«Presionaron a familias para que no pidieran el 25% de castellano»

«Éramos 19 familias a las que nos unía un objetivo: que nuestros hijos tuvieran más castellano en su currículo», explica la madre en declaraciones a ABC. Tras varios encuentros con los miembros del grupo, las asociaciones Hablamos Español (HE) y Convivencia Cívica Catalana (CCC), que asesoraron a Dory en su reclamación, decidieron crear un chat para informar a los padres interesados sobre sus derechos en este sentido. Era junio de 2021, antes de las vacaciones de verano. Acabaron las clases y vino el paréntesis estival. Al volver a la normalidad, según explica la madre en declaraciones a ABC, «llegaron los problemas». «Se retomaron las clases y vi que no quedaba ningún padre en el chat. Todos se habían dado de baja», denuncia la afectada. A partir de aquel momento, empezó a ver también como familias a las que les unía ese vínculo y con las que había tenido buena relación «empezaron a hacerme el vacío».

«Algunos no solo no contestaron a mi pregunta de que qué les había pasado, por qué habían abandonado el chat; sino que empezaron a evitarme. Me huían claramente», denuncia López. Tras varios intentos de saber qué había ocurrido, finalmente, una familia admitió que la dirección de la escuela les había llamado «uno por uno para intentar hacerles desistir de su idea de pedir más español». «Lo imaginaba porque no podía haber otra explicación, pero me lo confirmaron directamente algunos padres. El centro les presionó para que no reclamaran el 25 por ciento de español», asegura.

La situación no detuvo a Dory López, que siguió luchando para aumentar la presencia de castellano en el currículo de su hijo. Tras la negativa de la Generalitat, recurrió en 2021 a los tribunales y logró esa proporción para su vástago en julio de 2023. Fue una de las resoluciones emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se dictaron desde que el Govern catalán aprobó su arsenal legal (Decreto-ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, y Ley 8/22 sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria) para eludir la aplicación de la sentencia de diciembre de 2020 que dicta un 25 por ciento de castellano en todo el sistema educativo.

«Al día siguiente de que concedieran a mi hijo el 25 por ciento de castellano me pincharon una rueda del coche», denuncia la madre. «Una vecina vio como dos jóvenes iban directamente a buscar mi vehículo. De hecho, fue el único al que dañaron la rueda. Fueron a por mi coche», dice la madre.

Ahora, el alumno, que cuando su familia inició la reclamación cursaba quinto curso de Educación Primaria, se encuentra en segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en un centro concertado de Barcelona. «No lo matriculé en la pública porque quería evitar encontrarme con el mismo problema», dice Dory. Según explica, en el centro en el que su hijo recibe clases ya se imparte más castellano de forma generalizada.

Dory lamenta que familias como la suya tengan que «ser señaladas y luchar sin ningún tipo de amparo institucional para lograr un derecho que nos reconoce la Constitución». «Esto está sucediendo desde hace tiempo con la complicidad del Gobierno central y del PSC que tienen totalmente abandonadas a las familias que somos muchas, en definitiva a la gran masa de la población catalana que no es independentista y que tiene que pagar estas consec uencias», concluye la madre. Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, expresa en declaraciones a ABC su indignación por lo sucedido en esta escuela. «Era la primera vez que conseguíamos reunir a tantas familias del mismo centro para pedir más horas de español», indica la presidenta de Hablamos Español.

«Dory les explicó a los padres que estaban en contra de la inmersión qué derechos tenían. Lo hizo con paciencia mientras esperaban que salieran los niños del colegio. Después, con toda la documentación enviada desde Hablamos Español a la Consejería de Educación de la Generalitat, abrimos un grupo de Whatsapp para ir informándoles de la evolución de la solicitudes, pero en un momento determinado, empezaron a desaparecer, solo Dory siguió adelante», lamenta Lago.

Asegura que varias madres que formaban parte del chat reconocieron que la dirección del colegio les había contactado para hacerles desistir de su idea.

«Varias madres con las que hablé me contaron que habían recibido presiones por parte del colegio. Fue descorazonador. Son como una apisonadora. Que una familia lo consiga, les molesta, si son más, se convierte en un problema que hay que atajar y se emplearon a fondo hasta lograrlo», concluye la presidenta de HE. Este diario pidió a la escuela su versión pero al cierre de esta edición no la había obtenido.