«Los fact-checkers siempre van a exponer y chequear bulos de los que tienen el poder»

Uno de los principales problemas en WhatsApp, conocida aplicación de chat, es que su entorno privado provoca que muchas personas bajen la guardia a la hora de detectar una «fake news ». Se asume, desde un punto de vista sociológico, que si la persona que envía un mensaje aunque contenga una información parcialmente sesgada o errónea forma parte de su círculo de amigos y familiares no va a querer entrar en un engaño. Se hace de manera inconsciente muchas veces y, en ese sentido, se refuerza el llamado sesgo de confirmación: una tendencia a creer lo que uno cree. De ahí a que en este servicio digital, que cuenta con más de 2.000 millones de usuarios, haya sido el campo de experimentación de las «fake news».

Detectada esta situación, WhatsApp endureció recientemente su política de uso, limitando la posibilidad de reenviar cadenas de mensajes a más de un contacto. Una decisión que provocó un cisma en la sociedad acusando a la la empresa estadounidense de censurar contenido. Su sistema de cifrado de extremo a extremo impide interceptar las conversaciones; ni siquiera la «app» puede acceder, defienden desde la filial de Facebook hasta la saciedad. La realidad es que en los últimos años han proliferado organismos, muchos de ellos sin ánimo de lucro, que se encargan de desmentir bulos en internet.

Bulos que, en muchas ocasiones, provienen desde los propios partidos políticos. Acerca del fantasma sobre una posible censura en redes sociales, Cristina Tardáguila , directora adjunta del IFCN, una red global de investigadores y periodistas dedicada a desmentir bulos, defiende en conversación con ABC el carácter «apolítico» de la organización. Son los llamados «fact-checkers», que colaboran con empresas como Facebook o Twitter .

Empresas tecnológicas que cuentan con una combinación de sistemas de verificación de contenido automáticos y equipos de revisores humanos para detectar -y eliminar si es necesario- publicaciones que se saltan sus reglas de uso. Estos, los verificaciones, «siempre van a exponer y chequear a los que tienen el poder», recalca Tardáguila, cuya nacionalidad brasileña le ha llevado a ejercer su trabajo en Brasil donde los últimos años ha existido una tensa política nacional. Su trabajo, insiste, es «chequear a aquellos que den un dato», entre ellos, a grupos políticos. «El fact-checker siempre va a verificar al poder, independientemente del partido», asegura.

Tardáguila asegura a este diario que la organización, creada en 2015 y que engloba a unos ochenta medios de verificación , cuenta con un sólido código de ética para todos los miembros. Y enumera los cinco puntos que deben cumplir anualmente. Uno de ellos, es ser transparente en la metodología del trabajo del verificador. Otro, es el relativo a la financiación, que debe regirse también bajo este principio de transparencia. Algo que también incluye el uso de las fuentes utilizadas. Otro de los requisitos para formar parte del club es establecer una política de corrección pública: « están obligados si se equivocan », sostiene. Y, por último, deben comprobar anualmente su «carácter apartidista» y que no utilizan su sistema para atacar a una ideología particular.