El padre al que le han negado el 25% de castellano en Baleares: «Consuela que la mitad del tribunal discrepe»

Tres de los cinco magistrados de la Sala de lo contencioso administrativo la desestimaron alegando que «afectaría gravemente al interés general» y que no se acreditaba un perjuicio grave o irreparable para la alumna. Además, consideraron que las sentencias del Supremo que reconocen el uso vehicular del español en las aulas sólo afectaban a Cataluña.

La decisión ha dividido al tribunal y dos juezas discrepan de sus colegas. En un contundente voto particular sostienen que se tendría que haber admitido la medida cautelar, entre otras cosas, porque en caso de obtener una sentencia estimatoria, la estudiante ya no podría volver el curso atrás «de forma que el recurso planteado y la sentencia dictada, no tendrían porella absolutamente ninguna utilidad, y el recurso perdería toda su finalidad».

Iglesias atiende a ABC reconfortado porque dos de los cinco magistrados de la Sala de lo contencioso administrativo le dan la razón. «Consuela que la mitad del tribunal discrepe», sentencia este padre que interpuso un contencioso el pasado mes de junio, como avanzó ABC, invocando la jurisprudencia generada en Cataluña, después de que la Consejería de Educación, comandada por el socialista Martí March, no atendiera su petición por silencio administrativo.

El TSJB le responde que «ninguna de las sentencias invocadas, por Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, versan sobre el modelo lingüístico de enseñanza de Baleares». La misma tesis que el Gobierno liderado por Francina Armengol ha defendido para desoír las peticiones de enseñanza en castellano.

Aunque los magistrados no entran en el fondo, señalan que «el interés social y general supera en cuanto a la intensidad de su necesaria protección a cualquier interés particular como el del recurrente». Por tanto, creen que esta medida cautelar –que consistiría en aplicar el 25% de clases en castellano en el aula de la hija de Iglesias- «afectaría gravemente al interés general», mientras que denegarla es «prácticamente inocuo» porque «no existe constancia sobre un supuesto perjuicio relevante» para la menor. Añaden los jueces que esta «concesión alteraría el régimen de prestación de servicio público educativo, en la medida que se distorsionaría el modelo establecido por el legislador y obligaría a predeterminar, para el instituto, un proyecto lingüístico específico para la hija del recurrente y sus compañeros de clase».

En el voto particular, sin embargo, las dos juezas refutan estos tres argumentos, señalan que el proyecto del centro educativo contempla como única lengua vehicular de enseñanza el catalán y reprochan a la Consejería de Educación su silencio ante la petición de este padre. «La administración calla. No ha suministrado ni entonces ni tampoco ahora en fase cautelar, información sobre qué otros centros educativos de enseñanza podrían satisfacer las exigencias solicitadas por el recurrente», detallan las juezas.

Las magistradas consideran que «el perjuicio irreparable en el buen conocimiento y dominio de esta lengua resulta evidente». Además, defienden que las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional referentes al modelo lingüístico territorial y estatal, que los otros tres magistrados consideran que no afectan al sistema educativo de Baleares, podría aplicarse en «cualquier territorio con lengua propia».

Salvador Iglesias afea al tribunal que «deduzca que los alumnos que no solicitan la enseñanza en español es porque no la quieren. Es un argumento subjetivo y tendencioso». «La mayoría de los coreanos del norte no ha pedido democracia y eso no significa que estén muy contentos con la dictadura, según estos jueces», responde con sorna aunque esperanzado. «Si este Gobierno cambia las leyes en beneficio de los catalanistas mi batalla estará perdida; pero si la justicia y las leyes son imparciales, lo conseguiré», indica. Hablamos Español, que ha dado apoyo jurídico a Iglesias, lamenta que no se atienda la petición de medidas cautelares, ya que habrían «acortado la vía judicial».

No obstante, anuncia que en breve presentará un recurso ante el Tribunal Supremo y de este modo abrirá la posibilidad de acortar los procedimientos para todas las familias, «las de los casos que ya tenemos en el TSJB y las que se puedan incorporar». «Sabemos que el camino hacia el respeto a la legalidad y para conseguir la no discriminación del alumnado hispanohablante, es de difícil recorrido, porque en España se anteponen el fanatismo y los intereses políticos a los derechos de los alumnos y a su mejor educación, pero desde Hablamos Español vamos a dar la batalla con la intensidad y el tiempo que sean necesarios», asegura Gloria Lago, presidenta de la asociación.

A la espera de la sentencia que dicte un criterio sobre la aplicación del uso del castellano como lengua vehicular en las escuelas de Baleares, la decisión ya llega tarde. La hija de Iglesias regresó a EE.UU. el pasado agosto después de tres años viviendo con su padre en Mallorca con el 100% de las clases en catalán, incluso la asignatura de inglés. «En Chicago está muy contenta y saca muy buenas notas», se consuela su padre, donde «incluso la información de su escuela en Chicago es bilingüe».