Los obispos descartan crear un fondo 50 millones para las víctimas como plantea el informe de Cremades

Entre las razones a esta negativa, la primera es que «las necesidades económicas derivada de la reparación de daños en aquellos casos en que se ha producido no resultan significativas desde la perspectiva estricta de las cifras alcanzadas». Además, añaden que en los casos constatados en que una resolución canónica o una sentencia judicial firme ha obligado a este tipo de pagos a la institución, esas «cantidades han sido sufragadas de manera inmediata y suficiente por la Iglesia con cargo al presupuesto ordinario de las diócesis» o las congregaciones, sin que exista «dificultad alguna para afrontar los pagos».

Además, añaden, la existencia de un fondo de este tipo no ahorraría «la exigencia previa de acreditar la realidad y certeza del abuso sexual y de los daños padecidos». En ese sentido hay que recordar que la Conferencia Episcopal ya aprobó en su plenaria de finales de noviembre que la Iglesia indemnice a todas las víctimas incluso sin necesidad de una sentencia judicial, siempre que se llegue a la «convicción moral de que ha sufrido un abuso». También el Defensor del Pueblo propuso la creación de un fondo para este fin, en este caso estatal, en el que los obispos se mostraron dispuestos a colaborar estuviera orientado a reparar «a todas las víctimas de abusos y no sólo a las de la Iglesia«.

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En este mismo orden de reparación, Cremades también señala que «la Iglesia debe reconocer la verdad, revelarla públicamente y ofrecer disculpas públicas e inequívocas, pero también privadas a cada víctima». Una idea en la que abunda al pedir que se realicen «memoriales y un acto de conmemoración pública», tal como ya había señalado el Defensor del Pueblo en su informe. En este caso, la Iglesia sí que se muestra partidaria de actos de este tipo. De hecho algunas diócesis, como la de Bilbao, ya lo organizaron este mismo año.

En cuanto a las medidas de prevención, las sugerencias del informe Cremades van muy en la línea de lo esperable, desde «garantizar entornos seguros y protectores», tanto «a nivel físico como emocional», incidir en la preparación y formación en el campo de los abusos de los agentes pastorales que trabajan con niños y adolescentes. Algunas de estas propuestas son más bien deseos bienintencionados: «Qué nunca, en ningún lugar, un niño, niña o adolescente se vuelva a quedar solo ante el horror».

Además, señala que se implante un «Plan de Prevención sometido a una auditoría interna», la creación de una «comisión de protección» en cada espacio eclesial e impulsar «códigos de conducta» y protocolos de actuación». Buena parte de estas propuestas ya se están llevando adelante en instituciones eclesiales, sobre todo en colegios católicos y grupos de congregaciones religiosas, que llevan la delantera en las medidas de prevención.

A nivel legislativo, Cremades pide «mantener un buen orden en los archivos, incluida la obligación de conservar las actas de la investigación preliminar y el conjunto de los documentos». También le pide al Tribunal de la Rota que se «precisen las competencias en materia de investigación y enjuiciamiento de delitos canónicos relacionados con abusos sexuales y procurar los medios adecuados».

El informe se cierra con la petición de «fomentar investigaciones académicas y profesionales sobre abusos sexuales perpetrados en instituciones religiosas y su relación con la violencia espiritual y sus efectos devastadores», así como «en materia de deontología de los ministerios para elaborar códigos de conducta y medidas sancionadoras».