El informe sobre libertad religiosa denuncia «prejuicios anticristianos» en España

«Queremos poner la bandera de la libertad religiosa en el debate público», ha explicado Raquel Martín, responsable de comunicación de ACN en España, quien también ha recordado que según el último informe señala que se ha producido «un recrudecimiento de la persecución religiosa» y que la práctica de este derecho ha empeorado en 47 países. Por esa razón consideran necesario hacer «una llamada de atención para que la sociedad española abra sus ojos», para lo que han convocado un «gran acto por la libertad religiosa» el próximo 5 de octubre en la Fundación Pablo VI de Madrid

Tampoco en España «faltan los problemas» en relación a la libertad religiosa, a pesar de que «está garantizada por la ley», según recoge el informe de 2023 en relación a nuestro país. De forma concreta cita «el aparente aumento de incidentes y prejuicios anticristianos», que van desde «ataques físicos a propiedades e individuos hasta un cierto clima en el que el Gobierno actual parece demostrar una creciente intolerancia hacia el grupo religioso mayoritario».

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Una actitud -la del Ejecutivo de Sánchez- que «se ha puesto de manifiesto en las decisiones políticas relativas a la reforma de la educación o la sanidad, el debate sobre la objeción de conciencia en relación a la nueva ley de eutanasia y la cuestión de los abusos a menores, en la que la Iglesia católica parece ser objeto de investigación a la vez que se observa una aparente falta de atención a casos similares perpetrados por otros grupos de la sociedad española».

Así, entre los delitos de odio, el informe de 2023 recoge el atentado terrorista en Algeciras, en que un hombre con vínculos extremistas islamistas entró en dos templos católicas, destruyó el altar de uno de ellos, asesinó a machetazos al sacristán e hirió gravemente al sacerdote y otros cuatro fieles que salían de misa.

Además, señala otras formas de vandalismo «que constituyen delitos de odio» como la decapitación de una imagen del Niño Jesús en San Lorenzo de El Escorial, la quema de una iglesia en Castellón, o las «demoliciones por parte de las autoridades locales de monumentos religiosos amparándose en la Ley de Memoria Democrática», que son «cada vez más frecuentes».

El informe también recoge los problemas generados por la aprobación de determinadas leyes, como la de educación, la conocida como ley Celaá, que se aprobó «sin el consenso de los grupos de la sociedad civil y la comunidad educativa profesional», y con la que la Religión «deja de ser una asignatura obligatoria», lo que «incumple el concordato entre España y la Santa Sede en materia educativa» a juicio de la entidad.

Con respecto a la eutanasia, el informe también señala las restricciones que la nueva norma plantea en cuanto al ejercicio al derecho de objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios y los problemas con los registros de médicos objetores, que no siempre «respetaban los requisitos de confidencialidad». A este respecto, AIN señala que en este tiempo «algunos obispos han sido duramente criticados por expresar su opinión sobre determinadas leyes, como las de eutanasia y aborto, y se ha intentando impedirles ejercer su derecho a la libertad de expresión».

El informe, que abarca el periodo de enero de 2021 a diciembre de 2022, también recoge la polémica suscitada cuando «el Gobierno acusó a la Iglesia católica de poseer indebidamente unas mil propiedades de las cerca de 35.000 que había registrado entre 1998 y 2015». En realidad se trataba de unos inmuebles que el propio ejecutivo había incluido en listado que entregó a la Conferencia Episcopal y de los que la Iglesia no tenía constancia. La polémica fue aprovechada por «la formación de izquierdas Unidas Podemos» para recordar «su vieja reivindicación de que la Iglesia devuelva al pueblo la catedral-mezquita de Córdoba», señala Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Sobre estas cuestiones, en la presentación de la nueva campaña el asesor jurídico de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) en Bruselas, José Luis Bazán, ha constatado el «preocupante fenómeno de la presión sobre las libertades religiosas en el mundo occidental». 

En ese sentido ha denunciado «el intento de subordinar la libertad religiosa a la libertad de pensamiento y de conciencia», lo que la degradaría a un «derecho de segunda». A su juicio, hay un «prejuicio ideológico» y se «acusa a este derecho de ser una rémora para el progreso social», un «privilegio de los creyentes», queriendo reducirlo a «un derecho amputado» mientras otros derechos son «despóticamente entronizados» como el de «no discriminación».