El doble duelo que enfrenta cada huérfano de la violencia de género

«Toda ayuda se corta al cumplir la mayoría de edad; los huérfanos de más de 18 años ni existen para el sistema y la familia (sea del asesino o de la asesinada) asumirán un gasto muy relevante», denuncian Marisa Soleto y Chelo Álvarez como responsables de asociaciones que trabajan con las «otras» víctimas directas de los asesinatos machistas. Ante los agujeros que presenta un sistema –que presume de ser un adelantado en el mundo– muchas familias deciden tapar con sus propias manos y bolsillos esos vacíos.

El doble duelo que atraviesa un niño cuando le despojan de su figura materna, también de la paterna, de un plumazo, es inimaginable: «Eso solo se puede trabajar con tiempo y con una intervención psicológica adecuada. Factores como la edad o la red de apoyos serán fundamentales en su evolución», asevera Timanfaya Hernández, psicóloga sanitaria y forense. Estos niños sufren retrasos madurativos y daños neuronales y físicos, además del trauma postraumático que arrastran.

Si el hijo es mayor de edad, la desprotección será casi absoluta. No figurará en las estadísticas oficiales, que solo contabilizan a los menores desde 2013. Este 2023 ha habido 38 mujeres asesinadas y 41 niños huérfanos. Los mayores de edad que también a los que les han arrebatado repentinamente su madre ni siquiera se sabe cuántos son. Desde 2013 a 2022 se contabilizaron 399 menores huérfanos. Y por los datos del Poder Judicial (CGPJ) se puede extraer que en ese periodo otros 339 mayores de edad se quedaron huérfanos por esos crímenes. 738 hijos en una década. Un informe del Observatorio de Violencia Doméstica del CGPJ contabilizó entre el 1 de enero de 2003 y el 20 de abril de 2019 a 1.494 huérfanos (con independencia de su edad).

Desde 2019 la ley reconoce a los hijos su condición como víctimas directas de la violencia de género; aunque acreditarlo les lleva un mundo en ocasiones. Y los incentivos suelen ser solo para los menores de edad. De hecho, según denuncia Soleto, directora de la Fundación Mujeres, la Seguridad Social debe mejorar su respuesta en relación a pensiones y prestaciones por orfandad porque el mecanismo aún no es universal y «hay un porcentaje muy elevado de resoluciones denegatorias».

Por eso se están ideando otras posibilidades. De un lado, el Fondo Soledad Cazorla para huérfanos de violencia machista otorga becas (ha concedido 170 beca desde 2016 por un montante de casi 300.000 euros y atendido a 85 huérfanos); de otro, diez autonomías han diseñado alguna medida excepcional para apoyarles en el duro camino que tienen por delante. La última ha sido hace pocos días, cuando el Gobierno vasco ha aprobado dar 5.700 euros anuales a cada menor hasta que tenga 18 años.

Pero, ¿qué pasa con los hijos adultos? ¿Qué ocurre al cumplir los 18? La situación de un huérfano mayor de edad es prácticamente invisible. La directora de la Fundación Mujeres y responsable de la Secretaría Técnica del Fondo Soledad Cazorla, Marisa Soleto, reclama ampliar el paraguas de protección. «No es realista que en nuestro país se dé por hecho que un chico de 18 años se independice, tampoco es coherente con la realidad sociológica (ahora mismo la edad media de emancipación en España es 30 años) y, además, estos chicos se encuentran de los 18 a los 26 años en una edad clave para su formación». Se les impide, dicen las asociaciones, «tener una oportunidad».

Lo que sucede en la mayoría de las ocasiones, como atestigua Chelo Álvarez, presidenta de la Asociación Alanna y del primer centro de asistencia a mujeres y huérfanos víctimas de violencia de género en la Comunidad Valenciana, es que son las propias familias (materna o paterna) las que se ocupan de ellos. «Soportando un desembolso económico enorme», durante los meses y «hasta años» –reprueban los afectados– que cuesta que la justicia otorgue la custodia del huérfano. Tienen que atravesar además un tortuoso camino burocrático, sin protocolos ni hojas de rutas pautadas. «Nadie ha pensado en un montón de situaciones (en operadores bancarios, jurídicos, ayuntamientos) que rozan la antología del disparate», se queja Soleto y concuerdan los damnificados. «Las familias son también víctimas directas de ese crimen. Desde los organismos europeos se está pidiendo este reconocimiento, pero en la práctica ellas están solas afrontando todos los gastos», añade Soleto.

