siempre indeterminado y apenas varíe año tras año, «pero en cambio los importes si están perfectamente cuantificados y varían de un año a otro sin que, en apariencia, estas variaciones respondan a nada objetivo».

El informe de la OAC destaca también que en los años investigados el Orfeó fue el responsable de la mayor donación privada a la Fundación Trias Fargas en 2002. Otros donantes destacados fueron Dragados, con 180.000 euros entre 2002 y 2003, o Agbar, con 90.000 en 2003, pero ninguno se acerca a los 210.151 euros donados por Millet.

La OAC se refiere además a las polémicas anotaciones de la ex responsable financiera del Palau de la Música, Gemma Montull, en las que se relacionan las donaciones de la constructora Ferrovial con pagos a la Trias Fargas y adjudicaciones de la Generalitat —entonces gobernada por CiU— en grandes obras como la Ciudad de la Justicia de Barcelona o la Línea 9 de Metro, aunque recuerda que la agenda en cuestión no ha sido reconocida por Montull. Ferrovial aportó al Palau 12 millones de euros entre 1997 y 2009, como constata la OAC. En esa misma agenda y en otra documentación requisada por la Justicia y analizada por la OAC aparecen pagos a un tal «Daniel», que CDC ha negado conocer, aunque Antifraude señala que «no se puede olvidar que la persona que firmaba los convenios como representante de la FRTF era Daniel Osàcar, presidente de la Fundación».

Entre sus conclusiones, la OAC destaca que «los pagos realizados por el Palau a la Trias Fargas vienen precedidos por ingresos de Ferrovial, introduciéndose así la duda razonable sobre si en 2008 el dinero obtenido de Ferrovial se adjudicó de forma proporcional en tres partes y si, una de ellas, la que corresponde a “Daniel”, se repartió mediante la emisión de facturas presuntamente falsas o un pago a la FRTF».

La OAC no se ciñe sin embargo al «caso Palau» y extiende las dudas sobre la financiación de todos los partidos políticos que van de «irregulares» a «ilegales». Así, al margen de la estructura legal, los partidos democráticos «de todo el espectro político» han creado o han sacado provecho de otras formas de financiación, cuya función real es la obtención de fondos «no permitida por el ordenamiento jurídico».

Los tres partidos que dan apoyo al Gobierno catalán —PSC, ERC e ICV— acordaron en su escrito de conclusiones trasladar a la Fiscalía el informe de la OAC, por considerar que avala las sospechas de presunta financiación irregular de CDC. Estas conclusiones se votarán hoy en el seno de la Comisión de Investigación, para ser elevadas mañana al Pleno del Parlamento autonómico.

El hotel del Palau

CiU, por contra, centró su respuesta en el apartado del informe referido a las presuntas irregularidades en la gestión del hotel de lujo promovido por Félix Millet con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, que ha motivado una querella paralela a la instrucción del «caso Palau». La OAC constata también «irregularidades» en ese proceso, que llevaron a los convergentes a reclamar el cese del Interventor General de la Generalitat, Josep Maria Portabella —nombrado por CiU hace dos décadas— y la directora general de Patrimonio, Inmaculada Turu.

El PP, coincidió con las peticiones de dimisión en la Consejería de Economía por el hotel del Palau como con la decisión de trasladar a la Fiscalía las conclusiones de la comisión de investigación y el informe de la OAC.