Imserso, más que una chapuza

EL Tribunal de Cuentas ha puesto en la picota la gestión del Instituto de Mayores y Servicios Sociales durante el año 2005, cuando esta entidad gestora de la Seguridad Social estaba adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dirigido por Jesús Caldera. Actualmente, y ... como ejemplo muy ilustrativo del desorden competencial del Gobierno configurado por Rodríguez Zapatero en este año, el Imserso se ha incorporado al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Las conclusiones del Tribunal de Cuentas son muy negativas, aunque en una de sus observaciones suavice el veredicto afirmando que «en líneas generales», la contratación del Imserso se ha ajustado «a la normativa aplicable». Afirmación que contrasta con el análisis pormenorizado de todas las irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos de obra y de las campañas de viajes para mayores, el llamado «turismo social». Según el informe emitido por este organismo de control de los fondos públicos, el Imserso utilizó injustificadamente el procedimiento del concurso para la adjudicación de obras, en detrimento de la subasta. Algunas contrataciones fueron decididas por razones de urgencia, pero luego el Imserso se cruzó de brazos ante los retrasos en su ejecución, lo que hace que el Tribunal de Cuentas le reproche no «haber exigido posteriormente al contratista el máximo rigor y exactitud en el cumplimiento del programa de trabajo incluido en la oferta». Además, el Imserso realizó pagos parciales a empresas constructoras mientras estaba aún en trámite el procedimiento de adjudicación, prueba de que la contratación estaba ya sentenciada antes de que terminaran los trámites oficiales. Esta es una de las más graves irregularidades, porque esos pagos se realizaron sin cobertura oficial dado que las contrataciones aún no estaban culminadas. Para rematar la chapuza, el Tribunal de Cuentas constata que el Imserso modificó «extemporáneamente» las condiciones de la contratación para legalizar esos pagos. Tal modificación no tenía amparo en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.