El Papa endurece las normas contra los abusos y extiende el delito de encubrimiento a laicos que presidan movimientos católicos
Insiste en que haya «oficinas fácilmente accesibles» en cada diócesis para recibir las denuncias
Primer acto de perdón de España con las víctimas de abusos
El Papa, este sábado en una audiencia en el Vaticano
En mayo de 2019 el Papa promulgó de modo provisional las normas y procedimientos para combatir los abusos sexuales en la Iglesia, y este sábado ha confirmado algunos aspectos y endurecido otros. «Aunque se ha avanzado mucho, debemos seguir aprendiendo de las amargas lecciones ... del pasado para mirar con esperanza hacia el futuro», escribe ahora el Papa en el texto que actualiza el motu proprio «Vos estis lux mundi».
La principal novedad que entonces lanzó Francisco fue establecer un procedimiento de denuncia contra obispos que habían cometido abusos o que «por acción o por omisión» encubrieron a sacerdotes denunciados. Ahora, equipara esa norma a «laicos que son o hayan sido moderadores de asociaciones internacionales de fieles reconocidas o erigidas por la Sede Apostólica, para los hechos cometidos durante su mandato». Se refiere a líderes laicos a cargo de movimientos de la Iglesia.
Hace cuatro años la ley recitaba que las diócesis, juntas o por separado debían «establecer uno o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar señalaciones (de abusos)», pero ahora ordena estructurarlos y que haya «organismos o oficinas fácilmente accesibles al público para recibir las señalaciones (de abusos)». El Vaticano ha insistido en que sean «fácilmente accesibles», y no sólo encargos de fachada.
El Papa subraya que «cualquier persona puede presentar la denuncia», y dice que deben hacerlo especialmente «laicos con encargos o que ejercen ministerios en la Iglesia». Además, mantiene la obligación de que los sacerdotes y religiosos denuncien inmediatamente cualquier abuso del que tengan «noticia o motivos fundados de sospecha», con la excepción de los conocidos por la confesión.
Cuando esa oficina recibe una denuncia, se debe informar al Vaticano y llevar a cabo una investigación para decidir si abrir un proceso o archivarlo. Independientemente de dónde se haya presentado, el responsable de hacer esta investigación preliminar es el obispo del lugar donde se produjeron los abusos.
Menores y adultos vulnerables
El decreto detalla cuestiones técnicas y precisa mejor expresiones vagas de la versión precedente. El texto se armoniza con otras normas contra los abusos lanzadas después de 2019, como la reforma del Derecho penal canónico de diciembre del año 2021. Por ejemplo, no se limita a «pornografía infantil«, sino a pornografía con menores, y se equipara el abuso de menores, de adultos vulnerables y de «personas que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón».
Pero no se limita a los abusos a menores. En un texto explicativo publicado junto al decreto, el Vaticano destaca que la norma «sigue incluyendo no sólo las molestias y las violencias contra menores y adultos vulnerables, sino también la violencia sexual y las molestias derivadas del abuso de autoridad». Significa que también están obligados a denunciar «violencia contra religiosas por parte de clérigos, o molestias a seminaristas o novicios mayores de edad».
La nueva ley recuerda que no se puede imponer ningún vínculo de silencio ni a denunciantes ni a las víctimas, como ya estableció con la modificación del «Vademecum» que guía a los obispos cuando abordan estos casos. Esto les deja las manos libres para emprender acciones legales en ámbito civil. Por otro lado, si antes el acusado veía siempre «reconocida la presunción de inocencia»; ahora, también «deben ser protegidas la legítima tutela de la buena fama y la vida privada de todas las personas envueltas, además de la reserva de los datos personales».
Confirma que cuando un obispo es denunciado por abusos o por encubridor, el responsable de dar curso a la señalación es el metropolita de la zona, que suele ser el arzobispo de la diócesis más importante de su región. Éste debe avisar inmediatamente al Vaticano, que le dará instrucciones sobre cómo proceder. Además, establece la obligación de retirarse de una investigación en caso de conflicto de intereses, o de denunciar si quien investiga incurre en esa situación; y pide que los casos se resuelvan en «breve plazo».
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La génesis de esta norma es la cumbre mundial de presidentes de conferencias episcopales en el Vaticano en febrero de 2019. «Lo que estamos haciendo está teniendo resultados, pero obviamente hay que seguir trabajando», reconoció satisfecho el Papa en una entrevista publicada el pasado mes de febrero. El departamento vaticano encargado de la Tutela de menores, está preparando un informe sobre cómo las diócesis están poniendo en práctica estas normas.