Piénsatelo dos veces antes de redifundir un vídeo sexual o retuitear un tuit injurioso

Así de claro y contundente se mostró Vicente Magro Servet , magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, durante el evento « Cibercrimen y delitos informáticos » organizado por el SUP, en colaboración con Kaspersky, este miércoles en Alcorcón. « Yo estoy convencido de que la gente no sabe que puede estar cometiendo un delito con esas acciones» , aseguró el magistrado, quien considera fundamental « la formación de los ciudadanos en educación digital ». Y es que la ciberdelincuencia tiene una peculiaridad: « Son delitos que las víctimas pueden evitar. Un ciudadano prácticamente no puede hacer nada ante un robo con violencia e intimidación. Pero en ciberdelincuencia lo puedes evitar. Te puedes defender del hecho delictivo, por eso es fundamental la enseñanza . Podemos conseguir que la víctima no sea víctima del ciberdelincuente ».

Magro Servet no escondió la preocupación que tanto la justicia como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen en el sentido de « proteger al ciudadano de los delitos que se están produciendo» tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Hablamos del «sexting» o « phising », términos ya popularmente conocidos, que protagonizan día a día la actualidad. De hecho, el crimen tradicional esta registrando descensos anuales en España del 3%-4% mientras que el cibercrimen aumenta un 12% . El 80% de los delitos que se cometen en internet son estafas y el 10% pornografía infantil.

«El hecho de estar detrás de un ordenador no significa que el delincuente pueda cometer delitos porque se esconde tras el anonimato», ha recordado el magistrado, aunque ha reconocido que el uso de las nuevas tecnologías otorgan cierta facilidad a la hora de delinquir . Si a ello le sumamos que se prevé que más de un 80% de la población mundial esté conectada en en 2020 , el panorama supone un gran cambio para agentes y justicia, que tiene que hacer frente a nuevos desafíos.

«La red empresarial del cibercrimen sabe cómo actuar», ha afirmado el magistrado. Y la muestra está en que 9 de cada 10 usuarios ha recibido algún tipo de bulo en su correo y el 6,5 ha sido víctima de una estafa . « La gente está picando », ha recordado el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, insistiendo en la peculiaridades del cibercrimen y en la necesidad de formar a todo ciudadano.

Por eso, el juez ha dado un gran consejo a los usuarios que, sin saberlo, «desconocen que puede estar cometiendo un delito» en internet poniendo como ejemplo el vídeo sexual de los jugadores del Éibar. «La mujer dice en la grabación explícitamente 'no me grabes'. La mera expresión de la víctima, que luego se difunde sin autorización, evidencia que no hay consentimiento. Su difusión es un delito de «sexting» contemplado en el Código Penal, cuya pena va de 2 a 5 años», explicó.

«Pero ojo con redifundir esa grabación. Hay que pensarlo dos veces. La gente redifunde mensajes que recibe sin saber que puede cometer un delito porque es contenido delictivo . Por ejemplo, la redifusión de ese vídeo está contemplado en el Código Penal con una pena de 1 a 3 años de prisión». Este popular vídeo llegó a tener cerca de 1 millón de redifusiones.

Este caso, y otros que se han hecho muy populares por ejemplo en Twitter , evidencian la necesidad de educar a la población en algo que desconoce. «Los primero que hay que trabajar en ciberdelincuencia es educación con respecto a los ciudadanos. Nos va a restar víctimas y trabajo. Si tenemos una buena cultura de prevención, los delincuentes lo tendrán más difícil para engañar», ha recordado. En este sentido, el responsable ha insistido también en cómo el retuit de este tipo de contenidos hay que pensarlo dos veces.

Por todo ello, Magro Servet ha propuesto a la Comisión de Justicia del Senado introducir en el Código Penal una nueva pena con la que poder inhabilitar a un usuario condenado del uso de aparatos informáticos o redes en internet, «sobre todo para delitos menos graves de calumnias, contra intimidad o contra el honor que se cometen a través de las redes sociales».

Para el magistrado resulta fundamental que «prestadores de servicios de internet colaboren con la justicia y agentes y consideren que la libertad de expresión está por encima de las víctimas, de la protección de ciudadanos en materia cibercrimen» en casos como delitos de odio o calumnias a través de las redes sociales . «Es una pena eficaz porque las penas, en ciberdelincuencia, tiene que ser eficaces. De lo contrario, el Código Penal no tiene efecto», ha asegurado.