Cataluña multará con hasta 10.000 euros a las empresas que no emitan sus facturas en catalán

La normativa garantiza el respeto de los "derechos lingüísticos" de los consumidores catalanes, que tienen el derecho a ser atendidos oralmente y por escrito por parte de empresas públicas y privadas en la lengua que deseen.

Desde las filas populares, la diputada Eva García ha expresado el rechazo a este proyecto de ley, que ahora empieza su tramitación parlamentaria, y se ha preguntado si el Ejecutivo que preside José Montilla ha estudiado el "coste" que significará para las empresas catalanas que puedan ser denunciadas por el hecho de no tener su sistema informático en catalán.

Las infracciones se considerarán leves, con un importe máximo de hasta 10.000 euros, aunque en el caso de las empresas que reincidan o que no hayan abonado las multas, se considerarán graves, con una sanción de entre 10.001 y 100.000 euros, "cantidad que puede ultrapasarse hasta alcanzar el quíntuplo valor de los bienes y servicios objetos de la infracción".

El proyecto de ley concreta que los consumidores tienen derecho a recibir en catalán "las invitaciones a comprar, la información de carácter fijo, la documentación contractual, los presupuestos, los resguardos de depósito, las facturas", entre otros documentos. También se incluye las instrucciones para el adecuado consumo de los bienes y servicio, especialmente de los datos obligatorios relacionados con la seguridad, y también varios tipos de contratos. El texto establece que la Generalitat debe velar "por el fomento en las relaciones de consumo" del occitano en su variante aranesa en el Valle de Arán.