El Gobierno carga a las comunidades con el 25 por ciento del plan de conciliación de Igualdad

A través de esta partida, que suele situarse en los 190 millones de euros, el Estado dota de presupuesto a las comunidades para que sus ayuntamientos desarrollen programas de guarderías y ludotecas en las ciudades hasta los pueblos más pequeños, campamentos de verano para padres cuyas vacaciones no coinciden con las escolares, programas 'madrugadores' y 'tardes en el cole' o diversas extraescolares.

En la rueda de prensa, la ministra Redondo explicó que el Estado aportará ahora al Plan Corresponsables unos 142,5 millones, lo que supone un 75 por ciento de lo entregado en los últimos cuatro años. Así, la titular de Igualdad presentó la «cofinanciación»; y ese 25 por ciento restante lo tendrán que asumir las propias comunidades.

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ABC

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El PP ha presentado una proposición no de ley instando al Gobierno a mantener la financiación íntegra del plan para garantizar la continuidad de los programas iniciados desde 2021 y la tranquilidad de las administraciones públicas responsables. El año pasado ya registraron su proposición de ley de conciliación para premiar a las empresas, garantizar la educación infantil gratuita, reconocer a las familias monoparentales y ampliar los permisos a 20 semanas.

Es una materia a la que su líder, Alberto Núñez Feijóo, le da mucha importancia. «Es una bandera que se está intentando poner en valor, la conciliación es igual a familia y ahí el PP tiene que ser líder», explican fuentes de Génova a ABC. Tildan el anuncio de «recortes millonarios» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lamentan que deja claro su «nulo interés» por las políticas de conciliación, a pesar de que PSOE y Sumar presuman de ellas.

Mientras la ministra de Igualdad aseguraba este martes que en realidad no hay ninguna «merma de financiación» en las políticas de conciliación porque las comunidades van a pagar el resto, desde el PP aprovecharon para relacionar el «tijeretazo» con la necesidad del PSOE de hacer frente al mayor gasto en defensa comprometido con la OTAN, esto es, un 2 por ciento del PIB para 2029.

Este discurso del PP hace daño a los socialistas y desestabiliza a la coalición de Gobierno, ya que la subida del gasto militar es uno de los puntos de conflicto que más daño está haciendo al Ejecutivo de PSOE y Sumar, y que con más fuerza critican no solo desde el partido que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sino que también es un ataque externo muy lacerante que utiliza Podemos.

Tras escuchar a la ministra, la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós, señaló que «ha quedado constatado el recorte definitivo de 47,5 millones de euros» en materia de conciliación, que es «una de las políticas sociales más importantes para las familias». En un intento de diluir los ataques del PP, la ministra de Igualdad aseguró que todas las comunidades «son conscientes de que las políticas de igualdad son políticas de Estado y asumen perfectamente que tienen que colaborar».

Pero la vicesecretaria de Igualdad del PP denunció que se trata de una «deslealtad institucional, sin acuerdo ni consenso y con imposición unilateral» del Gobierno, que, insistió, «quiere tapar el recorte obligando a las comunidades autónomas a financiar ese 25 por ciento en un momento en el que, en muchos casos, ya tienen licitados los contratos; tienen los presupuestos a medias y no tienen esa disponibilidad presupuestaria para cofinanciar».

Redondo y la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, tuvieron que capear las preguntas de los periodistas sobre las críticas. «En ningún caso hay una merma de financiación de las políticas de igualdad, en ningún caso», aseveró la titular de Igualdad; que luego añadió: «No hay ni un solo euro menos en las políticas de igualdad que tienen encargadas este ministerio. Lo que hemos hecho es ajustar y desde luego yo creo que mejorar lo que es un plan que en este momento estaba solapándose».

El Gobierno considera que como las autonomías también tienen competencias en materia de conciliación familiar deben «cofinanciar» el Plan Corresponsables. Y justifican que este «ajuste» se hace tras analizar estos cuatro años cómo se implementan «los recursos y su eficacia», y la conclusión, abordó Redondo, es que estaban «solapándose» competencias de la conciliación que son asumidas por comunidades y ayuntamientos. La ministra Alegría aseguró que el incremento del gasto en defensa en ningún caso supone «ningún tipo de recorte social». Y zanjó el asunto del gasto en defensa así: «Estamos hablando de llegar en este año a ese 2 por ciento y, además de hacerlo, como dijimos con el compromiso de no tocar ni una sola partida de políticas sociales».

La popular Alós respondió a las ministras con contundencia: «Por mucho que el Gobierno quiera negarlo, es un recorte en toda regla» y el «primero recorte que conocemos para hacer frente al mayor gasto en defensa que han comprometido y que deben cumplir». El Gobierno distribuirá los 142,5 millones a las comunidades autónomas en la próxima Conferencia Sectorial de Igualdad de este viernes.

La decisión del 25 por ciento está tomada y no va a discutirse, pero, dijo Redondo, el Ejecutivo está «dispuesto a escuchar las sugerencias de las comunidades, así como flexibilizar el reparto de fondos», al fin y al cabo entienden que estos cambios llegan cuando el curso presupuestario está avanzado.