El Supremo de EE. UU. respalda la verificación de edad para ver porno online

Los jueces, en un fallo de 6 a 3 redactado por el juez conservador Clarence Thomas, confirmaron la decisión de un tribunal inferior que permite la aplicación del mandato de verificación de edad del estado, liderado por los republicanos. La ley probablemente no viola la protección de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos contra la restricción de la libertad de expresión por parte del gobierno, dictaminó el tribunal. Los jueces conservadores de la corte constituyeron la mayoría. Sus tres jueces liberales discreparon.

La medida de Texas es una de 24 similares promulgadas en todo Estados Unidos, principalmente en estados gobernados por republicanos, y algunas entrarán en vigor en los próximos meses, según la Coalición por la Libertad de Expresión, que impugnó la ley. La ley exige que los sitios web cuyo contenido sea más de un tercio «material sexual perjudicial para menores» exijan a todos los usuarios que proporcionen información de identificación personal que verifique que tienen al menos 18 años para acceder a ellos.

El caso puso a prueba los límites de las facultades estatales para proteger a los menores de materiales explícitos que los legisladores consideran perjudiciales para ellos, con medidas que obstaculizan el acceso de los adultos a la expresión protegida por la Constitución.

La jurisprudencia de la Corte Suprema ha protegido el acceso de los adultos a contenido sexual no obsceno amparándose en la Primera Enmienda, incluyendo un fallo de 2004 que bloqueó una ley federal similar a la medida de Texas. Si la jurisprudencia de 2004 impide a Texas aplicar su ley, debería ser revocada, argumentó el estado, señalando cómo el panorama digital ha cambiado drásticamente en las dos décadas transcurridas desde entonces.

La coalición, una asociación comercial de artistas, productores y distribuidores de contenido para adultos, así como de empresas que gestionan sitios web pornográficos como Pornhub.com, xnxx.com, xvideos.com y Brazzers.com, argumentó que la verificación de edad en línea sofoca ilegalmente el derecho a la libertad de expresión de los adultos y los expone a riesgos crecientes de robo de identidad, extorsión y filtración de datos.

Algunos sitios como Pornhub bloquearon el acceso por completo en estados con leyes de verificación de edad. Medidas como el software de filtrado de contenido o la verificación de edad en el dispositivo protegerían mejor a los menores, respetando al mismo tiempo los derechos de los adultos, según los demandantes.

Durante la audiencia del 15 de enero, los jueces expresaron su preocupación por la omnipresencia de la pornografía en línea y la facilidad con la que los menores pueden acceder a ella. La jueza conservadora Amy Coney Barrett, madre de niños en edad escolar, señaló que los menores pueden acceder a pornografía en línea a través de teléfonos celulares, tabletas, consolas de videojuegos y computadoras, y señaló que se ha producido un «aumento repentino de la adicción a la pornografía en línea». Sin embargo, algunos jueces también expresaron su preocupación por las cargas impuestas a los adultos para ver material protegido por la Constitución, debatiendo si el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU., con sede en Nueva Orleans, debería haber aplicado a la ley de Texas un mecanismo de revisión judicial más estricto que el que efectivamente empleó, el cual otorgaba deferencia a los legisladores.

El juez de distrito de EE. UU., David Alan Ezra, emitió una orden judicial preliminar en 2023, bloqueando la ley. El Quinto Circuito dictaminó en 2024 que era improbable que los demandantes prosperaran en su impugnación amparándose en la Primera Enmienda contra el requisito de verificación de edad, levantando la orden judicial de Ezra sobre dicha disposición. El Quinto Circuito confirmó la orden judicial de Ezra contra otra disposición que exige que los sitios web muestren «advertencias sanitarias» sobre la visualización de pornografía.

El año pasado, la Corte Suprema se negó a suspender la aplicación de la ley mientras el caso seguía su curso.