Hablamos de personas en medio de un duelo irreparable, multiplicado si su padre es el asesino y va a la cárcel, y a las que la vida les cambia de un momento a otro. La psicóloga Hernández insiste en que precisan de «un entorno que garantice la seguridad, el afecto, la protección, la escucha activa». Éste hay que buscarlo de la mano de «personas seguras, mantener vínculos y entornos adaptados como primera elección. Si no, la opción que más se acerque a garantizar esas condiciones», dice.

Una fórmula a la que se aferran algunas familias (abuelos o hermanos de la víctima en la mayor parte de los casos) es el acogimiento durante el periodo que transcurre entre el crimen hasta la concesión de la custodia. Esta modalidad se llama acogimiento por familia extensa. Según el Ministerio de Derechos Sociales, al cierre de 2022, 34.632 niños estaban acogidos en residencias (16.177) o en familias (18.455). Por todas las casuísticas posibles (adicción, exclusión social, malos tratos...).

Cuando un menor carece de ese colchón familiar, por ejemplo, en familias desestructuradas, o en el caso de inmigrantes asesinadas, son terceros los que se ocupan de ellos, durante una temporada o, en algunos casos, luego enfilan los trámites de adopción. Esta modalidad se denomina acogimiento en familia ajena. Deben ser «familias muy preparadas» para proporcionarles ese entorno seguro que precisan, indica Chelo Álvarez, también psicoterapeuta.

La portavoz de Adamcam (Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad de Madrid), Rocío Tovar, confirma que la finalidad de esta figura del acogimiento es «sacar a otra realidad a estos niños que tan mal lo están pasando». Los niños se sienten perdidos y fuera del contexto de un hogar del que se han visto repentinamente privados. Hasta el punto -puso como ejemplo Tovar en una charla reciente- de que uno de los chavales se sorprendió cuando comprobó que la tortilla de patata era redonda porque la tenía concebida como triangular por la porción que le dan en la residencia. «Necesitan atención y amor incondicional», dice desde la experiencia de tantas familias de Adamcam como la suya (en estos momentos tiene un bebé acogido).

Resulta curioso que tanto las víctimas consultadas como desde las entidades que trabajan con ellas coincidan en apuntar que «España dice ser pionera en estas leyes, con un Pacto de Estado. Pero una cosa son las leyes y otra cómo las ponen en práctica. Tienen que facilitar los trámites, que sean 'ipso facto', que no se abandone a las familias y pasen su duelo» sin arrastrar otro calvario extra, resume Álvarez tras 21 años en Alanna. «Menos hablar y más poner soluciones», pide.

La Seguridad Social amplió la prestación por orfandad a los hijos de las mujeres asesinadas hasta los 18 años, un pago que aún no es universal, denuncian las asociaciones. Cuando el huérfano es mayor de edad, aumenta la desprotección: Andalucía. La única comunidad autónoma que ampara por ley a los huérfanos mayores de edad. Aragón Ayuda mensual de 420 euros hasta los 18 años. Asturias. 3.000 euros anual, amplía la percepción de las ayudas hasta los 26 años (si a los 18 continúa estudiando). Castilla-La Mancha 4.000 (si el asesino es el padre)-2.000 euros (si no es el padre) hasta los 18. Castilla y León. 5.000 euros al año hasta los 18. Hasta los 26 tienen exención de tasas universitarias. Cataluña. Pago único de diez veces el indicador de renta de suficiencia mensual. El receptor puede tener hasta 26 años. Comunidad Valenciana. Pago único de 75.000 euros. Galicia Pago único de 7.000 euros a cada huérfano de hasta 30 años (si dependen económicamente). Baleares. Ayuda mensual del 80% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) mensual hasta los 22 años. Es ampliable hasta los 25 años si está cursando estudios académicos. País Vasco. 5.700 euros anuales hasta la mayoría de edad. Se puede prorrogar hasta los 25 años si estudian o en caso de discapacidad.