El Gobierno foral recurrirá la ley del aborto antes del 3 de junio

Así lo anunció ayer el portavoz del Gobierno foral, Alberto Catalán, quien aseguró que el Consejo de Navarra aún no les ha remitido sus conclusiones acerca de los dos argumentos principales utilizados por los regionalistas contra la “Reforma Aído”: que supone “una invasión de competencias y un contrafuero”. Pero eso no detendrá al Ejecutivo navarro a la hora de actuar contra la normativa.

“Independientemente de que el dictamen llegue a tiempo o no, el recurso se puede presentar ante el Tribunal Constitucional. Y después, si lo consideramos oportuno, se podría aportar el informe del Consejo de Navarra sin ningún problema”, señaló Catalán, quien además dejó bien claro que existen unos plazos que se deben cumplir y que el recurso se presentará antes de la fecha límite (fijada para el 3 de junio).

Conflicto con el PSN

La polémica está servida, ya que frente a la decisión del Gobierno foral, el PSN ya se ha movilizado junto a Nafarroa Bai e IU para llevar al Parlamento la reforma de la Ley Foral de Salud de 1990 y tratar de garantizar tanto la práctica de abortos en la red sanitaria pública de Navarra como la implantación de clínicas abortivas privadas en la comunidad foral, hasta ahora inexistentes.

Con esta decisión, los socialistas navarros pretenden ir más allá de la propia “reforma Aído”, que el Gobierno de Navarra ha aplicado hasta ahora recurriendo a un matiz que le permitía derivar a otras comunidades a aquellas mujeres que solicitan la prestación previo pago de los gastos. Y lo más probable es que la propuesta del PSN salga adelante, ya que cuenta con los apoyos necesarios para su aprobación por mayoría.

El PSN se escuda en un reciente informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra, en el que se considera que la nueva normativa del Gobierno central “no supone una invasión de competencias ni un contrafuero”, tal y como reclaman los regionalistas. En este sentido, el portavoz socialista Samuel Caro declaró hoy que su partido enviará dicho documento al Gobierno de España para que, a través de la Abogacía del Estado, se presente ante el TC. El PSN desea que el tribunal, "a la vista del recurso que pueda presentar el Ejecutivo foral con el correspondiente informe del Consejo de Navarra" (si éste llega a tiempo), cuente con el "punto de vista de la mayoría del Parlamento foral".