Matemáticas en catalán para cumplir el 25% de español: «Se saltan la sentencia sin pudor»

«Finalmente lo aplicó, aunque siempre he tenido que estar pendiente y este curso directamente ha dejado de acatarlo o lo acata a medias sin ningún tipo de pudor ni explicación», afirma la denunciante en declaraciones a este diario. Según Ungerer, el instituto Valèria Haliné de Castelldefels (Barcelona) empezó el curso 2024-2025 «obviando directamente la sentencia» y presenta a este diario pruebas de ello.

«Mi hija llegó a mediados de octubre a casa diciendo que le impartían las Matemáticas, asignatura escogida por el instituto para cumplir con el 25% de castellano, en catalán y que las fichas con las que trabajaban la materia estaban también redactadas en la lengua autonómica», explica Dafne. El 18 de octubre de 2024, tras conocer el incumplimiento del fallo, envió un correo a la dirección del instituto quejándose de que no se estaba cumpliendo la cuota de castellano.

«Solicito que se imparta inmediatamente una asignatura troncal en castellano, se realice el cambio de material al idioma correspondiente (a toda la clase como establece la Justicia) y se me informe de qué materia será», dijo la madre en un correo dirigido a la dirección del centro el 18 de octubre, consultado por ABC.

El responsable del instituto le confirma en otro correo del mismo día (más de un mes después de que empezaran las clases) que la materia no optativa elegida para dar cumplimiento al fallo son, efectivamente, las Matemáticas pero que «se está a la espera de que la editorial Teide proporcione las licencias de esta materia». Así consta textualmente en la respuesta que le dio el centro a Ungerer a las pocas horas de su reclamación.

«Empezaron el curso sin cumplir el fallo y si no llega a comentármelo mi hija lo seguirían haciendo», asegura la denunciante, que ha sido amparada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en todo el proceso.

Tras su protesta, el centro empezó a dar la clase en castellano pero brindó, según expone la madre, «la opción a los alumnos de acceder al material on-line de apoyo de la asignatura en las dos lenguas, catalán y castellano». «O sea, los alumnos que quieren seguir la materia en catalán lo hacen y eso es incumplir la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo, que obliga a que todos los alumnos del aula en la que se encuentra el afectado reciban la asignatura en castellano», recuerda Ungerer.

Otro incumplimiento «flagrante» del fallo por parte de la dirección del instituto es, según la madre, que «el profesor que imparte las matemáticas solo ofrece la posibilidad de realizar los trabajos y exámenes en español a mi hija, lo que viene a ser con toda regla una atención individualizada, contraviniendo a lo que dictan los tribunales». Por esta razón, Dafne ha pedido insistentemente a la dirección del centro que cumpla rigurosamente el fallo »de una vez por todas o se atenga a las consecuencias».

Durante estos años, ha reclamado también obtener las comunicaciones del instituto en español, algo en lo que la Justicia también la ampara, pero, según constata, tampoco ha logrado. «Siempre escribo en castellano y el tutor me contesta en catalán. El director sí me responde en castellano pero las comunicaciones del instituto son a través de una aplicación y en la parte de configuración aparece solo el catalán y no te da opción a cambiar el idioma con lo que yo lo recibo todo en catalán», precisa Dafne, quien lamenta la falta de sensibilidad de los diferentes gobiernos con estos incumplimientos.

Se muestra especialmente crítica con el partido socialista. «Creíamos que con ellos mejoraría la situación pero va a peor; lo que importan son los votos», dice Ungerer y lamenta que la Generalitat siga con su «imposición lingüística» pese a las recomendaciones de la misión europea que hace un año visitó Cataluña. «Yo fui una de las madres que habló con los eurodiputados y su informe fue claro respecto a lo que pasa en Cataluña, sin embargo de momento no ha cambiado nada», apunta la madre.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe avanza a este diario que «si la dirección del centro no acata la sentencia en enero emprenderán acciones legales». «Lo denunciaremos en el Contencioso-Administrativo porque es un funcionario público y debe cumplir lo que dicen los tribunales», apunta Ana Losada, presidenta de la AEB. Losada denuncia también la inacción de la Alta Inspección ante estas situaciones.

«Es inaceptable que la Alta Inspección se inhiba ante centros que incumplen las sentencias», concluye la responsable de la AEB. Portavoces del instituto consultados por este diario niegan que no se esté cumpliendo la sentencia. Aseguran que actualmente «se está impartiendo la asignatura con materiales en castellano en todo el grupo». La madre lo desmiente y aporta pruebas.