Puigdemont exige reunirse con Sánchez fuera de España para mantener su apoyo

«Siempre hemos dejado claro que la foto no es lo prioritario. Para nosotros es mejor que no haya foto. Lo que queremos es una agenda. Hechos concretos, no solo palabras», remarcan fuentes de Junts, que por ahora ven al socialista «ganando tiempo» para pasar el verano. En septiembre todo vuelve al campo de juego. Un encuentro entre el presidente y el 'expresident' catalán, huido en Bélgica desde hace casi ocho años, sería una escenificación de la «amnistía política» que tanto reclaman los independentistas y a la que Sánchez se quiso referir expresamente en su comparecencia del lunes. Todo estaba medido para lanzar guiños a su socio más inestable.

La referencia no pasó desapercibida entre los socios parlamentarios habituales, ni tampoco entre los neoconvergentes. Junts se queja de que el compromiso de la reunión se ha repetido en distintos momentos sin llegar a producirse. En su última rueda de prensa de 2024, antes de las navidades, Sánchez reiteró su voluntad de verse con Puigdemont y también con Oriol Junqueras, líder de ERC. Miraba a los Presupuestos de este año que nunca se llegaron a presentar. Ahora hace lo propio con la vista puesta en las cuentas de 2026.

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En el partido de Puigdemont insisten una y otra vez en que su gran objetivo pasa por ir cerrando los pactos pendientes. La amnistía efectiva es una de ellas, aunque depende en gran medida de la Justicia. El Tribunal Constitucional, como era previsible, ya dio su aval a la ley que Sánchez volvió a ensalzar este lunes. Pero las cuestiones prejudiciales en Europa –algunas ya se están dirimiendo– complican mucho el proceso, igual que el criterio sobre la malversación del Tribunal Supremo, que ha hecho que la amnistía sea inaplicable para Puigdemont. Los plazos pueden retrasarse, pero una reunión de Sánchez y el líder de Junts implicaría una imagen sin precedentes hasta ahora. Y en Moncloa piensan que serviría para afianzar el apoyo de los independentistas el resto de la legislatura. De producirse sin que Puigdemont haya sido amnistiado, el encuentro se celebraría fuera de España. El líder independentista ha tenido encuentros con sus interlocutores socialistas –José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán, ahora en prisión– en Bélgica y en Suiza. La vicepresidenta Yolanda Díaz ya viajó a Bruselas para reunirse con Puigdemont en septiembre de 2023, dos meses antes de la investidura de Sánchez.

La oficialidad del catalán en la Unión Europea es la segunda gran exigencia de Junts. El Gobierno lleva tiempo esforzándose en conseguir avances. Hace justo dos meses el Ejecutivo pensaba haber logrado el apoyo de algunos países, después de haber puesto toda la carne en el asador y metiendo en la negociación asuntos domésticos que les afectaban. El PP tuvo que volcarse por completo para frenarlo. Después, el Ministerio de Asuntos Exteriores lo ha vuelto a intentar (hace una semana y media fue la última), pero no llegó a someterlo a votación, consciente de que no tendría luz verde. La presidencia rotatoria del Consejo de la UE, ahora en manos de Dinamarca, dificulta las pretensiones del Gobierno, según confirman fuentes europeas. La cuestión ahora es si Junts seguirá conformándose con los intentos de José Manuel Albares –por ahora sin éxito– o exigirá más movimientos y nuevos esfuerzos.

El tercer gran asunto pendiente es la delegación de competencias en materia migratoria a Cataluña con la participación directa de los Mossos en las fronteras. Un acuerdo al que se llegó hace meses a cambio del apoyo de Junts para el real decreto ley que distribuye a los menores migrantes no acompañados que llegan a España y que se plasmó en una proposición de ley, que sigue esperando tramitarse. Es uno de los acuerdos más complicados porque se necesitan los votos del resto de socios. Pero para Junts es un asunto clave, porque la inmigración en Cataluña es ya prioritaria y una bandera por la que compite seriamente con el partido Aliança Catalana.

Toda esta «agenda» es la que Junts pone encima de la mesa para abordar a la vuelta del verano, e incluso con Sánchez personalmente. El presidente lo que quiere es atar el apoyo parlamentario de los grupos para aguantar hasta 2027 mientras el escándalo que rodea a su partido por la trama de corrupción de José Luis Ábalos, Koldo García y Cerdán, no deja de escalar. A pesar del triunfalismo desplegado por Sánchez en su discurso, la debilidad del Gobierno es una realidad imposible de esconder. La posibilidad de tener unos Presupuestos sería un pasaporte definitivo para estos dos años, pero Junts –y también Podemos– representan su gran amenaza. Los socios saben que el Ejecutivo deberá esforzarse mucho para mantenerlos a su lado y por eso en octubre empezará una nueva negociación.