La marihuana marea a Tailandia

El proceso resulta peculiar desde su inicio, bajo un Gobierno militar. Formaba parte de la coalición el partido Bhumjaithai, cuyo presidente Anutin Charnvirakul hizo campaña en 2019 asegurando que la marihuana incrementaría los ingresos de los agricultores. Aupado por un inesperado éxito electoral a ministro de Sanidad, llevó a término su plan antes de redactar el marco regulatorio. La sustancia desapareció de la lista de narcóticos y los fumadores de Tailandia, quienes hasta entonces afrontaban la amenaza de cinco años de cárcel por posesión y quince por producción, de pronto inhalaron tranquilos.

Las prohibiciones eran mínimas –no consumir en espacios públicos, no vender a menores ni embarazadas, no comercializar compuestos con más de un 0,2% de tetrahidrocannabinol (THC)–. Los preparativos, también. «La sensación general era de 'sálvese quien pueda' por la falta de claridad y supervisión», explica Gloria Lai, directora para Asia del Consorcio Internacional sobre Política de Drogas. «Hasta el mismo día en que la medida entró en vigor la gente no sabía si podría ir a una tienda y comprar cannabis. Solo al ver las colas que se formaron entendieron que todo el mundo podía hacerlo».

La experiencia de Tailandia ilustra hasta qué punto el diseño y la ejecución de políticas públicas están condicionados por las motivaciones del legislador, en este caso crematísticas. Todos los actores involucrados hacían referencia a las sugestivas estimaciones de la Universidad de la Cámara de Comercio de Tailandia, según las cuales el sector nacional de la marihuana podría llegar alcanzar un valor de 43.900 millones de baht (1.114 millones de euros) para 2025. Una legislación temprana concedería al país, además, una posición ventajosa en segmentos de rápido crecimiento como el sanitario. Tailandia ya se había colocado a la cabeza de Asia cuando en 2019 aprobó el consumo médico.

Parte de los cálculos apuntaban a lo lejos. Tailandia, el octavo país más visitado del mundo y con un quinto de su PIB sostenido por el turismo, vio cómo en 2021 la pandemia reducía las llegadas a medio millón escaso, comparado con el récord de cuarenta logrado en 2019. La legalización, por tanto, contribuiría a recuperar un terreno indispensable. Surtió efecto: aquel agosto las autoridades incrementaron sus previsiones anuales de siete millones de viajeros a diez. El año acabó por encima de once.

Otros, por contra, a las profundidades. El sistema penitenciario tailandés encabeza las listas internacionales de abarrotamiento. Tres cuartos de sus reos lo son por faltas relacionadas con estupefacientes, legado de la guerra contra las drogas comandada en 2003 por el entonces primer ministro Thaksin Shinawatra, la cual en su primer trimestre dejó 3.000 asesinatos extrajudiciales.

Pero la legalización abría una nueva era. 4.200 presos salieron ese mismo día a la calle, donde la hoja de cinco puntas se volvía símbolo omnipresente a medida que los dispensarios germinaban por doquier; más de 20.000 –registrados legalmente– según datos del ministerio de Sanidad. Sin embargo, la falta de control generó intranquilidad en parte de la sociedad. «En general, el Gobierno no lo gestionó de manera adecuada. El ministerio no hizo un buen trabajo a la hora de abordar las preocupaciones de la gente, en particular respecto a los jóvenes», comenta Lai. «La reacción posterior era previsible».

Si unas elecciones prendieron a toda prisa el canuto, las siguientes lo aplastaron contra el cenicero de inmediato. Tailandia acudió a las urnas en mayo de 2023. En agosto quedó confirmada la mayoría parlamentaria de Srettha Thavisin, quien en septiembre advertía: «No estoy de acuerdo con el uso recreativo del cannabis». Con 2024 recién estrenado, el primer ministro adelantó su propósito de volver a incluir la sustancia en la lista de narcóticos «antes de final de año».

«Las drogas son un problema que destruye el futuro del país, mucha gente joven es adicta», afirmó Srettha entonces. Las encuestas indican que el porcentaje de adultos jóvenes consumidores de cannabis se ha multiplicado por diez –del 0,9 al 9,7%– en los dos años transcurridos desde la legalización, cifras alarmantes aunque no del todo representativas al obviar contextos punitivos antagónicos. «Tenemos que actuar rápido», ordenó, en un aparente retorno al modelo de acción policial de su padrino Shinawatra. «Cuando algo se vuelve ilegal se produce una transferencia de poder hacia las fuerzas de seguridad, las redes de crimen organizado y el mercado negro», señala Lai. «Es una estrategia muy limitada, poco eficaz y dañina».

Con la marihuana amortizada para Anutin, elevado ya a vice primer ministro, el encargo de dar media vuelta recae en su sucesor, Somsak Thepsutin. El responsable de Sanidad ha confirmado que mantendrá el consumo medicinal, aunque delineando de manera más estricta los requisitos en la nueva legislación. Esta podría entrar en vigor a partir del año próximo, según el curso que tome el Gobierno tras el cese de Srettha y la llegada al poder de Paetongtarn Shinawatra, hija de Thaksin.

En respuesta, consumidores, activistas y empresarios han organizado manifestaciones reiteradas e incluso huelgas de hambre para exigir una regulación pormenorizada en lugar de un veto general. «Lo esencial es garantizar el acceso», incide Kitty Chopaka, portavoz de la asociación Cannabis Future Network y propietaria de un dispensario en el centro de Bangkok. «Hace dos años había gente que no podía conseguir cannabis para sus tratamientos de cáncer, así es como empezó todo. No podemos permitir que haya personas que vayan a la cárcel por tener una planta en casa».

En el fondo de la cuestión subyace un debate: ¿es la legislación una medida administrativa o moral? Es decir, ¿se trata simplemente de la manera idónea de gestionar desde un punto de vista técnico un riesgo para la salud pública o contiene por contra el reconocimiento implícito de que las consecuencias del consumo de marihuana no ameritan semejante respuesta penal? Ahí enclavan su argumentario los activistas tailandeses cuando exigen que su Gobierno pruebe que el cannabis resulta más perjudicial que el tabaco y el alcohol o, de lo contrario, liste también ambas sustancias como narcóticos. «Tener que protestar por esto es ridículo», suspira Kitty, «solo queremos información no sesgada que permita legislar desde los hechos».

Este zigzag ilustra asimismo el impacto de bailotear con la potestad punitiva del Estado en detrimento de las libertades individuales, y la inseguridad jurídica que esto genera. «Como propietaria de un dispensario, durante los dos últimos años he proporcionado a las autoridades muchísima información sobre mí. Ahora temo que puedan entrar y registrar mi casa en cualquier momento. El THC tarda mucho en desaparecer de tu organismo si eres consumidor desde hace tiempo, ¿me pondrá eso en peligro?», lamenta Kitty.

Por eso, «siempre llamamos a implementar un modelo basado en evidencias empíricas, que sea transparente, informado y responda ante las personas afectadas», defiende Lai. «Las partes interesadas deberían haber sido invitadas a participar. En el caso de Canadá, por ejemplo, la legalización requirió varios años. Tailandia debería haber seguido un proceso similar». El Gobierno, en cambio, trata ahora de corregir un error con otro. «Tampoco ahora están tomando una decisión informada, es una reacción que no está fundamentada en evidencias empíricas».