Sira Rego: «No habría tanto debate con la acogida de menores si los niños fueran blancos»

—En el decreto de reubicación de los menores dan un plazo máximo de un año [hasta marzo]. No se va a cumplir. ¿Asume alguna responsabilidad?

—Yo no diría que se va a incumplir. Hay bastantes expedientes resueltos, casi 200, y otros en marcha. Es un procedimiento complejo, queremos un engranaje muy garantista con los derechos de los niños y, en términos procedimentales, requiere sistematización y coordinación. Pero ya está funcionando. Vamos a ver cómo llegamos al mes de marzo, pero la situación está siendo aliviada.

—¿Tuvo problemas con los ministerios de Migraciones y Política Territorial?

—Yo no he tenido un problema dentro del Gobierno, pero hay que reconocer que es complejo. Pero no por el Gobierno, sino por el modelo de Estado. La competencia en materia de infancia desamparada es de las comunidades. Ha suscitado debate con el PP y sus gobiernos, pero no habría un debate tan encendido con la acogida de menores si los niños fueran blancos, como vimos en otras ocasiones. Aquí se ha puesto mucho más el foco en el origen que en el interés superior de estos menores.

—¿Quién decide que País Vasco y Cataluña no acojan menores? No gobierna el PP precisamente...

—No hay ninguna decisión de que no acojan. Se analizó la acogida de todas las comunidades y ellos están por encima de la media. Si propongo que salgan 4.000 niños de Canarias y los llevo a Cataluña, no es garantista. ¿Se trata de que los niños estén bien y el sistema sea sostenible o hablamos de una cuestión partidista? Nosotros hemos aparcado las cuestiones partidistas. Lo justo es un criterio de reparto en función de habitantes y capacidad económica.

—Hubo una nueva incidencia en el sistema de pulseras antimaltrato. ¿Cree que Igualdad está a la altura?

—Ha tenido una respuesta inmediata ante el fallo: un protocolo. Pero tenemos que poner lo mejor de nosotros para garantizar un marco de máxima protección frente a la violencia de género y cualquier error debe ser rápidamente resuelto. Como gobierno tenemos que ser capaces de dar tranquilidad. Se ha hecho un esfuerzo por mejorar y tener respuestas rápidas. Aunque a mí todo esto me lleva a un debate, si me lo permite, de dimensión superior. Hay elementos que tienen que ver con lo público que se llevan a cabo por parte de una organización de empresas...

—¿Pero no debe asumir el Gobierno ninguna responsabilidad por el fallo?

—Ahora estamos ante un momento para hacer una reflexión acerca de lo importante de que la gestión de muchos servicios públicos no lo puedan llevar empresas externas. Lo público da más garantías. Vale también para los cribados del cáncer de mama en Andalucía, para Madrid, con clínicas que se llevan cantidades millonarias de recursos, como Quirón, por gestionar la salud o para los centros de protección de niños externalizados en empresas que no están cumpliendo con sus derechos.

—Entiendo que está responsabilizando a Vodafone-Securitas del fallo.

—No, no, yo solo creo que tenemos que hacer una reflexión. Lo fundamental es dar protección y, luego, reformular. Debemos tender a un modelo en el que lo público esté gestionado desde lo público. Es la mayor garantía de derechos. Cuando fallan determinados sistemas, lo que hay en común en todos es que están externalizados. Cuando externalizas, se ve que termina precarizado.

—Usted está responsabilizando a la empresa externa, y no a Igualdad.

—No, no, yo lo que digo es que no estoy de acuerdo con un modelo. Por ejemplo, para mí el problema detrás de un sistema de cribados de cáncer de mama en el que hay un fallo, es un modelo que no comparto. Tenemos que tender a que haya más control público de todos los servicios, que el servicio sea 100% público [Uno de sus asesores interrumpe para decir que Igualdad anunció una auditoría interna y externa: «No puede responsabilizar a nadie porque todavía no se sabe de quién es la culpa»].

