Sicarios por 500 euros para liquidar a un abogado al que estafaron

Javier D. supo casi en el instante en el que lo atacaron dos individuos con una barra de hierro cuando iba a entrar en su garaje en Madrid que no era una coincidencia, sino un aviso de los dos individuos a los que había denunciado por una presunta estafa en una promoción inmobiliaria en Santander. La primera agresión sufrida por el abogado ocurrió a las 13.30 del 23 de febrero del año pasado. Supo también en ese momento que no iban a parar y pidió protección, que no le dieron. «Me asusté pero no imaginé que intentarían matarme», admite. El pasado 12 de diciembrea punto estuvieron de acabar con él. La víctima pasó dos meses en la UCI con el cráneo aplastado y lleva desde febrero en rehabilitación, con la visión de un ojo perdido y un sinfín de secuelas.

La Brigada de Policía Judicial de Madrid ha logrado desenmarañar cómo se gestaron las dos agresiones al abogado tras un año de investigaciones y meses de vigilancias, como adelantó ABC. Ya hay cinco individuos en prisión (los tres últimos ingresaron hace solo unos días) y otros siete investigados. Una organización creada para acabar con él y con sus pretensiones de justicia tras invertir todos sus ahorros en lo que iba a ser un residencial de lujo a 100 metros de la playa del Sardinero.

En los teléfonos de los sospechosos encontraron mensajes y más mensajes de una crudeza que aterra. Como el de «dale fuerte bien, que no vuelva a ser la vida igual...». Es un audio de whatsapp entre uno de los presuntos sicarios y el intermediario que lo había contratado, cuarenta y ocho horas antes de la primera paliza a Javier D.

«(...) Estamos aquí en la calle del Eucalipto está tío. A ver si le pudiéramos echar mano aquí (...) pues seguirle también, pues es que también hay muchas cámaras tío, por eso te dije que... que no era fácil, ¿sabes?». Faltan 24 horas para que ataquen al abogado. Los dos individuos contratados están a punto de actuar y le dan cuenta a quien ha intermediado y este a su vez a los que han encargado el 'trabajo'. Al día siguiente de la paliza, hay más mensajes, esta vez entre el intermediario de los cobros y el que acepta el encargo:

-Vaya trabajo hicieron...jjjj. Seguro que sabe por donde le viene. Eso le deja jodío pero bien jodío.

-A ver si nos pagan estos, el tío seguro que pasa una temporada jodida.

Mientras el abogado estaba ya en comisaría denunciando ese 23 de febrero, los matones aspiraban a cobrar. Según los mensajes y lo declarado por uno de ellos el pago iba a ser de entre 4.000 y 6.000 euros. Seis meses después solo habían cobrado 4.000, que se tuvieron que repartir entre cinco personas. «La Policía entiende en un principio que el precio pagado por el encargo de pegar al abogado fueron 4.000 euros, donde al parecer los agresores se llevan 3.000, Tyson 500, Jorge 500, de los que cien se los tuvo que dar a su hermano Iván A. R.», señala el juez instructor en el auto de prisión de este último, dictado hace dos semanas.

El día de la paliza con una barra metálica, de la que Javier logra zafarse refugiándose en su coche, al abogado le da tiempo a ver la matrícula del Audi que se da a la fuga. A los seis días de denunciar, recibe un mensaje desde un teléfono de Dinamarca: «Tu muerte está pagada. Es tu última oportunidad, de ti depende». Y cuando no habían pasado ni 24 horas, quien contacta con él es el abogado de Miguel Ángel V. E. y José Jorge T. V., los promotores inmobiliarios del Residencial España, una obra que tendría que haber estado acabada en abril de 2020 y el objeto del litigio. Quieren llegar a un acuerdo, pero la amenaza es clara. «En ese momento tengo clarísimo que no van a parar», cuenta la víctima.

