La «odisea» del 'Señor Ñ' para vivir en castellano en Cataluña

Bartolomé Giralt (nombre ficticio), nacido en Cataluña pero de origen castellano, ha vivido una «odisea» de casi un año para conseguir un derecho constitucional, que la administración, en diversos departamentos e instituciones, le atienda e informe en español, lengua, junto al catalán, cooficial en Cataluña. Desde febrero de 2024, este ciudadano catalán, que reside en una localidad próxima a Barcelona, ha reclamado ese derecho a su ayuntamiento, a la Diputación de su provincia, a hospitales y a centros de salud de referencia, así como a diversos organismos de la Generalitat. Algunos han tardado meses en responderle; otros, han aparcado su reclamación dando el caso como «cerrado» sin darle explicaciones. Los menos sensibles con su demanda, simplemente le han denegado ese derecho.

Las instituciones que han accedido a traducirle los documentos o las comunciaciones han reconocido que tiene el derecho a recibir la documentación en castellano pero le han precisado que «habrá que pedirlo cada vez» y pasar por el mismo proceso una y otra vez. Hablamos Español (HE) da fe de que el caso de Bartolomé es el de muchos catalanes que «no se someten a la dictadura del catalán e intentan 'vivir en castellano' en Cataluña».

«No es un caso aislado. Además, no solo ocurre en Cataluña. Está sucediendo también en Galicia y en Baleares, y en la Comunidad Valenciana va en aumento. Asimismo, en la Comunidad Autónoma vasca ya estamos detectando algunos casos de monolingüismo administrativo en euskera«, asegura a este diario Gloria Lago, presidenta de HE.

Con la publicación de este caso, la entidad emprende una campaña «para exigir desde toda España, que se respete la cooficialidad en todo el territorio«. «Mientras una persona que prefiere que se use con ella el catalán, es respetada, los hispanohablantes tenemos que soportar trámites, ninguneos y negativas, contraviniendo la Constitución Española», apunta Lago.

La «odisea» de Bartolomé Giralt empezó a inicios de 2024. Desde febrero y hasta este mes de diciembre, este hispanohablante, que, pese a haber nacido y vivido en Cataluña nunca ha renunciado a su derecho a usar el español en esta Comunidad, donde es lengua cooficial, se ha dirigido al Servicio Catalán de Ocupación (SOC), al Servicio Catalán de Salud (CatSalut), al CAP de su población, al hospital de referencia en su zona, a la Consejería Catalana del Deporte, a la Agencia Tributaria y a la Dirección General de Tráfico, entre otras instituciones. En todas ellas, ha reclamado insistentemente que le envíen en castellano todas las comunicaciones, la información institucional, la rotulación y las campañas que lanzan.

También ha presentado dos veces ante la Generalitat de Cataluña sendas peticiones para que se dirijan a él en español y para solicitar que la rotulación en los espacios oficiales incluya esa lengua. Todos sus intentos han sido en vano y ninguna institución, según ha podido comprobar ABC, ha accedido a su petición inicial de que se las envíen directamente en español. Las que más han colaborado se han limitado a enviarle el mismo documento traducido.

Todas las respuestas, según denuncia Hablamos Español, apuntan en una misma dirección: «Tendrá que pedir la traducción al castellano cada vez que reciba una comunicación y la rotulación se quedará como está, monolingüe en catalán» le han repetido consecutivamente. En ocasiones, según denuncia la entidad, «ni siquiera le traducen el documento que pide en español y en varias ocasiones recibe el silencio administrativo como respuesta, o descubre siguiéndole el rastro a su queja, que en la plataforma oficial figura como caso cerrado». Uno de los casos más flagrantes, según apunta el afectado, ha sido la respuesta del Servicio Catalán de Salud, que se ha limitado a enviar su caso a la Oficina de Atención al Ciudadano de la zona para luego archivarlo.

