Visto para sentencia: las exmonjas de Belorado desafían al comisario pontificio en la vista del desahucio del convento

Ocho exclarisas de Belorado —de las dieciséis que integraban la comunidad hace 14 meses, cuando anunciaron su cisma— han comparecido este martes ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca como si fueran un menguado capítulo de la comunidad de clarisas a la que aseguran seguir perteneciendo.

En el ambiente, la misma mezcla de reivindicación doctrinal y desafío que ha marcado el último año desde su salida de la Iglesia católica. Sin posibilidad de acuerdo, como ambas partes han reconocido al inicio ante la juez, la demanda de desahucio ha quedado vista para sentencia tras una vista oral en la que ambas partes han mostrado sin ambages sus posiciones abiertamente enfrentadas.

Que el monasterio de Belorado pertenece a la comunidad de clarisas de la Bretonera es el único punto en que ambas partes están de acuerdo. La clave, que ahora debe dirimir la juez, es quién ostenta la representación legal de esta entidad: si Mario Iceta, como comisario pontificio, según consta, tras su nombramiento, en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia; o Laura García de Viedma, en calidad de antigua abadesa y presidenta de la asociación civil que crearon con el fin de transferir los bienes, y que no ha sido inscrita ni reconocida por los ministerios de Presidencia e Interior. Una disputa más centrada en los principios que en los documentos.

«Todo depende del derecho de separación», esgrimió Florentino Aláez, el abogado defensor de las exclarisas, quien sostuvo que «las personas jurídicas gozan de libertad religiosa» y que, por tanto, «tienen derecho a separarse de la Iglesia». Según su interpretación, si el monasterio, como entidad jurídica, se ha desvinculado del ámbito canónico, entonces «el convento, en su conjunto, también». Y, por tanto, no cabría hablar de ocupación ilegítima ni de pérdida de derechos sobre el inmueble. Un argumento, el sostenido hoy en sede judicial, que ha reivindicado de forma constante en sus intervenciones en los medios.

Casi una hora ha durado el alegato del abogado de las exreligiosas, que ha hecho girar toda su defensa en torno a la libertad religiosa, constitucionalmente protegida, y a la transformación jurídica que aseguran haber llevado a cabo para desvincularse del derecho canónico. Aláez señaló que el decreto de excomunión emitido por la propia Iglesia «reconoce que es todo el convento el que se separa», y que la abadesa actuó «en nombre de la comunidad y con poder de representación».

Más aún, ha defendido que la asociación civil creada por las exclarisas «ha sido admitida en todos los procedimientos», pese a que en la práctica ha sido denegada su inscripción por el Ministerio del Interior, una decisión que avala una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitida el pasado junio. Pese a ello, Aláez ha cuestionado la legitimidad del nombramiento de Mario Iceta como comisario pontificio: «Si el monasterio ha pasado a ser una asociación, todos sus bienes y derechos pasan a la asociación», concluyó. A su juicio, el acto de separación no solo los libera del magisterio eclesiástico, sino que convierte en «ineficaz» cualquier designación posterior desde Roma.

Un planteamiento que, en muchos momentos, ha parecido desviar la auténtica razón de este litigio: el desahucio o no de las ocho exreligiosas excomulgadas, por lo que, ya desde los primeros momentos de la vista, la titular del juzgado, María Paz Benito, ha tenido que intervenir para marcar los límites del procedimiento. Así, ha definido que el objeto del juicio era determinar la titularidad del convento y no abrir un debate abstracto sobre la libertad de culto, el derecho de asociación o los derechos fundamentales a abandonar o cambiar de religión. El revés no ha detenido a Aláez, que ha insistido en que sus defendidas no actuaron como individuos disidentes, sino como una comunidad unida que tomó una decisión legítima.

Por su parte, el abogado representante del comisario pontificio, Rodrigo Saiz, ha recalcado que las exmonjas «decidieron voluntariamente abandonar la Iglesia» y, con ello, perdieron su condición jurídica dentro de la comunidad religiosa. «No son parte de la comunidad ni de la orden clarisa», ha zanjado, quien ha acusado a las ocho exclarisas de ocupar «en precario» el monasterio de Belorado.

«No pueden fabricarse un documento que las avale como propietarias», ha añadido, para desmontar la narrativa de continuidad institucional que defienden las cismáticas. Saiz ha subrayado que «Isabel cesa como abadesa cuando el 8 de mayo decide separarse» y que el decreto de excomunión, fechado el 22 de junio de 2024, no hace sino «confirmar un hecho consumado». En su defensa de Mario Iceta, ha remarcado que el arzobispo de Burgos «no es un líder religioso expulsando a unas disidentes», sino el representante legal de una entidad registrada ante el Estado, propietaria del inmueble, y que simplemente actúa en defensa de los derechos patrimoniales de la Iglesia.

Las ocho exreligiosas, que han comparecido en la sala pero no han sido citadas a declarar por ninguna de las partes, han preferido desplegar su estrategia comunicativa en la calle, en los momentos previos a la vista. Las exmonjas llegaron en grupo poco antes de las 10 de la mañana y avanzaban acompañadas solo por su jefe de prensa por la calle, mientras las rodeaba un grupo de curiosos y periodistas, en medio de un fuerte dispositivo policial organizado por la Guardia Civil.

En una breve intervención cargaron contra los medios y contra quien han convertido en su némesis desde el inicio del cisma. «Es un cobarde», lanzó sor Paloma al ser preguntada por la ausencia de Mario Iceta, quien delegó su comparecencia en un apoderado legal. «Estoy sorprendentemente tranquila», confesó por su parte sor Isabel, antigua abadesa y rostro visible y callado del cisma.

Más tarde, algunas de ellas no escondieron que, si la sentencia no les es favorable, ya contemplan escenarios alternativos, aunque sin concretar ninguno. «Lo decidiríamos en el capítulo conventual», indicó sor Sion en una rueda de prensa posterior. Pero también dejaron claro que, pase lo que pase, confían en no marcharse del monasterio el 12 de septiembre, la fecha fijada para un eventual lanzamiento judicial, porque interpondrán un recurso que retrase más la decisión final.