Piden a Garzón que incluya en su censo a 46 republicanos fusilados por sus mandos

La petición se produjo, «por una feliz coincidencia», el mismo día en que Ian Gibson se presentó en la Audiencia Nacional junto con los familiares del que fuera maestro de Pulianas (Granada) Dióscoro Galindo y del banderillero Francisco Galadí, supuestamente enterrados en la misma fosa común que el poeta Federico García Lorca, para pedir la exhumación de los cuerpos. Un investigador de la Guerra Civil, Pedro Corral, se había pasado por la Audiencia poco antes con una petición más modesta, en principio: que se incluya en el listado de desaparecidos a 46 soldados republicanos asesinados por orden de su propio mando.

Asesinato colectivo

Los desaparecidos fueron fusilados sin existir «imputación previa, procesamiento y condena en juicio alguno», por lo que se trata de un «asesinato colectivo, crimen de lesa humanidad», tal y como recoge el escrito presentado por el investigador.

La iniciativa de Corral como ciudadano particular se enmarca «en el deber de colaborar con la Justicia en esta titánica tarea». Como explica Corral, «este Juzgado se ocupa de temas tan importantes como el terrorismo etarra e islámico, por lo que mi deber es colaborar para que acaben con el censo cuanto antes». Así, y pese a que «todos los colectivos de jueces recelan de la iniciativa de Garzón», Corral entiende que, como historiador, ha cumplido con sus deberes democráticos.

Los 46 soldados, que formaban parte de los Batallones 1º y 2º de la 84ª Brigada Mixta del Ejército Popular de la República, fueron sepultados en los alrededores de Rubielos de Mora (Teruel). Las ejecuciones se produjeron el 20 de enero de 1938 como «castigo ejemplar». ¿El motivo? Habían pedido el cumplimiento del permiso que se les había prometido por su participación en la toma de Teruel, según acreditan los documentos presentados por Corral en el Juzgado. «Esta aportación busca que la Justicia no distinga entre unas víctimas y otras», afirma el investigador. «Se habla de reabrir heridas, pero cuando realmente se reabren es cuando se pregunta a los muertos de qué bando son. Esa pregunta supone volver 70 años atrás», explica. Habrá que ver si este caso se investiga y no se ignora, como ha sucedido con el intelectual Andreu Nin, dirigente del POUM durante la República y asesinado por los comunistas ilegalmente durante la Guerra Civil en Alcalá de Henares.

Corral espera que el proceso abierto por Baltasar Garzón no sea contraproducente y no aumente el dolor de las familias que quieren enterrar a sus familiares. A su juicio, todo este asunto se usa «políticamente» y «hay un interés en alargarlo eternamente. Sólo así se explican todas las promesas a los familiares que han sido incumplidas».