PSOE y PP rechazan en el Congreso la regulación del cannabis terapéutico y recreativo: «Son dos debates distintos»

En el transcurso del debate, la diputada de ERC Marta Rosique advirtió de que el consumo de cannabis «ha sido, es y será una realidad a pesar de que algunos pretendan esconderla debajo de la alfombra y quieran evitar el debate», y subrayó que las detenciones por tráfico de drogas aumentaron un 30% entre 2006 y 2020 y de ellas casi la mitad se debieron al cannabis, así como que el tráfico de marihuana es la tercera actividad criminal en España y que tres de cada 100 estudiantes de 14 a 18 años tienen un consumo «problemático» de esta sustancia, la droga ilegal más consumida en los últimos 12 meses en España, con un 10,6% del total, según la encuesta 'Edades 2022', publicada en enero por el Ministerio de Sanidad.

«Negarlo, prohibirlo, taparse los ojos y los oídos no hará que el consumo de cannabis desaparezca», añadió, convencida de que, «cuando no hay ley, se impone la ley de la selva, el descontrol y la inseguridad» y de que en España prevalece «un prohibicionismo desde 1967» que, hasta ahora, a su juicio, «sólo ha comportado más consumo, de menos calidad, más adicción y más mafias».

Frente a ello, su grupo propone «regular lo desregulado, controlar lo incontrolado, dotar de seguridad a la inseguridad y hacerlo con las evidencias empíricas que existen, al lado de la ciencia, de la sanidad y, sobre todo, de la salud pública». «Hoy les proponemos una regulación integral del cannabis, que acabe con el prohibicionismo actual, que ya ha demostrado sobradamente su ineficacia», insistió, para aseverar que su «intención» es «conseguir menos consumo, más control, menos adicción y menos mafias».

Junto a ello, también tiene entre sus fines dotar de «más transparencia, acceso seguro, control de la mayoría de edad y de la estigmatización -de los consumidores de esta sustancia-, tributación de las actividades asociadas, fin de la inseguridad jurídica de las asociaciones cannábicas, mejor y mayor prevención de las adicciones y una reducción notable de la economía sumergida, que debe comportar más recursos públicos para la ciudadanía».

Su propuesta, heredera de la aprobada en 2017 en Cataluña y que fue tumbada por el Tribunal Constitucional, pone a la salud pública «en el centro» y pide «despenalizar el cannabis, como ya han hecho distintos Estados europeos». Además, considera esta droga «un medicamento», por lo que, de haberse aprobado, la ciudadanía que necesite una terapia medicinal en base a él tendría la posibilidad de acceder a esta sustancia en una farmacia «siempre que tenga una receta» y todo ello «poniendo el foco en la prevención y en el tratamiento de las adicciones».

En cuanto al uso recreativo, su propuesta contemplaba el acceso al cannabis «de forma regulada» vía autocultivo o comunal, con un límite máximo de cultivo y cosecha por persona en domicilio privado de seis plantas de cannabis psicoactivo y una recolección máxima de 480 gramos anuales. En paralelo, pretendía «controlar el ciclo del cannabis para así acabar con la mafia» que, a su entender, «se ha estado lucrando gracias a esta falta de regulación» así como «sancionar todo aquello que esté fuera de la ley», si bien «no incentiva el consumo, no legaliza la publicidad de la marihuana ni de los porros ni el tráfico de drogas y no permite que se pueda fumar ni consumir drogas en todas partes».

«Sabemos que es mejor promover esta despenalización desde la izquierda con unas políticas públicas promovidas para el beneficio general de la ciudadanía, que hacerlo desde la derecha con unas políticas impulsadas para y por los lobbies económicos y que, tarde o temprano, habrá una regulación», sentenció, para dirigirse a los diputados socialistas y recordarles que de ellos «depende la seguridad de la ciudadanía y que se regule el cannabis».

En turno de fijación de posiciones, por el PSOE el diputado Alfredo Sancho urgió a «no confundir» el cannabis de uso terapéutico con el uso recreativo y puntualizó que, según la 'Encuesta Edades 2022', solo 33% de la población está «a favor de la regulación del uso y legalización del cannabis» y el 73% aboga por «endurecer las penas» en torno a esta actividad.

