«Prueba de fuego» para el PP balear: primera petición del 25% de educación en castellano

La petición, registrada esta semana, parte de dos padres que llevan a sus hijos al IES Calvià (Mallorca). En su reclamación piden al conseller de Educación, Antoni Vera, que atienda su petición de garantizar al menos una asignatura troncal en castellano para sus hijos, ya que todo el horario escolar se imparte en lengua catalana (excepto Lengua Castellana y los idiomas extranjeros como inglés o alemán).

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Las familias del IES Calvià denunciantes reclamaron al centro el derecho de sus hijos de expresarse y hacer las tareas en la lengua, que desearan, castellano o catalán, libremente. Pero el director del centro les replicó que el catalán debe ser la lengua vehicular de los alumnos.

Así lo indica el proyecto lingüístico de este instituto público publicado en su página web: «La centralidad de la lengua propia de las Islas Baleares en la actividad educativa es y debe ser la piedra angular del IES Calvià». Este documento recalca que «la lengua catalana debe ser la lengua de enseñanza en las explicaciones, pero también del material que se utilice en el aula y que esto se traduzca a las producciones del alumnado (orales y escritas)».

Para que no haya dudas, insiste en que «el catalán como lengua vehicular del centro debe ser la lengua de referencia y la base de la adquisición de capacidades en todas las materias y módulos curriculares». Y es obligación del alumno usar el catalán en «la elaboración de trabajos, sus intervenciones en clase y en las tareas». Y ahí es donde precisamente estos padres denunciantes discrepan.

PLIS. Educación, por favor, entidad perteneciente a Escuela de Todos, que asesora a los padres de Calvià, espera que la Conselleria «no trate con la misma displicencia y oposición del gobierno anterior a la petición de los padres de respetar los derechos lingüísticos de sus hijos, estudiantes de ESO».

La asociación de profesores, que lucha por una escuela libre de ingeniería social, no concibe que el nuevo conseller dé largas o se oponga. «Es la hora de demostrar que la defensa de la vehicularidad del castellano, o español, en la enseñanza no es una mera frase vacía, sólo útil en procesos electorales», afirma la entidad, que durante la legislatura de la socialista Francina Armengol denunció ante la justicia a la ex presidenta por negar enseñanza en castellano en los colegios de Baleares.

Armengol hizo oídos sordos a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la doctrina del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho de los padres a recibir en castellano el 50% de las clases, con un mínimo del 25% y en al menos en una área, materia o asignatura no lingüística troncal.

Con el cambio de gobierno en minoría del PP, el conseller Antoni Vera se ha mostrado propenso a garantizar el cumplimiento del 25% de educación en castellano en los colegios y a estudiar las peticiones de las familias. «Vamos a intentar garantizarlo al máximo posible y ver qué cambios o reformas vamos a hacer. Nosotros, de momento, garantizaremos la primera enseñanza», sostuvo el conseller en una entrevista con ABC el pasado mes de septiembre.

Por eso, PLIS recalca que «la respuesta que dé la Consejería de Educación a estos padres será la prueba de fuego de si el nuevo gobierno balear respeta la obligatoria vehicularidad del castellano y del catalán«.

La asociación pone en bandeja esta petición expresa de dos familias del IES Calvià y advierte de que «no desearía» tener que llegar a un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB). «La imagen del nuevo gobierno, oponiéndose ante un tribunal, a la petición de padres de que el castellano sea lengua vehicular sería un golpe definitivo a la credibilidad del Prohens y Vera», apunta.

La asociación anima al PP a ir «dando pasos hacia delante» en la conjunción lingüística y no limitarse a la libre elección en primera enseñanza, de 3 a 7 años, y acabar así con la inmersión obligatoria en catalán.

El PP ya ha anunciado que el próximo curso garantizará el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular de sus hijos en infantil, y la irá ampliando a lo largo de la legislatura progresivamente y dando recursos a los centros educativos.

Esta propuesta no convence a Vox, socio externo del PP, que propone un acuerdo de máximos, que aspira a implantar la libre elección de lengua en toda la etapa de infantil y primaria el próximo curso, y en secundaria el siguiente.

Esta cuestión tiene paralizada la aprobación del techo de gasto del Gobierno balear, ya que el PP necesita los votos de Vox para sacar adelante este trámite esencial previo para aprobar los presupuestos de la región. Esta crisis se produce debido a que el ala dura de Vox actúa por libre, sin seguir las directrices de su líder Santiago Abascal, y amenaza al PP con bloquear los presupuestos si no acelera la aplicación de la libre elección de lengua.

En plena crisis política con Vox, el PP tiene ahora el balón en su tejado en la Conselleria de Educación con esta petición formal de unos padres del IES Calvià, que reclaman que se garantice la vehicularidad del castellano en este instituto.

«Si se oponen a la pretensión de estos padres, quedará claro que el PP es partidario de seguir con la inmersión en catalán en primaria y secundaria, camuflada por la medida cosmética de la libre elección de lengua de 3 a 7 años», apunta PLIS, que recuerda que la jurisprudencia del TS y la doctrina del TC avala a estos progenitores.

«El Supremo dictó la doctrina de que, en modelo de conjunción lingüística, vigente tanto en Baleares como en Cataluña, es obligatorio que los centros impartan en castellano al menos el 25% del horario lectivo y en al menos en una área, materia o asignatura no lingüística de carácter troncal o de carácter análogo», recuerda.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha establecido recientemente la doctrina, a propósito de la la sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley Celaá, de que en las comunidades con dos lenguas oficiales deben ser vehiculares de enseñanza según un patrón de equilibrio o igualdad.