Sólo el «lobby» laico apoya la ley de culto que pretende imponer ERC

Portavoces de las confesiones musulmana, israelita, budista y protestante comparecieron ayer en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament que tramita el proyecto de ley sobre los centros de culto o de reunión con fines religiosos, aprobado por el Govern en noviembre de 2007 y que, en febrero de este año, inició su tramitación parlamentaria con el rodillo del tripartito y con un vehemente discurso del vicepresidente Josep Lluís Carod-Rovira, quien defendió la necesidad de esta legislación, pionera en Europa, para unificar criterios en la concesión de licencias municipales.

Los representantes religiosos fueron citados para dar su opinión respecto a la ley, mientras que la semana pasada comparecieron portavoces de la Iglesia católica y de Testigos de Jehová. También han acudido responsables de Ateus de Catalunya, así como de la Lliga per la Laïcitat, la única en aplaudir la equiparación de las «trece grandes confesiones religiosas» existentes en Cataluña, según a Generalitat. A saber: Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, Islam, Testigos de Jehová, Budismo, Hundismo, Iglesias Ortodoxas, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Fe Bahá´í, Sijismo, Taoísmo, Judaísmo.

El proyecto establece que los nuevos lugares de culto deberán obtener dos licencias municipales: una urbanística y otra de actividades de uso que regula las condiciones técnicas de seguridad e higiene. PP y CiU, quienes presentaron enmienda a la totalidad del proyecto, temen que esta regulación tenga efectos retroactivos.

Uno de los artículos de la ley establece que siempre que un local de culto que dispone de licencia de actividad realice una obra mayor en su sede que requiera licencia urbanística «deberá solicitar de nuevo la licencia de actividad».

El proyecto no convence, ni siquiera al colectivo musulmán, cuyas mezquitas -170 en toda Cataluña- suelen generar rechazo social. El secretario del Consejo Islámico de Cataluña, Mohamed Halhoul, atribuyó esa oposición a un «imaginario vecinal» en el que se habla de ruidos, devaluación urbanística, obstaculización del paso de personas y vehículos, actividades supuestamente ilegales y marginalidad. Sospechas todas ellas «infundadas», según Halhoul, quien expresó su temor a que el futuro reglamento que desarrollará la ley ponga más trabas a la apertura de centros de culto. En este sentido, recordó convenios anteriores suscritos entre el Gobierno español y las confesiones religiosas que nunca llegaron a aplicarse.

Por su parte, el representante de la Comunidad Israelita de Barcelona, Jordi Burmann, también demostró sus reticencias hacia la reglamentación de la ley y a la diversa interpretación que puede hacer cada ayuntamiento.

«Salto mortal»

En nombre de la Coordinadora Catalana de Entidades Budistas, Basili Llorca advirtió de que la ley podría conculcar el derecho a la libertad religiosas «pues, hasta ahora, no era necesaria una licencia para ejercer el culto». También aludió a los posibles obstáculos burocráticos que puede provocar la normativa cuando sea aplicada por los consistorios.

El delegado diocesano de Ecumenismo y Relaciones Interreligiosas, Jaume González-Agapito, se refirió al «salto mortal» que se aprecia en el preámbulo del proyecto de ley en el que se asegura que el derecho a la libertad religiosa puede ser gestionado por los ayuntamientos «por interés público», un concepto que él considera administrativo. Asimismo, consideró «desafortunado» que se equiparen esas trece «grandes confesiones», cuando, «con todos mis respetos, en algunas son cuatro y el cabo». González-Agapito cuestionó que se intente crear una nueva licencia municipal a través de una ley de culto, y negó que exista un vacío legal sobre la creación de oratorios, pues en su opinión, ya existen pactos internacionales y leyes que los regulan. Sólo los representantes de entidades laicas mostraron su apoyo a la ley. Por parte de Ateus de Catalunya, Albert Riba consideró innecesaria la ley pues, a su juicio, los centros de culto religioso no deberían tener un trato diferente respecto a otros centros de pública concurrencia. El presidente de la Lliga per la Laïcitat, Jordi Serrano, fue el único en defender una ley «que debería existir hace cien años» y la calificó como un instrumento más en «la lucha contra la libertad de conciencia».

Los diputados de PSC, ERC e ICV insistieron en que la ley siempre está por encima del reglamento y que, en ningún caso, éste podrá contradecir a la primera. Sin embargo, CiU y PP entienden que la ley que impulsa Carod puede mermar derechos y que el futuro reglamento que la desarrolle generará inseguridad al estar en manos del gobierno de turno. Alegan que ya existen otras normas que regulan estos centros.