El Gobierno deja «fugas» en la seguridad digital infantil

La nueva norma permitirá órdenes de alejamiento digital que prohibirán la comunicación de acosadores y maltratadores con las víctimas menores, y tipifica nuevos delitos digitales como la generación de imágenes por inteligencia artificial de menores desnudos. También se promoverán medidas de educación tecnológica en el colegio y la revisión médica en busca de adicciones tecnológicas.

Sin embargo, para que el anteproyecto se convierta en realidad quedan meses por delante. De hecho, como aseguran fuentes del Gobierno, la nueva legislación «aún está en proceso de escribirse» y presenta «varias fugas». Varios expertos, consultados por ABC, dan la bienvenida a la nueva legislación, aunque señalan que aún quedan cabos sueltos que deberían atarse para que no quede en una mera declaración de intenciones:

La ley marca que los pediatras deberán preguntar a los padres sobre el uso que hacen sus hijos sobre el móvil, de igual forma que ahora se les pregunta por sus hábitos de higiene. Sin embargo, pese a que el Gobierno lo plantee como una actuación sencilla, la Asociación de Pediatría Española y el sindicato CSIF indican varias «carencias» en este planteamiento. Por un lado, el sindicato alerta de que se necesitan al menos 10.000 plazas adiciones de Atención Primaria y de 1.100 pediatras para poner en marcha este mecanismo de actuación. Por el otro, los pediatras explican a ABC que no han recibido por ahora ninguna guía o modelo a seguir para poder detectar adicciones a la pantalla, u otros trastornos derivados de la tecnología como puede ser el aislamiento social. En Cataluña ven fácil su aplicación y ayer el Gobierno catalán anunció que se adelantará al proyecto nacional y desde septiembre las revisiones pediátricas rutinarias incluirán la prevención del uso de pantallas en menores y la detección de posibles problemas de adicción

El Gobierno obligará a los fabricantes tecnológicos a diseñar un sistema de control parental en sus productos. Una decisión que, en palabras del experto en privacidad Narseo Vallina-Rodríguez, genera «incertidumbres». «La legislación puede tener buenas intenciones, pero luego cómo se implementa es otra historia. Es posible que en la implementación del control parental, los desarrolladores introduzcan errores que permitan evadir los controles, que no sean realmente robustas, o que causen un daño a la privacidad del menor. Estos problemas ya se han identificado en el pasado en tecnologías en teoría robustas como las aplicaciones para el control del Covid-19», subraya el investigador de IMDEA. Sobre si esta medida debería correr a cargo del Gobierno -y que hiciera España un sistema propio- el experto opina que «esa decisión seguro se ha sopesado, pero la habrán descartado para evitar críticas sobre que el Ejecutivo censura a la población», comenta, haciendo referencia al pin parental que promovía Vox.

Otro de los puntos clave es que se eleva de 14 a 16 años la edad mínima para abrirse una cuenta en redes sociales. Esto se aplica para todas, ya sea Instagram, X, Twitch o TikTok. Esta normativa presenta dificultades de base, ya que cada plataforma establece en sus términos y condiciones una edad mínima de acceso, que en el caso de TikTok, X o Twitch son 13 años, 14 en Instagram, mientras que otras como YouTube se ajustan a la edad mínima legal estipulada en el territorio de uso del usuario. Por lo que, independientemente del deseo del Gobierno, a fin de cuentas será la red social la que decida la edad mínima para ser utilizada.

La mayor traba que presenta la ley es la «carencia temporal» de sistemas de verificación de edad eficientes, como señaló ayer Bolaños. Ahora, con que el menor seleccione la opción de que 'sí' es mayor de edad, puede acceder a contenido pornográfico. «Se necesita un modelo nuevo que, por ejemplo, acceda a datos biométricos del niño, pero esa es una decisión muy compleja de llevar a cabo», detalla Vallina-Rodríguez. Fuentes del Gobierno han asegurado que el Ministerio de Transición Digital presentará «en los próximos meses» el sistema seleccionado.

En lo que respecta a las modificaciones del Código Penal, lo que ha hecho saltar las alarmas de los abogados penalistas son los «huecos» o «vacíos» que deja la redacción actual de la ley con respecto a las nuevas condenas que rescriben artículos como el 33, 183 o 186.

Por ejemplo, no especifica ni deja en claro cómo se va a prohibir que un acosador menor se comunique con el acosado. «No puedes cortarle internet, ni tampoco ponerle una sentencia de orden de alejamiento», explica la abogada Gemma Martínez Galindo. «En ese caso sería una medida cautelar y no una pena, que pese a sea parecido en la ejecución, no es igual bajo la ley».