«La implantación de la 'ley Celaá' es un desastre, hemos tenido que tirar libros a la basura»

«La implantación de la ley ha sido una desastre para nosotros; hay que tener en cuenta que hacemos grandes inversiones cuando hay un cambio de norma para acompañar a los profesores: nosotros no solo hacemos libros, ese concepto de la editorial haciendo manuales como rosquillas está desfasado. Ponemos el alma en los proyectos para colaborar con los profesores y que los alumnos crezcan con juicio crítico», señala Santiago Romero, director general de SM España.

Romero explica el esfuerzo que supone poner en marcha la maquinaria, literalmente, para adaptarse a la nueva ley. «Una vez que llega la legislación intentamos interpretarla y, además, en este caso el texto legal fijaba plazos específicos de implantación. Así, pusimos en marcha nuestras máquinas para que nuestro trabajo esté a disposición de los docentes, pero como ha sido tan fallida la implantación no vemos el retorno», relata Romero.

A esto se suma que el retraso en la llegada de los currículos elaborados por el Estado generó un 'atasco' que arrastraron las comunidades autónomas.

A estas les corresponde, según marca la ley, desarrollar sus propios contenidos una vez que el Gobierno marca los básicos: un 50 por ciento en aquellas que tienen lengua cooficial y un 40 en la que no la tengan. Sin los currículos estatales las autonomías no podían elaborar los suyos lo que provocó, como resultado, la paralización del trabajo de las editoriales.

De hecho, hay algunas regiones que ni siquiera los han aprobado todavía (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco), lo que ha forzado a las editoriales a trabajar con los borradores de los currículos que estas les proporcionaron. «Si el Ejecutivo se hubiera anticipado habríamos llegado; las comunidades también podrían haberlo hecho pero ahora nos encontramos con que estamos sacando dos libros: el del decretos de enseñanzas mínimas y el otro de cada comunidad», lamenta Juan Pedro Castellano, director de la Fundación Edelvives. Carlos Marchena, director de la División Educativa del Grupo Anaya, coincide: «El problema arrancó con el Gobierno y es verdad que las comunidades no han sido tan diligentes pero la realidad es que tienen toda la razón en no ponerse a trabajar hasta que no tengan los estatales».

El problema de los borradores autonómicos es que pueden cambiar y eso obliga a volver a darle 'on' a las máquinas encareciendo los costes. «Cuando haces un producto debes decidir la tirada y eso es un coste más; si haces un libro basado en un borrador no puedes hacer la tirada definitiva sino una más corta para que al menos los profesores puedan ver el proyecto. Siempre va a ser más caro una tirada corta que la definitiva porque hay que volver a poner en marcha las máquinas», explica Marchena. «Todo queda reducido a tiradas muy concretas», completa Castellano. Y añade otro frente: «Lo que se hace en lengua castellana no vale para otras comunidades, es decir, no podemos ni traducir sino que hay que esperar a que se legisle, por ejemplo, en País Vasco para el libro se haga en euskera y con la legislación de esta comunidad».

En cualquier caso, lo de hacer 17 libros diferentes es algo que existe desde antes de la Lomloe. «Seguimos con la misma diversidad y eso entorpece la creación editorial además de ir en contra del principio de comprensividad; tiene que haber un ingrediente común, no puede ser que un niño de Cataluña no sepa lo mismo del que estudia en Andalucía», añade Marchena. «Tenemos que hacer 17 manuales porque cada comunidad quiere aterrizar la ley estatal según sus propios criterios», coincide Romero, de SM.

Otro problema con el que se toparon las editoriales, y que también varió por comunidades, es que hay asignaturas que, de acuerdo a la nueva ley, pueden desdoblarse, como es el caso de Conocimiento del Medio en Primaria. La Lomloe ofrece la posibilidad de que se divida en Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. «Ha habido comunidades donde los cambios del borrador al texto definitivo fueron mínimos y otras en las que fue más importante, por ejemplo, alguna en la que primero se planteaba que iba a haber Conocimiento del Medio y luego lo cambiaron», señala Marchena.

Todo ha llevado a que algunas editoriales se vean obligadas a deshacerse de producción ya terminada. «Hemos tenido que tirar todos los avances editoriales que son, en la práctica, iguales que los libros y que eran necesarios para que los profesores conozcan nuestra propuesta. Si no muestras nada no te los compran», señala Castellano. Por su parte, Romero apunta a que «cuando paras la máquinas hay cosas en producción y eso se ha tirado a la basura...Aunque el papel se recicle hay cosas que no se recuperan, hay mucho más invertido aparte de la materia prima». El retraso no fue el único elemento que perjudicó a las editoriales.