—¿Está de acuerdo con que haya jóvenes que no permitan charlas opuestas a sus ideas en las universidades? Por ejemplo, los disturbios por las apariciones no autorizados de Vito Quiles.

—Hay que poner un cordón frente al fascismo, la extrema derecha y a cualquier ideología totalitaria que cancele los derechos humanos. No hay hueco en nuestra sociedad para aquellos que están esgrimiendo que hay gente de primera y gente de segunda.

—Ese argumento podría ser usado al revés... Por aquellos en contra de las activistas feministas, por ejemplo.

—Pero es que no es lo mismo, es una falsa dicotomía. Quien tiene en su cuerpo ideológico la cancelación de los seres humanos, que esgrime que hay gente inferior que tiene que ser excluida socialmente, honestamente, creo que esas personas tienen que estar fuera.

—Pero yo le estoy preguntando por encuentros de un personaje que es crítico con el Gobierno y con la izquierda.

—Hay margen para debates políticos que tienen que ver con las ideas, pero aquellos que vienen con un marco que es directamente cancelar a una parte de la sociedad y justificar que no deben tener derechos, a mi juicio, deben quedarse fuera de los espacios. No tengo interés en debatir con la extrema derecha.

—Está viviendo dentro del Gobierno el caso Koldo, las conversaciones de este con el exministro Ábalos sobre las mujeres... ¿Entiende que la derecha esté ganando voto joven?

—Creo que hay que entender lo que está sucediendo con el miedo, la inseguridad, el proyecto de futuro... Y aprender a leer lo que está sucediendo con determinadas posiciones político-ideológicas de la juventud. Pero me niego a poner etiquetas globales. No hay una sola juventud, hay muchas y muy diversas.

—¿Escuchó el último disco de Rosalía o fue al cine a ver 'Los domingos'?

—Escuché una canción y aún no la vi.

—Se lo pregunto por el interés creciente de las nuevas generaciones en explorar lo religioso y la fe...

—No sé si podemos hablar de un resurgir de lo religioso. En nuestro macroestudio sobre la juventud, fíjese que no es un indicador especialmente llamativo. Puede haber un sector de la juventud o de la sociedad que vuelva un poco a esas posiciones, y se me ocurre que tiene mucho que ver con esa incertidumbre y búsqueda de alguna certeza. Pero no puedo entrar, no lo sé, no tengo datos.

—Sobre incertidumbre: los jóvenes se dejan el sueldo en el alquiler y no se emancipan hasta los 30. ¿Qué pide al PSOE, que tiene estas competencias?

—Sumar e IU tenemos la iniciativa de estas medidas porque creemos que es el gran problema de este país. Necesitamos más empuje desde el Gobierno: intervención de los precios del alquiler, prohibir la compraventa de vivienda en zonas tensionadas que no sean para vivir, es decir, limitar los fines especulativos... Y fiscalidad dirigida a fondos de inversión y grandes tenedores. Sumar también registró una ley para modificar el alquiler turístico. Pero hay que señalar que una buena parte de la responsabilidad es de las comunidades.

—¿Y no tiene ninguna responsabilidad el Gobierno?

—Vamos a ver, nosotros estamos trabajando y avanzando en una serie de medidas desde el Gobierno, pero, por ejemplo, la señora Ayuso se niega a aplicar la ley que ya existe. El PP está bloqueando y no ejerce su responsabilidad para ordenar el mercado de la vivienda y proteger a las personas y no a los fondos buitre. Madrid tiene un problema con las licencias de los pisos turísticos y está expulsando a muchísimos jóvenes que no tienen capacidad de acceder.

—Pero también el PSOE les frena las políticas intervencionistas cuando se negocian en el seno del Gobierno.

—Estamos en una coalición de Gobierno que plantea una empresa pública de vivienda, planes de vivienda pública, bonos para el alquiler para jóvenes y trabajamos en un nuevo paquete de medidas. Hay que seguir actuando con determinación desde el Gobierno, pero también hay una responsabilidad a nivel autonómico y hay que señalarla. Necesitamos coordinación entre comunidades autónomas, gobierno central y poder local, coordinación absoluta.