Tras advertir de que «no existe consenso» en este ámbito, afeó que, con su propuesta, que juzgó «llena de inexactitudes, juicios de valor y contraindicaciones», ERC pretendiese regular ambos tipos de utilizaciones «invocando la extensión de su uso», cuando, a su entender, «son debates distintos, porque uno ayudará a mejorar la calidad de vida de miles de pacientes que sufren dolor y el otro no ayuda a ninguna persona en su calidad de vida».

En este punto, advirtió de que la iniciativa de ERC «nos situaría al margen de las políticas de los países del entorno», convencido de que «una cuestión es descriminalizar el consumo de droga y la posesión de pequeñas cantidades para tal fin y otra muy distinta legalizar la producción y distribución de drogas expresamente prohibidas por la ONU» y de que, en la actualidad «no está justificado ampliar el uso sin evidencia científica o cuando existan otros tratamientos efectivos más seguros» que la utilización de esta sustancia con fines terapéuticos.

En la misma línea, por el PP, Eduardo Carazo insistió en que el cannabis procede de una planta «recogida en la convención de la ONU sobre estupefacientes, no como la lechuga» y se mostró «sorprendido» por la «carrera» emprendida por parte de la izquierda «por ver quién presenta más iniciativas sobre su legalización y más rápido», si bien dijo «coincidir» con el grupo proponente en que el consumo de drogas «no puede ser un tema tabú ni tratado con ingenuidad».

Tras tildar de «preocupantes» los datos arrojados por la 'Encuesta Eddades» en torno al consumo de esta droga, aseveró que su abordaje «debería ser tratado desde una perspectiva científica y sanitaria y no desde la frivolidad y la banalización» como, según su criterio, hace un texto que aspira a «blanquear una ley de legalización total del consumo de marihuana».

En el mismo sentido, por Vox, Juan Luis Steegmann rechazó este «segundo intento para legalizar la marihuana para uso recreativo, como droga» y se mostró «seguro de que los lobbys que están detrás seguirán intentándolo». Además, denunció que la iniciativa de ERC «con un cinismo típico de mercaderes, justifica su regularización porque hay muchos consumidores, 600.000 al día», al tiempo que avanzó que la posición de su grupo «contra cualquier tentativa de legalización de la marihuana y cualquier droga va a ser siempre frontal, incansable y sin fisuras».

En el extremo opuesto, por Unidas Podemos, Lucía Muñoz defendió que el cannabis proviene de «una planta que la gente se fuma y de la que la gente hace un uso terapéutico» y lamentó el «argumento bastante pobre» esgrimido por quienes se posicionan contra su regulación, convencida de que el enfoque «prohibicionista» en la regulación del cannabis es «básicamente ineficaz y se basa en la persecución de los usuarios».

En el mismo punto, por el Grupo Parlamentario Plural, Concepción Cañadell (PdCAT) indicó que «algo no estamos haciendo del todo bien cuando España tiene una regulación prohibicionista en cuanto al consumo pero lidera ranking europeos de consumo» y defendió que «será mejor cualquier regulación, que no el limbo legal y la inseguridad jurídica», mientras que Mariona Illamola, (Junts) juzgó «necesarias» medidas para «combatir las adicciones y de prevención para evitar que aparezcan» y abogó por «intentar» la regulación del cannabis con «un nuevo sistema que esperemos más efectivo» que el actual.

Por Ciudadanos, el diputado Guillermo Díaz también comprometió su voto a favor, urgió a «elegir entre regularlo o prohibirlo» y se mostró «a favor del individuo y su libertad y de regular el cannabis». «Respeto más a quienes plantean prohibir su consumo que a quienes prefieren seguir mirando a otro lado, porque esta situación no puede ser alegal», agregó, para llamar al PSOE a «ser valiente» y «plantear su prohibición si no votan a favor de su regulación».

Por el PNV, Josune Gorospe instó a «tener presente» que las personas que acuden a tratamiento a causa de su adicción al cannabis «han llegado antes de una regulación» y erigió a su grupo como «defensor históricamente de su regulación integral, porque dar la espalda a la realidad no nos lleva a ningún lugar y no se está avanzando en positivo» en este ámbito; y por EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo también apoyó la puesta en marcha de un «nuevo marco para regular y despenalizar» el uso del cannabis, lo cual, a su entender, «no quiere decir banalizar el uso ni las posibles consecuencias de utilización de drogas» y defendió que «ya es hora de una normativa clara» al respecto frente a la actual situación de «alegalidad, ilegalidad y prohibición» que, dijo, «no es de recibo», por lo que tildó de «oportuna y necesaria» la propuesta de ERC.