Por ello, el Gobierno procederá a la derogación de la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda donde se regula la inclusión de este impuesto entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos.
La medida supondrá un impacto de 16 millones de euros anuales en las cuentas de la Iglesia, según especificó el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
El acuerdo se desarrolla en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación.
Sin embargo, el acuerdo no afecta al IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, por lo que la Iglesia española seguirá exenta de pagar esta tasa que comprometería sus finanzas. La posición de la Iglesia es que estaría dispuesta a pagar el IBI con la condición de que también lo paguen las ONG, las fundaciones o los partidos políticos, también exentos de este impuesto.
El Gobierno no quiere que la Iglesia pague el IBI de sus templos o en actividades relacionadas con el culto, que son los únicos edificios protegidos por la Ley de Mecenazgo de 2002, pero sí por aquellos que tengan actividades económicas como los hospitales que regenta.
La exención del ICIO, regulada bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se deriva del contexto fiscal que la institución eclesial tiene en base a los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado (de 1976 y 1979, posteriores a la muerte de Franco), y era uno de los puntos en los que los obispos españoles estaban más dispuestos a ceder, según indicaron a Servimedia fuentes que acuden a las habituales reuniones que mantienen el Episcopado y el Gobierno Español.
El anuncio se ha hecho esta mañana antes del encuentro de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia con el Nuncio Apostólico, monseñor Bernardito Auza y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella.
El acuerdo se ha hecho efectivo este miércoles mediante el correspondiente canje de notas entre el Gobierno y la Nunciatura Apostólica.
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