La UE trabaja contrarreloj para resolver sus diferencias sobre el plan contra el cambio climático

La primera reunión de ministros desde la cumbre europea de la semana pasada, donde se confirmaron los objetivos de la Unión contra el calentamiento global, puso de manifiesto que hará falta mucha voluntad política para resolver en los dos próximos meses los asuntos más controvertidos.

El ministro francés de Ecología, Jean-Louis Borloo, cuyo país preside la UE este semestre, aseguró, que la cita de hoy permitió constatar que los países quieren acercar posiciones y llegar a un acuerdo en el plazo previsto.

La titular española, Elena Espinosa, afirmó que los Veintisiete deben impedir los intentos de retrasar la aplicación de los planes y subrayó que la crisis económica no puede utilizarse como pretexto para incumplirlos.

Espinosa señaló que España está dispuesta a ser flexible en algunos puntos, pero advirtió de que no admitirá cambios en la fecha de referencia que servirá para medir los progresos de la industria para reducir las emisiones de CO2.

Los estados miembros del Este piden que ese año cambie de 2005 a 1990, algo que reduciría los progresos que deben hacer.

En la pasada cumbre europea el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ofreció aplazar a la cumbre de diciembre el acuerdo final de los planes contra el cambio climático lo que hará necesaria la unanimidad y permitirá a cualquier país oponer su veto.

En el debate de hoy, los ministros de Italia y Polonia, que ya han amenazado con recurrir a esa opción, hablaron abiertamente de posponer más allá de diciembre el acuerdo en el caso de que no se logre un pacto "factible", explicaron fuentes comunitarias.

El Consejo de Medio Ambiente se centró en particular en la revisión del sistema europeo de comercio de emisiones, que obligará a las industrias a recortar sus gases contaminantes un 21% para 2020, con respecto a los niveles de 2005.

El sistema prevé la introducción de un régimen de subasta de los permisos que las instalaciones reciben para poder emitir CO2, que ahora se conceden de forma gratuita.

Bruselas ha propuesto que el 100% de las empresas eléctricas entre a partir de 2013 en la compra por subasta de los derechos, puesto que muchas de ellas ya están repercutiendo esos costes sobre los precios que pagan los usuarios.

Sin embargo, Polonia y otros países de la Europa oriental se oponen a que la compra de permisos alcance al total de eléctricas desde el primer año y piden que la entrada de las mismas sea gradual.

El ministro francés explicó que se va a explorar la posibilidad de reconocer derogaciones puntuales y temporales a los países que demuestren dificultades para lograr esas metas.

Para el resto de instalaciones industriales, la Comisión ha propuesto que el 20% entre en 2013 en la subasta, y que siga aumentando progresivamente hasta llegar al 100% en 2020. Alemania reclama, sin embargo, que el porcentaje se mantenga en el 20% para todo el periodo 2013-2020.

Por otra parte, los ministros hablaron de los sectores de la industria más contaminante que podrían quedar exentos del pago de los permisos, si se comprueba que ello puede incitar a la deslocalización de fábricas hacia lugares con una legislación ambiental más permisiva.

Borloo señaló que se podrían definir antes de principios de diciembre unos criterios "cualitativos y cuantitativos" que servirían para determinar con posterioridad los sectores más expuestos a esos posibles traslados. Siderúrgicas, cementeras y parte de la industria química figurarán seguramente en esa categoría.

Por último, se habló de los llamados "mecanismos de flexibilidad", que permiten que un estado pueda compensar su exceso de emisiones contaminantes invirtiendo en tecnologías limpias en terceros países.

Los países más antiguos de la UE reclamaron poder hacer mayor uso de esos mecanismos de lo que plantea Bruselas. Europa se ha comprometido en solitario a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% en 2020 respecto a los niveles de 1990. Además se ha propuesto que, para el mismo año, el 20% de la energía final consumida proceda de renovables y rebajar un 20% el consumo energético.

A España, Bruselas le ha pedido que para 2020 reduzca un 10% sus emisiones de CO2 con respecto a los niveles de 2005 y lograr que el 20% de su consumo energético proceda de renovables.