El TC rechaza que el tripartito vasco sea parte en el recurso contra el referéndum

El pasado 6 de agosto, responsables de las formaciones que integran el tripartito vasco, más Aralar, acudieron a la sede del TC para pedir que se les tuviera por personados como «coadyuvantes» del Gobierno y el Parlamento vascos. Apoyaron su pretensión en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la sentencia del TEDH dictada en el «caso Ruiz-Mateos»; se arrogaron la representación de los ciudadanos vascos y argumentaron que debía permitirse su personación porque también es parte (en su calidad de recurrente) el PP.

El Pleno del TC rechaza todas sus pretensiones y asegura que las razones que esgrimen en su escrito no mueven ni un ápice la «firme y constante doctrina constitucional». Explican los autos «gemelos» dictados ayer (uno en el recurso del Gobierno y otro en el del PP), que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) «determina taxativamente quiénes están legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad» así como «los órganos a los que debe darse traslado de la demanda a fin de que puedan personarse en el procedimiento y formular alegaciones» (artículos 32 y 34). Y entre esas personas físicas y jurídicas «legitimadas» no figuran los partidos políticos.

Una única excepción

La misma ley sólo prevé una excepción: en el recurso de inconstitucionalidad pueden personarse como «coadyuvantes» las comunidades autónomas para impugnar leyes y disposiciones «del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía». La decisión del Constitucional no causa indefensión alguna a los demandantes ni a los ciudadanos pues los intereses de estos últimos están representados por los órganos ejecutivo y legislativo del País Vasco, que sí son parte en la causa.

Además, los partidos no son los representantes políticos de los ciudadanos, como pretenden PNV, EA, EB y Aralar. «La representación, en sentido jurídico-político del término» surge tras las elecciones y sólo entre «los representantes elegidos y el cuerpo electoral».

La ley sí permite la personación de un grupo de cincuenta diputados o senadores, sin que éstos tengan necesariamente que pertenecer a una única formación. Esta es la razón por la que el PP, a través de los integrantes de su Grupo parlamentario, pudo recurrir la Ley de Consulta de Ibarretxe.