La ley de protección a los menores de la tecnología prevé revisiones médicas y órdenes de alejamiento digitales

El primero de ellos es la inclusión de un control parental de manera gratuita y obligatoria. Vendrá instalado de fábrica en todos los productos electrónicos inteligentes (en concreto en teléfonos móviles, tabletas, ordenadores y Smart TV), para que los menores no puedan sortear esta medida.

El Gobierno impondrá la inclusión de esta herramienta a los fabricantes tecnológicos para que todos sus productos en España tengan que contar con dicho sistema por defecto. Irá más allá de si el artículo es nuevo o de segunda mano, y de la autorregulación que realizan algunas empresas en este aspecto —como por ejemplo Apple que ya cuenta con un sistema de control parental que se puede seleccionar al configurar por primera vez un dispositivo de la marca— que en algunos casos generaban desequilibrios para los usuarios.

Entre las funcionalidades de este control parental, se encuentran elementos como limitar el tiempo de uso, las aplicaciones a la que tienen acceso los jóvenes o los contenidos que pueden buscar y ver en internet. Pese a que en un futuro el Gobierno facilitará recomendaciones de uso, a la hora de la verdad serán los padres los que decidirán cuántas horas podrán utilizar el móvil sus hijos o hasta qué edad deberán tener activado el control parental.

La atención primaria tendrá un papel fundamental en la detección de usos problemáticos de internet y las redes. La ley establecerá una serie de preguntas obligatorias que los pediatras tendrán que realizar a los menores, para detectar si existe un uso problemático que conlleve la adicción o el aislamiento social. Por ahora no existe ni una guía concreta ni mucho menos un protocolo, que se deberá trabajar junto con el Ministerio de Sanidad.

El Código Penal también sufrirá cambios. En concreto, se incorporará una orden de alejamiento virtual, con la que se prohibirá el acceso o comunicación a través de redes sociales o plataformas de mensajería de maltratadores con las víctimas. Esta medida abarcará todos los casos de violencia contra la infancia, ya sea doméstica, de acoso escolar… siempre que haya una sentencia jurídica firme, pero no durante la investigación. A su vez, habrá penas para los que usen la inteligencia artificial (IA) para manipular imágenes de menores y crear contenido pornográfico falso -los conocidos como 'deepfakes'- como fue el caso de Almendralejo, que encendió todas las alarmas el verano pasado.

Otro de los puntos que incluye la ley es un plan de 'alfabetización mediática y digital', que consiste en introducir un itinerario en todos los centros educativos y a todas las escalas educativas —desde Infantil hasta Bachillerato— para que conozcan los límites del entorno digital, o que tengan conocimiento de lo que son los bulos o las 'fake news'.

Esto introduce a su vez un plan de formación para los docentes que tienen que dar ese soporte, teniendo en cuenta que muchos de ellos no son nativos digitales. Esta formación ya se realiza en algunos centros y en ciertos ciclos educativos, sin embargo el objetivo es estandarizarlo en la educación española.

Finalmente, otro de los puntos que ha adelantado el ministerio que incluirá la ley es un sistema de etiquetado de contenidos audiovisuales. Un sistema que ya existe para videojuegos o series y películas —como es el caso del 'Pan European Game Information' o PEGI a nivel europeo—. En esta ocasión abordaría videos e imágenes que se publicaran en las distintas redes sociales, como YouTube, TikTok o X, donde aparecería una advertencia previa de que puede ser un contenido no apto.

El anteproyecto de ley va acompañado por un diagnóstico sobre el impacto de los entornos digitales en menores de edad realizado con las primeras aportaciones del grupo de 50 expertos que fue constituido en marzo. Sin embargo, por ahora el Gobierno no ha remitido el documento, que será finalmente presentado el próximo 20 de junio.