La Fiscalía abre la puerta a que la Policía pueda informar a la víctima de los antecedentes de su agresor

Tras analizar la normativa vigente en materia de protección de datos y de violencia de género, la fiscal de Sala Teresa Peramato abre la puerta a que esa comunicación pueda llevarse a cabo, aunque recuerda que actualmente el protocolo relativo a la gestión de seguridad y protección de las víctimas no establece en ningún apartado esta exigencia. «Si se considera la comunicación de dicha información un elemento relevante de cara a prevenir la comisión de un nuevo delito contra la víctima o para garantizar su protección (o autoprotección), la fundamentación y los criterios para adoptar dicha medida debieran contemplarse en el referido protocolo«, teniendo en cuenta que se ve afectado el derecho a la protección de datos de la persona denunciada y que esa actuación puede tener »implicaciones personales y familiares«.

No obstante, y pese a ese inconveniente, la fiscal de Sala se muestra favorable a que esta comunicación se produzca, pero no por norma o de forma «automática o generalizada», sino una vez que se concluya, «tras el examen y valoración de las circunstancias particulares de cada caso, no solo que los referidos antecedentes suponen un factor de riesgo relevante, sino que comunicar esa concreta información a la víctima resulta necesario para prevenir, en ese supuesto concreto, la comisión de una infracción penal mediante la adopción de medidas adecuadas de protección o autoprotección«.

En este sentido, Peramato ve necesario valorar si la comunicación sobre los antecedentes del posible agresor «cumple el principio de proporcionalidad manifestado en la normativa de protección de datos a través del principio de minimización». Ese principio, según doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Estrasburgo, exige la superación de un triple juicio: el de idoneidad, en el sentido de determinar si la medida adoptada es susceptible de conseguir el objetivo propuesto; el de necesidad (que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito), y ponderación o equilibrio, es decir, que de esa comunicación se deriven más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.

El Ministerio Público llega a esta conclusión tras analizar la legislación vigente, entre otras normas el artículo 136.4 del Código Penal, en virtud del cual los antecedentes penales no son públicos; el Reglamento General de Protección de Datos, que establece que el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales sólo podrá llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas, o la ley contra la violencia de géneroy el Estatuto de la víctima, en virtud de los cuales las víctimas tienen derecho a recibir «plena información y asesoramiento adecuado» a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las administraciones públicas.