Hablamos Español reclama a las consejerías de Salud que se respete la cooficialidad del español en el ámbito sanitario

La documentación ha sido registrada por responsables de la asociación en las dependencias de los respectivos gobiernos autonómicos. En el caso de Cataluña, la ha presentado personalmente la presidenta de la entidad, Gloria Lago, quien ha avanzado en declaraciones a ABC que si la administración autonómica no responde elevarán su denuncia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

«Nos hemos propuesto devolver el español a los hospitales y a los centros de salud. La exclusión del español de un ámbito tan sensible, es una buena muestra de lo absurdas y fanáticas que son las políticas lingüísticas llamadas normalizadoras, ¿hay algo más normal que poder trasladarte por tu país viendo la lengua oficial común en todos estos espacios?«, ha dicho la responsable de HE.

El problema de la imposición lingüística que existe en todas las comunidades autónomas con cooficialidad no se limita al ámbito educativo, sino que se extiende a todos los sectores, también al administrativo. El de la administración sanitaria es, a juicio de HE, «el más grave, por lo sorprendente, entorpecedor y absurdo que supone eliminar una lengua oficial y hablada en toda España, de la señales y documentos en un ámbito que afecta a la salud».

«La eliminación del español de los espacios sanitarios sostenidos con fondos públicos es casi absoluta en Galicia y Cataluña, está muy extendida en Baleares y va ganando terreno en la Comunidad Valenciana. Por ahora se salvan Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca. En esta última lo que más nos preocupa en este momento son los cambios legislativos que se están gestando para implantar un sistema lingüístico en la educación similar al catalán, aunque ya hemos encontrado algunos ejemplos de monolingüismo en la cartelería sanitaria», denuncia la presidenta de Hablamos Español.

Según la entidad, la falta de cumplimiento de la cooficialidad lingüística en estas comunidades «va más allá de la rotulación, documentación y campañas sanitarias».

El equipo de abogados de Hablamos Español basa su fundamentación jurídica en la Constitución española, en sentencias del Tribunal Constitucional (TC), y en tratados internacionales ratificados por España. También se incluye argumentación de Defensores del Pueblo que ya se han pronunciado respecto a peticiones realizadas por Hablamos Español en este ámbito.

Por otra parte, invocando el derecho a participar en los asuntos públicos que consagra en art.23 de la Constitución española, se adjuntan las firmas de 100 usuarios de la Sanidad Pública de cada comunidad autónoma y de 1.000 de otras comunidades sin cooficialidad lingüística, por cuanto que la defensa de los derechos civiles expresados es de naturaleza común a todos los españoles, cuando «….tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional» de acuerdo con el art.19 de nuestra Carta Magna, y la «indebida existencia de un monolingüismo en lengua cooficial autonómica, supone un trato discriminatorio, vulnerador del artículo 14 de la Constitución, así como de los Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad contenidos en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público«, señala HE.

«La normalización lingüística no puede conseguirse, ni ha de hacerse, sobre la base de la infracción de las disposiciones vigentes», dice Lago. «Todos los ciudadanos españoles tienen derecho a circular libremente por los centros sanitarios del país sin tener que recurrir a un servicio de traducción», añade la presidenta de la entidad.

«Es por eso, -aclara Lago- que la Administración Pública a la hora de elaborar concretas políticas de normalización lingüística, ha de encontrar el punto justo de equilibrio entre las necesidades de fomentar y potenciar el uso oficial y social de la lengua cooficial de ámbito autonómico, y los derechos lingüísticos reconocidos a todos los ciudadanos de esta CCAA, sea cual sea su realidad idiomática«.

De forma paralela al inicio de este procedimiento se llevarán a cabo acciones de presión y concienciación y una ronda de contactos con los responsables de Sanidad de estas comunidades autónomas.