El asalto a Internet

Sobre esa confianza hemos integrado internet en el ejercicio cotidiano de nuestros derechos, algunos tan fundamentales como crear, informarnos o comunicar y en los que la red cada vez resulta más imprescindible. Por eso si alguna vez Internet se pudiera controlar se podría controlar nuestro modelo de ciudadanía e incluso nuestro modelo de Estado.

Pero la pregunta está ahí: ¿cómo parar Internet o cómo controlarlo? Ciertos grupos de presión aparentemente de la industria de las telecomunicaciones, multimedia y software norteamericanos lo han intentado con resultado de fracaso en su propio país. La ruptura de de la neutralidad de la Red fue protegida por los jueces quienes mantuvieron la legalidad de la tecnología P2P que permite el intercambio de ficheros entre usuarios (caso Kazaa) y la fijación legal del principio de neutralidad de red (asunto Brand X) frente a las grandes operadoras. Ahora, estos mismos lobbies con sus aliados europeos lo están intentando con toda su fuerza en Europa, con la esperanza de que teniendo éxito aquí puedan reintentarlo en Estados Unidos.

Así, con el pretexto de equilibrar esa supuesta balanza entre seguridad y libertad, se ha coordinado una ofensiva en toda regla dentro de la Unión Europea para el control de Internet, generando una jurisdicción especial y reformando, de forma radical, el tratamiento jurisdiccional de la libertad de expresión. Francia, objetivo primero, ha visto como su Asamblea Nacional rechazaba esta iniciativa, Italia y ahora España están a punto de regular la posibilidad de inspección profunda de los paquetes de información que se transmiten por la red y amenazan con privar del acceso a la red, sin supervisión judicial, a aquellos ciudadanos que supuestamente infrinjan derechos de autor.

Quiénes son los socios europeos de estos grupos de presión: en primer lugar la propia debilidad de nuestros Gobiernos que no sólo ceden ante la “cañonera digital” de los lobbies norteamericanos, sino que, desde su disminuido sentido de la democracia, ven con inquietud el papel que Internet está otorgando al ciudadano frente a las estructuras tradicionales de poder. La intranquilidad con la que se percibe la red por una parte de la administración no hace más que reflejar el tono involutivo, frente a lo democrático, que todavía persiste en muchas de nuestras estructuras de poder.

Otra parte interesada en acabar con la neutralidad de red son las entidades de gestión colectiva de derechos de autor y las patronales internacionales del cine, la música y el software, ante el agotamiento de antiguos modelos de negocio, han encontrado un nicho espectacular de mercado en el impuesto por la cultura denominado canon. Para ello han generado un falso estrés mediático para crear la confusión de que la cultura está amenazada, lo que no es cierto como confirma la información de las cuentas anuales públicas de las propias compañías multimedia norteamericanas. Las autoridades han consagrado el canon digital y ahora mismo cualquiera herramienta informática soporta el denominado "canon por copia privada". Una operación millonaria que pretende expandir una nueva compensación por el uso y acceso a la red de los ciudadanos, afectando a todas las actividades productivas del país y convirtiéndose en un nuevo componente económico de la "brecha digital".

Finalmente algunas operadoras de telefonía, que pretenden facturar por la naturaleza del tráfico y no por su propio servicio y por tanto necesitan poder conocer aspectos de su contendido para regularlo. Eso les permitiría hacer caja con la “brecha digital”, buena parte en el ámbito de acceso de calidad a Internet. Porque nuestro déficit tecnológico desgraciadamente ofrece dos modelos de negocio para las operadoras: el de la corrección del mismo y el que se basa en su perpetuamiento haciendo de una tecnología elemental una ventaja competitiva para unos pocos

Sabemos que la tecnología destinada al intercambio de información no sirve para garantizar en un 100% que parte de esa información no vulnere algunos derechos de propiedad. Ahí está el reverso de la cuestión: Por eso sabemos que legalizar una supertecnología que controle el tráfico de información servirá también para abusar de ese control y otorgará un poder que ya sabemos que se usará mal, precisamente sobre derechos mucho más importantes que el de propiedad. La creación de una Comisión de Contenidos Digitales es la de control político de Internet por medio de la creación de un pseudoproceso con las mínimas garantías de audiencia, contradicción y presunción de inocencia, eliminando el sistema de tutela jurisdiccional de la libertad de expresión.