El atestado por la agresión recae en el Juzgado de Instrucción 30 de Madrid, pero el que lleva la querella por estafa presentada por Javier D. es el Juzgado 4 de Santander, que había decretado dos años antes el embargo de los bienes de Desarrollos Inmobiliarios Dream Proyect (el representante era Miguel Ángel V.) En paralelo el abogado había recurrido a la vía civil y otro juzgado acordó la disolución de bienes de la finca y de la promotora. El siguiente paso era sacar el terreno y la obra a subasta. Ocurrió el 12 de diciembre de 2023 y ese mismo día por la tarde a Javier D. lo atacan por la espalda, al parecer con un puño americano, cuando volvía a su casa en Arturo Soria (Madrid) tras dar un paseo. Lo dejan ensangrentado y moribundo, tirado en la acera. Una niña ve a tres hombres que escapan en un coche distinto al Audi de la primera vez.

Entre febrero y diciembre (fechas de los dos ataques), los agentes de Secuestros y Extorsiones de la Brigada de Madrid logran colocar algunas piezas. En agosto detienen y ponen en libertad a Juan Antonio C., el dueño del Audi. Cuenta que «el encargo de la paliza viene de una persona a la que conoce como Jorge Gallwis, a quien a su vez se lo habían encargado unas personas de Santander por un negocio fallido». Habla también del precio. Fue él quien vigiló junto a Rafael A. F. al abogado y ambos lo atacaron en el garaje. En octubre, detienen a dos hermanos: Iván y Jorge A. R. El primero propone al segundo el 'trabajo' y este contrata a los matones. También quedan en libertad en ese momento, pero sus teléfonos llevan hasta Guillermo R. M., el organizador que actúa en representación de los promotores.

Guillermo fue quien mandó la primera amenaza desde un teléfono danés (donde tuvo una causa con la Justicia), organizó la agresión y recibió las imágenes y los mensajes de los presuntos sicarios. «No sólo organizó los ilícitos penales, sino que asumió la dirección de los mismos, recibiendo sólo ordenes de los responsables finales del encargo», señala el juez en un auto. «Ha quedado patente la insistencia en el tiempo de Guillermo R. M. en el propósito de agredir a Javier D., ya que desde el día 19-03-2023 hasta el día 06-07-2023 le insiste a Jorge A. para que vuelvan a por él, ya que en palabras del propio Guillermo «el nota no cambia de opinión»», añade el instructor.

Según el volcado de los teléfonos de los investigados el 12 de enero de 2023, un mes antes de la paliza, empiezan a enviarse entre ellos imágenes del abogado y de su domicilio y un papel con sus viviendas y sus rutinas. Era el primer aviso para que desistiera; el segundo, el del 12 de diciembre era una sentencia de muerte. Y menos de un mes después, cuando aún estaba en la UCI, fue su letrada y amiga el objeto de la furia. Recibió una carta en su casa: «Tienes 5 días desde hoy para colgar la toga, zorra. O eso o te enviamos con Javier con tres o cuatro martillazos».

El siguiente de la lista, el juez instructor de la querella por la finca de Santander, Enrique García. Recibió dos cartas en su casa instándole a que cerrara el procedimiento y levantara los embargos, decisiones que toma, y que el magistrado desliga de las amenazas. El remitente (se supone que falso) es el juez del Supremo, nuevo miembro del CGPJ, Ángel Arozamena, comunero de la promoción inmobiliaria.

El juez del 30 ante el cariz de los hechos autoriza vigilancias, intervenciones de teléfonos y micros en los coches de los sospechosos. El 19 marzo los dos autores intelectuales son detenidos en Santander e ingresan en prisión. Se les imputa un delito de homicidio o asesinato en grado de tentativa, otros contra la Administración de Justicia y atentado a la autoridad judicial. Hace unos días, se acordó prisión para Guillermo R. y los dos hermanos. Siete más siguen investigados. Entre ellos pueden estar los otros dos sicarios.