El Gobierno no cede a Podemos y excluye la exención del IBI de la negociación con la Iglesia

De esta forma, el régimen fiscal de la institución será idéntico al de cualquier organización sin ánimo de lucro, como fundaciones, asociaciones, ONG para el desarrollo y el resto de confesiones religiosas. De esta forma, el Gobierno descarta su pretensión inicial de obligar a la Iglesia a pagar el IBI, una idea recogida en el programa electoral de Podemos y que, en algunos momentos, ha estado sobre la mesa.

Al tratarse de una exención derivada de los Acuerdos Iglesia–Estado, el anuncio se ha hecho efectivo con el canje de notas entre Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, (encargado en el Gobierno de las relaciones con la Iglesia católica), y el nuncio apostólico en España, Bernardito Auza.

En breve, el Gobierno procederá a la derogación de la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del ministerio de Economía y Hacienda donde se regula la inclusión de este impuesto dentro del marco del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos.

«Desde hoy han terminado los privilegios fiscales para la Iglesia católica en el pago de impuestos», afirmaba ayer con rotundidad Bolaños tras el canje de notas. Una contundencia que recordaba el intento –hace poco más de un año– de presentar el acuerdo sobre las inmatriculaciones como una claudicación de la Iglesia ante el Ejecutivo, cuando en la práctica los mil inmuebles que «devolvía» la Iglesia le habían sido adjudicados por error del propio ministerio.

En la práctica, la negociación, «intensa y discreta» según reconocía ayer Bolaños, comenzó mucho antes de su nombramiento, con la llegada de Sánchez al Gobierno. Por entonces apuntaba a un objetivo mucho mayor: la eliminación de la exención del IBI. Una medida reclamada por el sector Podemos del Ejecutivo y a la que se sumaban algunas voces más radicales dentro del grupo socialista.

Pero la pretensión no dejaba de ser populista. Eliminar la exención del IBI a la Iglesia católica, cuando está reconocida a las entidades sin ánimo de lucro y al resto de confesiones religiosas, se presentaba como algo inviable, incluso contrario a la ley. De hecho, la idea no fue recogida en el acuerdo de legislatura entre las dos fuerzas políticas.

A pesar de ello, fue una cuestión que Carmen Calvo –antecesora de Bolaños en la interlocución con la Iglesia– puso sobre la mesa de forma recurrente. Incluso llevó hasta el Vaticano su pretensión de que la Iglesia española pagara el IBI. Así se lo requirió al secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, quien le recordó que esa negociación la debía hacer con la propia Conferencia Episcopal.

Sin embargo, la fórmula empleada para diálogo entre ambas partes, tema a tema, priorizó el acuerdo sobre las inmatriculaciones. Cerrado éste en enero de 2022, y ya con Bolaños como ministro, la negociación se centró en estos dos impuestos, de carácter menor, y que, curiosamente, había regulado otro Ejecutivo socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero.

Una cuestión en la que Bolaños encontró gran receptividad entre sus interlocutores en la Conferencia Episcopal, que en estas cuestiones se han movido siempre de acuerdo al «principio de no privilegio y no discriminación». Fuentes cercanas al Episcopado reconocen que aunque la eliminación de esta exención «supondrá algún problema en las diócesis y parroquias que están haciendo obras, a cambio podemos afirmar que se han acabado todos los privilegios para la Iglesia».

En la práctica, según cifró ayer el ministerio de la Presidencia, las distintas instituciones eclesiales tendrán que asumir unos 16 millones de euros en concepto de estos impuestos, sobre todo del ICIO, que cobrarán los ayuntamientos. Una cantidad significativa, pero relativamente baja, si se tiene en cuenta que este mismo año, el incremento en los ingresos a través del IRPF ha superado los 20 millones.

El acuerdo, que se cerró antes de Navidad, ha encontrado la resistencia de algunos obispos, pero ha contado con el respaldo del nuncio, que este fin de semana daba el espaldarazo final, según han confirmado fuentes gubernamentales a ABC.

Tras este acuerdo, la cuestión del IBI no preocupa a la Conferencia Episcopal. «No es problema de la Iglesia, todas las grandes fundaciones de este país pagan lo mismo que nosotros. El Gobierno lo puede cambiar cuando quiera, pero para todos. Insistir en eso es hacer una polémica donde no la hay», afirman fuentes eclesiales.