La Generalitat ha aprobado hoy dos de los proyectos que más dolores de cabeza han causado en el seno del tripartito catalán: la creación de las veguerías y el Área Metropolitana de Barcelona, dos iniciativas que abren hoy un tenso debate territorial que culminará en el Parlamento catalán y que, en última instancia, requerirá de la modificación de leyes estatales para acabar con las diputaciones.

El polémico proyecto, que empezó a tomar forma a finales de 2009, se ha convertido en una de las heridas abiertas entre PSC e ICV así como en "el gran triunfo del catalanismo" a ojos de ERC, tal y como reconocía hoy Joan Puigcercós en una conferencia en Cataluña. De aprobarse la nueva ley, la Comunidad quedaría organizada en siete veguerías en sustitución de las provincias actuales, denostadas tradicionalmente por el nacionalismo al ser consideradas como una imposición española.

La propuesta ha sido presentada hoy en rueda de prensa por el presidente de Cataluña, José Montilla, y por el conseller de Gobernación, Jordi Ausàs, en una escena de unidad interna que ocultaba cualquier requicio de división dentro del tripartito.

Si bien el proyecto de reorganización territorial ya había suscitado varias críticas por parte del PSC, hoy Montilla ponía énfasis en la existencia de una ley de 1987 que daba al Gobierno un mandato de tres meses para la nueva regionalización de Cataluña y que CiU dejó de lado durante catorce años. El texto, "una reivindicación histórica del catalanismo" y "un gran paso en el desarrollo del Estatut" se remitirá al Parlamento con "caracter de urgencia", según el propio Montilla.

Conflicto territorial

El proyecto contempla la creación de siete veguerías: Tierras del Ebro, Barcelona, Lérida, Altos Pirineos y Arán, Cataluña Central, Gerona y Campo de Tarragona, demarcaciones sobre las que el Gobierno no propone capitales en todos los casos.

Sobre el proceso y su futuro coste, Montilla y Ausàs han asegurado que la aplicación de la ley será "gradual" y sin un sobrecoste ni incremento de funcionarios necesariamente, una cuestión esta última que dejan en manos de los futuros consejos de veguería, que deberán decidir si contratan o no a más personal eventual, tal como hacen hoy en día las diputaciones.

El proceso, aún sin calendario y a la espera de lo que haga el Parlamento, sería el siguiente: de entrada, las cuatro diputaciones se sustituirán por cuatro veguerías, para luego ir creando las nuevas, aprobando en primera instancia la de las Tierras del Ebro, una vez modificada la ley estatal de régimen local. Fuentes del ejecutivo catalán aseguran que los vicepresidentes Manuel Chaves y María Teresa Fernández de la Vega no ven con malos ojos la división en dos de la provincia de Tarragona, una cuestión que no generaría ningún inconveniente fuera de Cataluña y que nada tiene que ver con lo que es la demarcación electoral.

En un tercer paso se crearía por ley las veguerías de la Cataluña Central y Alto Pirineo y Arán, para las que el Gobierno no propone capital a la espera de la aprobación de dichas normativas.

«Poner orden» en Cataluña

Durante una conferencia hoy en Barcelona, Joan Puigcercós ha asegurado que aprobar la futura ley de veguerías supondría poner "orden" en el "desbarajuste administrativo actual y supondría una arquitectura institucional propia". No obstante, los continuos roces entre las diputaciones y líderes locales por llevarse un trozo de la tarta no parece que vayan a facilitar el proyecto. Puigcercós se ha referido al caso concreto de Tarragona y Reus para afirmar que "no es necesario hacer una ley de veguerías para saber que existe una rivalidad entre ambas" al tiempo que ha comentado que "es buena señal" que rivalicen porque ello significa que "quieren ser mejores".