El Gobierno bloqueará la apertura de diez universidades privadas que ya tenían todo en regla para abrir

Este último punto se ha visto desde la privada como un criterio «arbitrario» que «complica la especialización universitaria», como expresaba hace unos días a ABC Juan Santiago, presidente de Acade (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada).

Además de estos nuevos criterios que se aplicarán con efecto retroactivo, la nueva norma obliga a que la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) o sus extensiones autonómicas emitan un informe que será vinculante para poder abrir. Hasta ahora, esta agencia podía emitir un informe desfavorable, pero no tenía potestad para bloquear ninguna apertura.

El Ministerio de Universidades había afirmado que la necesidad de tener 'luz verde' de la Aneca sólo se aplicaría a las nuevas universidades. Sin embargo, como ha adelantado 'El País', y ha podido confirmar este diario con el ministerio, ahora también será vinculante para aquellas universidades que ya hubieran iniciado sus trámites de apertura. En total, afectaría a diez centros, todos ellos de titularidad privada. A saber: la Universidad CEU Núñez de Balboa (Extremadura), Universidad Abierta de Extremadura, Universidad Europea de Extremadura, TAI University (Madrid), Universidad Felipe II (Madrid), NCI Aragón, The Power University (Aragón), Universidad Internacional de Aragón, la Universidad de Mallorca y la Universidad Digital (Canarias).

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Según declaran de ABC algunas de estas diez universidades afectadas, «este cambio genera una enorme inseguridad jurídica, por lo que no podemos estar de acuerdo con la nueva disposición». En cualquier caso, el próximo lunes todas las universidades se reunirán con el equipo de Diana Morant para trasladarles su descontento con algunos aspectos de la norma.

Es decir, el Gobierno quiere ahora que aquellas diez universidades que ya tenían todo dispuesto a nivel legal para iniciar su apertura, se sometan a un segundo informe de la Aneca que será vinculante y que incorpora criterios más exigentes. En concreto, este giro de los de Morant figura en una disposición transitoria dentro de un documento ministerial que tienen ya las consejerías de Educación y la CRUE (Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas) y que se debatirá en la Conferencia General de Política Universitaria este jueves.

En concreto, el texto del decreto, actualizado, dice: «En los procedimientos de creación o reconocimiento de una universidad iniciados antes de la entrada en vigor de este real decreto, en los cuales, en dicha fecha, todavía no se haya remitido a la Conferencia General de Política Universitaria la propuesta de informe exigido por el artículo 3.1 del Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, la Comunidad Autónoma competente, o, en su caso, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, solicitará a la agencia de calidad correspondiente el informe al que se refiere su artículo 4.2, segundo párrafo, en la redacción dada por este real decreto».