—¿Ya no hay asimetrías entre Sumar y PSOE en política de vivienda?

—Nosotros [Sumar] tenemos una agenda más ambiciosa. Pero es una coalición y se trabaja en el contexto del acuerdo. Es muy saludable que seamos fuerzas distintas y que nos pongamos de acuerdo en torno a los ejes en común.

—La etapa final de La Vuelta se canceló en Madrid porque se descontroló la protesta contra Israel. ¿Se arrepiente o cree que contribuyó a esa violencia?

—Estoy orgullosa de este país por muchas razones y una es porque se moviliza a favor de los derechos humanos. No era aceptable normalizar que un equipo propiedad de un señor alineado con el gobierno genocida de Israel se blanqueara en un evento deportivo.

—No entiendo que justifiquen esos actos violentos que fueron contra deportistas, y no solo contra los de Israel.

—Yo lo que no justifico es un genocidio.

—Eso no tiene nada que ver...

—Tiene todo que ver. No hay equidistancia: o se está a favor del genocidio o en contra. Lo que es inaceptable es que por las calles de nuestro país estuviera un equipo financiado por el genocidio.

—Tenemos uno de los peores datos de pobreza infantil de Europa, pero seguimos sin un pacto de Estado...

—Es una de mis prioridades. Este mes terminan las comparecencias en la Comisión y a partir del primer trimestre del año se podría votar ese pacto. El pacto va bien, aquí hay bastante acuerdo, de hecho la iniciativa surgió de Sumar, PP y PSOE. Para nosotros, la gran medida es la prestación universal por crianza, una renta que iría directamente a las familias en función del hijo de cero a 18 años. Está sirviendo para resolver la brecha de pobreza en muchos países europeos. No podemos estar en solo en 1,5% de inversión en infancia.

—¿Está de acuerdo el socio de Gobierno en este gasto?

—Bueno, lo estamos trabajando, son elementos con los que creo que el PSOE está de acuerdo, estamos trabajando en formular una prestación que alcance y ver la fórmula más adecuada, es decir, de momento estamos coordinados.

—Pues así, de primeras, según lo dice, no parece que estén de acuerdo...

—Así, de primeras, en el Gobierno vamos haciendo propuestas desde los distintos ministerios y lo importante es la capacidad de llegar a acuerdos. Me gustaría que fuera cuando antes, en los próximos Presupuestos Generales.

—¿Pero cómo va haber Presupuestos sin el apoyo de Junts?

—Nosotros estamos trabajando con determinación para que haya Presupuestos en 2026.

—La ley 'sharenting' [proteger la imagen del menor en las redes] ¿afecta a quienes tengan retorno económico o a todo el que suba contenido?

—Todavía estamos en la fase previa de consulta y aportaciones. Pero hay que discernir entre los que están monetizando a la infancia y la protección de la identidad digital del menor a nivel general. Más allá de lo legislativo, hay que dar herramientas y conocimiento a las familias para que entiendan los riesgos. También tenemos tramitando la Ley de entornos digitales en el Congreso, la sobreexposición de los niños en las redes sociales, que tiene un retorno negativo. Esto pretendemos regular.

—¿Por qué no atacan a las plataformas que se aprovechan de la adicción de los niños?

—Estamos regulando el entorno digital y la actividad de las plataformas con mecanismos para garantizar el desarrollo de la estrategia nacional de entornos digitales seguros con pedagogía y herramientas para la infancia.

—Insisto: ¿Por qué no directamente contra esas plataformas: TikTok...?

—Sí les ponemos límite en la ley con el control parental, el etiquetado de los productos, la herramienta de verificación de la edad y con modificaciones del Código Penal para tipificar delitos con IA que vulneren derechos, como el 'grooming' o las 'deep fakes'. Pero tenemos un problema: muchas operan a nivel transnacional. Ahí estamos trabajando con organismos europeos. España lideró en Europa la defensa de una herramienta de verificación de la edad.