Pese a estas denuncias, la Asociación de Editores de Libros de Texto (Anele) aseguró la semana pasada a ABC que hay libros de texto en todas las comunidades y que, cuando se encontraban con borrares se reimprimía o se hacía el cambio digital.

La decisión de mantener los libros del curso pasado es otra cosa que perjudica, como ocurre con Murcia, Andalucía o Madrid. Pero las comunidades también ponen sus razones sobre la mesa. En la Región de Murcia, explican fuentes de la consejería de Educación, «solo se han cambiando aquellos libros de texto que han cumplido cuatro años de vigencia dentro de nuestra ley autonómica de gratuidad de libros de texto. Solo se ha cambiado, por tanto, 3º de Primaria. En el resto de cursos que no estén afectados por la ley de gratuidad de libros han sido los equipos docentes los que han decidido de manera autónoma». ¿La razón? «No queremos implantar para cuatro años unos manuales que se han elaborado con los currículos de enseñanzas mínimas del Ministerio de Educación y que no incluyen las que añadiremos en el uso de nuestra autonomía», señalan.

En el caso de Madrid, ocurrió algo parecido. El pasado mes de junio envió un comunicado en la que recomendaba a los centros de la región el mantenimiento de los libros de texto que se utilizaron cuando estaba en vigor la ley anterior a la Lomloe, es decir, la Lomce o 'ley Wert'. La explicación que dio entonces la consejería de Educación presidida por Enrique Ossorio se fundamentaba en los problemas de plazos para que estén listos los nuevos libros. Sin embargo, había más cuestiones de trasfondo: la lucha de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, contra el «adoctrinamiento» en las aulas y «el material sectario» de los nuevos libros de texto, tal como señaló tras las informaciones publicadas por ABC sobre el contenido de los nuevos manuales. Algunos de estos contienen propaganda sanchista, desprecian a la Monarquía, introducen la teoría 'queer' o califican a Vox de partido nazi. Marchena, de Anaya, prefiere no entrar a valorar el contenido de la ley pero sí critica la maniobra de Madrid y del ministerio: «Es una ley orgánica y hay que cumplirla aunque también es cierto que el Ministerio de Educación habló de un consenso que no se ha demostrado».

Fuentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía señalan que sí renovarán los libros de «1º y 2º de Primaria, además de reponer los libros que están en mal estado». Agregan que será en el curso 23-24 cuando renueven «los libros de todas las etapas una vez que tengamos los currículos aprobados». Los argumentos de Madrid y Murcia aparecen en Andalucía: «La Lomloe no nos gusta, por ello necesitamos nuestros decretos en los que podemos intervenir, en un 40 por ciento, con los criterios que consideramos fundamentales, y a partir de ahí tener los libros nuevos. El ministerio se ha retrasado 15 meses en la publicación de los reales decretos, en Andalucía los tendremos antes de febrero, es decir, en poco más de seis meses», concluyen.

La crisis que han sufrido este año las editoriales por el retraso en la implantación de la nueva ley educativa, Lomloe, les ha obligado a buscar diferentes métodos para tener los libros al comienzo del curso y, al mismo tiempo, no seguir perdiendo dinero por los retrasos del Ministerio de Educación.

Al publicarse tarde los currículos estatales tampoco los tuvieron a tiempo las comunidades que, en el porcentaje que les marca la ley, añaden contenidos. Así, algunas editoriales han recurrido, por ejemplo, a la producción de libros por trimestre. Así, en algunas manuales ha aparecido una pegatina que avisa a los padres de que determinadas asignaturas se dividen en volúmenes. En ella dejan claro los motivos: «El segundo volumen no ha podido incorporarse (...) debido a la falta de desarrollo reglamentario que determina las necesidades del currículo, resultante de la nueva Ley de Educación». Añaden que «por motivos de eficiencia logística» el resto de volúmenes se entregará en los centros educativos. Algo que, por otro lado, no ha gustado a algunos colegios ya que aseguran que de forma sorpresiva se han visto obligados a poner a una persona a hacer las labores de organización y reparto cuando no estaba previsto.

El problema de las editoriales no termina en la entrega de libros por ‘fascículos’, es decir, no solo se padece en los materiales que hacen con el uso del papel.

Aunque pueda parecer, en un primer vistazo imposible, el esfuerzo que estas hicieron en toda la parte digital también se fue al traste. Poner en marcha un proyecto digital requiere mucho esfuerzo: «El coste de un libro de papel y uno digital es igual, lo que varía es la tirada, pero para sacar un proyecto digital adelante hay que invertir en muchos otros elementos», señala Juan Pedro Castellano, director de la Fundación Edelvives.