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La medida servirá para equiparar a los maestros que tengan condición de funcionarios a jueces y policías
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La angustia e impotencia de los maestros ante el acoso y la violencia en las aulas de enseñanza pública podría tener sus días contados. La presidenta de la Comunidad de Madrid anunciará hoy, durante el debate del Estado de la Región, una ley que otorga al profesor la condición de «autoridad pública», y que coloca al funcionariado docente al mismo nivel que policías, jueces, u otros cargos públicos.
Esta medida supone en la práctica dar más poder al maestro en todos los sentidos y que, por ejemplo, las faltas que se cometan contra ellos en las aulas tengan a partir de ahora una consideración más grave, persiguiéndose de oficio desde la Fiscalía.

La presidenta regional ha declarado hoy en la cadena pública Telemadrid que «la autoridad del profesor no puede estar al mismo nivel que los niños», y que por ello necesita «un respaldo legal» que les permita cumplir con su obligación: transmitir sus conocimientos y valores a los estudiantes.
La iniciativa, que recibirá el nombre de Ley de Autoridad del Profesor y llegará en las próximas semanas a la Asamblea, concederá este nivel a todos los funcionarios de la enseñanza pública, pero dejará fuera a los docentes que ejercen en el ámbito privado, con distinto tratamiento penal por no pertenecer a la función pública.
Subida salarial en colegios
La presidenta madrileña anunciará hoy también que, a pesar de las dificultades económicas, se mejorarán las retribuciones de los jefes de estudio y de los secretarios «como reconocimiento a su dedicación y a la importancia de su tarea». Esta medida vendrá a completar el aumento de sueldo que ya se aplica a los directores de centros públicos desde el pasado 1 de enero, que de media han visto mejorar sus retribuciones en unos 320 euros al mes.
La ansiada Ley de Autoridad del Profesor no es el primer paso que da la jefa del Ejecutivo autonómico para reforzar la figura y la autoridad del docente. Anteriormente, Esperanza Aguirre había aprobado el denominado «Decreto de Convivencia», que fijaba las normas generales por las que debía regirse el comportamiento de los alumnos en los centros educativos, y en donde se prohibía, entre otras cosas, el uso del teléfono móvil en las clases, y se incluían normas tan elementales como el cuidado de las instalaciones escolares. Los colegios, según ese decreto, tenían que desarrollar además su propio reglamento de comportamiento.
Pues bien, la presidenta autonómica quiere ahora que las familias se impliquen más en el cumplimiento de esas normas, y para ello comunicará asimismo a los diputados de la Cámara madrileña que durante este mes de septiembre la Consejería de Educación va a pedir a los directores que las envíen a los padres, «que deberán mostrar su conocimiento y aceptación devolviéndolas firmadas».
Todo es poco, asegura Aguirre, para reforzar la «importantísima labor» que desempeñan los profesores en la educación de los alumnos. En su opinión, «educar es enseñar a los jóvenes a comportarse de manera civilizada, respetando las instituciones, a sus mayores, y teniendo como límite la libertad del otro».
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