Últimas noticias del domingo, 6 de septiembre del 2020 | Descubre toda la actualidad y última hora de España

El número de rebrotes de coronavirus en la Comunidad Valenciana ha caído a menos de una tercera parte en las últimas 24 horas, con 11 focos frente a los 38 del anterior balance, todos en la provincia de Valencia, según los datos de la Conselleria de Sanidad difundidos este sábado.

Cuatro mujeres y un hombre fueron denunciados esta madrugada en Toledo cuando caminaban por la calle Diputación. Ninguno llevaba la mascarilla puesta, aunque su uso es obligatorio en Castilla-La Mancha desde el 22 de julio por la pandemia a causa de la COVID-19. En realidad, sí las llevaban, pero guardadas en los bolsos o bolsillos.

Una ola de incendios provocados ha puesto en alerta a Policía y bomberos en Zaragoza . Las autoridades municipales han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para pedir datos que puedan identificar y arrestar al autor o autores de un total de ocho incendios que se sucedieron en varios puntos de la ciudad en un intervalo de cuatro horas , que afectaron tanto a mobiliario público como a bienes privados, incluida una vivienda.

Con el transcurso de los meses de verano, la temida segunda oleada de casos de coronavirus, ese enemigo invisible que no entiende de ámbitos urbanos o rurales, ha llegado antes de lo previsto. En la región, los casos se han ido duplicando día tras día, provocando que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso , anunciara una batería de medidas restrictivas, que entran en vigor este lunes, entre las que se encuentran el aumento de la distancia interpersonal en las terrazas, la supresión de festejos taurinos o la limitación a diez personas de las reuniones sociales, tanto en la vía pública como en entornos privados. Esta última medida la esperaba con los brazos abiertos Morata de Tajuña , una localidad de 7.500 habitantes al sureste de Madrid que, ante el peligroso avance del virus en los días precedentes en su municipio, decidió solicitar el confinamiento, el cierre de la hostelería y el retraso del inicio del curso escolar para frenar el incremento de casos.

De casa okupa molesta y pendiente de un desalojo a equipamiento juvenil regularizado y costeado por las arcas municipales. En menos de cinco años, con la boca pequeña y casi de puntillas, el gobierno de Ada Colau ha acabado legalizando un local okupado del barrio barcelonés de Gracia. El lavado de cara ha contado con la financiación de obras en su interior desde las arcas públicas y ha tolerado impagos en la cuota casi simbólica que tienen que abonar ahora sus inquilinos, en una operación con todos los ingredientes habituales en los casos de amiguismo del gobierno Colau.