Ayuda a la Iglesia Necesitada advierte de una «creciente intolerancia» hacia el catolicismo en España

Son algunos de los ejemplos en España que recoge Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2023 (ILR 2023), presentado este jueves. A pesar de que reconoce que «la libertad religiosa está garantizada por la ley», la fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) ha constatado una «creciente intolerancia» hacia el cristianismo en España y un incremento del número de ataques a las creencias y quienes las profesan.

«España es un país donde evidentemente hay un libertad religiosa manifestada y regulada en diferentes leyes pero, como conclusión, hemos visto que han aumentado el número de incidentes, lo que se llama delitos de odio, pintadas, ataques a templos religiosos, han aumentado los prejuicios anticristianos, los ataques físicos a propiedades e individuos y, en definitiva, una creciente intolerancia hacia el cristianismo en España. Se manifiesta también en leyes de educación y de objeción de conciencia, en regulaciones nuevas como la eutanasia», explicaba este jueves el director de ACN España, Javier Menéndez Ros, en la presentación del Informe sobre Libertad Religiosa en el mundo 2023.

El informe advierte que se ha instalado «un cierto clima» en el que el Gobierno actual parece demostrar una creciente intolerancia hacia el grupo religioso mayoritario». Una actitud que se ha puesto de manifiesto «en las decisiones políticas relativas a la reforma de la educación o la sanidad, el debate sobre la objeción de conciencia en relación con la nueva ley de eutanasia». En ese sentido conviene recordar la declaración conjunta firmada por líderes religiosos de los ortodoxos, evangélicos, anglicanos, musulmanes y católicos el pasado febrero en la que denunciaban que «la vida humana queda gravemente desprotegida» por las leyes del Gobierno.

El informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada también incide en «la cuestión de los abusos a menores, en la que la Iglesia católica parece ser objeto de investigación a la vez que se observa una aparente falta de atención a casos similares perpetrados por otros grupos de la sociedad española».

Unos problemas mayores en el cristianismo (por tratarse de la confesión mayoritaria) pero que también han afectado a otras confesiones, como las pintadas antisemitas, en particular las de la localidad de Castrillo Mota de Judíos, o el aumento de los «discursos de odio por parte de la extrema derecha y la falta de acuerdos con algunas administraciones en materia de enterramientos musulmanes», que denunció la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE).

Desde la parte positiva tampoco han faltado los avances como el «clima de mayor aceptación de la comunidad islámica», constatado por el informe anual elaborado por el Observatorio Andaluz. O también, que en la lucha contra el antisemitismo en España, la comunidad judía haya valorado como positivo el proyecto de ley de la asamblea madrileña para que no conceda financiación públicas a «empresas y asociaciones de las que se sospeche que han cometido acciones antisemitas». Lo que lleva a concluir a ACN en su Informe que «a pesar de estos problemas, las perspectivas para la libertad religiosa en España siguen siendo positivas y se mantienen sin cambios».

En este contexto, y ante las elecciones generales del 23 de julio, Menéndez Ros ha pedido a los partidos políticos que «se cumpla de verdad la posibilidad, con libertad y con dignidad, de la objeción de conciencia en temas sanitarios tan importantes como el que afecta al derecho a la vida»; que «en las leyes educación se respete y manifieste lo aprobado en el Concordato» y «respeto a todos los credos religiosos» y a lo acordado con los diferentes gobiernos respecto a los derechos de los creyentes. Además ha reclamado que «cuando se produzcan profanaciones dolorosas y ataques a la dignidad del culto a cualquier religión, se persiga de acuerdo con la ley», algo que considera «de sentido común».

El Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2023 (ILR 2023) no se centra sólo en la situación de España. Al contrario, presenta un amplia información de más de ciento setenta países, para concluir que la libertad religiosa se encuentra amenazada para el 62% de la población mundial, un total de 4.900 millones de personas. Una situación que ha empeorado en 47 países y mejorado en 9, por lo que ACN valora que la persecución y discriminación por causa de la fe se ha «agudizado» en el mundo.

Con respecto a las mayores amenazas para los creyentes, la editora jefe del informe, Marcela Szymanski, ha destacado el «extremismo islamista» y los «gobiernos autócratas» que ejercen violencia y persecución con «total impunidad».

Por continentes, más de la mitad de los países que sufren persecución son africanos (13 de los 28 países de la lista roja) y, entre los motivos, ACN lo atribuye a la «expansión yihadista» sobre todo en el Sahel, la cuenca del lago Chad, Somalia y Mozambique. En Asia, China y Corea del Norte continúan a la cabeza de países con más persecución y violencia por motivos religiosos con «vigilancia total y represiones extremas» hacia la población.

Además, el informe llama la atención sobre India, con una persecución «cada vez más fuerte» y donde en 12 estados se han aprobado o se quieren aprobar «leyes anti-conversión con penas de hasta 10 años de cárcel». También alerta sobre la situación en Pakistán , donde las minorías, como cristianos, hindúes y ahmadíes, sufren las leyes contra la blasfemia.

Por otro lado, en Oriente Medio, ACN avisa de que las comunidades musulmanas están sufriendo «una fuerte crisis interna con una doble deriva». Por un lado, el informa señala que los jóvenes son atraídos por redes terroristas y, por otro, apunta que hay una «gran secularización». Por ejemplo, recoge el caso de Irán, donde hay encuestas que afirman que el 47% de la población se define como no religiosa.

Respecto a los países de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCDE) entre los que se incluyen los de la Unión Europea o EEUU, el informe indica que se ha pasado de una «persecución educada» a una «cultura de la cancelación» con presiones para seguir las exigencias ideológicas imperantes en la actualidad.

El estudio abarca el periodo de enero del 2021 a diciembre de 2022 y es el único realizado por una organización no gubernamental que analiza el cumplimiento y las violaciones de este derecho, recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para todos los credos y en todos los países del mundo.