El organismo al que ha reclamado más veces sus derechos (nueve veces) y el que «peor me ha tratado» es el sistema Catalán de Salud. Después de todas las peticiones realizadas a lo largo del año le repiten insistentemente que el catalán es «la lengua de relación de la Administración«, y que si quiere los documentos en español, tendrá que reclamarlo a cada organismo. «Eso supone, tal y como apuntan desde HE, empezar de cero». Le reconocen, sin embargo, y aludiendo al propio Estatuto de autonomía en su articulo 33, «el derecho de opción lingüística de los ciudadanos en las relaciones con las Instituciones, las organizaciones y las administraciones públicas en Cataluña, por lo cual se presupone el derecho a utilizar la lengua oficial que escojan».

Hablamos Español ha elevado al Defensor del Pueblo el caso de Bartolomé. En la asociación reciben a diario quejas de otros hispanohablantes que viven la misma situación. En su escrito de denuncia la entidad recuerda que «no incluir el español en documentación, rotulación y campañas no respeta el principio de cooficialidad lingüística, dificulta la comprensión, supone una traba ilegítima, y envía un mensaje visual al receptor en el sentido de que hay una lengua que goza de un estatus de oficialidad mayor que la otra». En este sentido, la entidad apela al artículo 3.1 de la Constitución que establece que «solamente el castellano es lengua oficial en toda España y cuyo conocimiento es un deber para todos los ciudadanos españoles, que no tienen el deber de conocer ninguna otra, ni tampoco de usarla, ni siquiera, 'pasivamente'».

Recuerda también los pronunciamientos judiciales que «reiteran que el castellano es también lengua de uso normal de los poderes públicos, no pudiendo ser preferente el uso de ninguna de las lenguas cooficiales en un territorio y que son los particulares quienes ejercen el derecho de opción lingüística». En este sentido, Hablamos Español apela a la Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 26 de enero de 2000 (Sección 4 – recurso de casación 66/1994). «En su Fundamento de Derecho Segundo y con cita en Jurisprudencia constitucional y previas Sentencias del Tribunal Supremo se rechaza la utilización excluyente de otras lenguas en impresos internos, rótulos de despachos, sellos, impresos destinados a los ciudadanos, inscripciones en registros administrativos y señales de tráfico pues 'hurta el conocimiento de la información a los que no entienden esta lengua con la consiguiente discriminación'», arguye Hablamos Español.

Subraya, asimismo que es ilegal excluir el castellano de la actividad interna y externa de la administración. «La declaración de oficialidad de una lengua no es una condecoración o un título honorífico; implica unas consecuencias, siendo una de ellas que esta lengua esté presente en las administraciones públicas. Así se aplica en todos los países con cooficialidad lingüística y se lleva a cabo de este modo a pesar del gasto que pueda implicar elaborar rotulación o documentación en varias lenguas», concluye HE.

Bartolomé se confiesa cansado pero no está dispuesto a «dejar de luchar para que se respeten sus derechos». Lleva años recibiendo portazos pero no le importa. Lamenta el clima de crispación que reina en Cataluña desde hace años. «Cuando hablas en español, la gente lo entiende como una agresión. Hay rechazo hacia esta lengua y hacia todo lo relacionado con España. Es muy doloroso ver todo eso para una persona que ama su país», dice Bartolomé. Lo que más le duele de todo es, según dice, «que no puedas aprender en tu lengua materna» y culpa al Gobierno de transigir durante años al dictado nacionalista y de permitir esta situación.

«El problema no es solo la Generalitat, nos ha abandonado el Gobierno«, precisa. No es un recién llegado, es, según explica, la tercera generación en Cataluña pero, según denuncia, »me siento más extranjero que un senegalés que acaba de llegar y se inmersiona sin problema porque no tiene ningún sentimiento hacia España«. »¿Sabe lo que es no poder respirar en tu lengua«, indica a este diario. Este catalán hispanohablante que no quiere renunciar a su ADN español sabe que la situación no tiene visos de mejora. Pese a ello, no está dispuesto a abandonar la trinchera. »No tengo porque renunciar a ejercer mis derechos por una cuestión política«, concluye.