Cuatro comunidades tardan más de un año en tramitar un expediente de dependencia

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De acuerdo con las impresiones del Observatorio, «4.000 millones extra de financiación estatal en los últimos tres años no se ven reflejados en una mejora sustancial de la atención a la dependencia«. Estos tres años el gobierno puso en marcha un Plan de Choque (en febrero de 2021) por parte del Ministerio de Derechos Sociales, con un »incremento importante de la financiación estatal« al Sistema de la Atención a la Dependencia, de más de 600 millones anuales, para superar algunos de los problemas más graves de este Sistema como reducir las abultadas listas de espera, los tiempos tan largos en la resolución y la escasa cuantía o intensidad de sus prestaciones y servicios, pero con todo al ritmo del último año 2023 se tardarían más de ocho años en alcanzar la plena atención, señala el informe, que también acusa de la burocratización del sistema.

Como resultado, en los tres últimos años (2021, 2022 y 2023) han aumentado en 287.636 las personas atendidas del Sistema de la Dependencia, y se han alcanzado un total de 1.567.107 personas con derecho a prestación al finalizar 2023.

En este contexto, la entidad subraya que el Plan de Choque marcaba como objetivo reducir en 2021 el «limbo» de la dependencia hasta el 12,7%, si bien «no ha sido hasta dos años después cuando se ha logrado». «En 2023 se redujo ese limbo un 2%. Aún había 179.244 en espera de recibir la prestación o servicio y 117.181 esperando ser valoradas al finalizar 2023», abunda el XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, presentado este lunes por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, para resaltar que se ha «logrado reducir el limbo de la dependencia en dos puntos, pasando de 13,4% a 11,4%», si bien dicha reducción se ha debido a un «ajuste estadístico» realizado en noviembre por Cataluña, donde «desaparecieron» del «limbo» 25.296 personas y la reducción del mismo al terminar 2023 fue de 21.008 personas.

Otras de las habituales quejas del Observatorio es que se mantiene también la «desigualdad por territorios» en esta prestación, «tanto en cobertura como en modelos de gestión»: en una escala de cero a diez puntuada por los directores de los servicios sociales, diez comunidades aprueban la escala este año, y la media estatal baja a 4,94. Solo nueve comunidades aumentan su puntuación con respecto al año anterior. Castilla y León y Castilla La Mancha, ambas con 8,3 puntos, encabezan esta clasificación. Cataluña y la Región de Murcia, ambas con 1,7 puntos, están a la cola.

El informe llama la atención a cuatro autonomías donde tramitar un expediente de dependencia supera los 12 meses de espera, y sólo cinco están por debajo de los 6 meses que establece la ley. Las regiones más tardías son Canarias, con nada menos que 647 días de espera, Andalucía (557 días), Murcia (509) y Galicia (362). En este sentido, Navarra, con 178 días, Cantabria, con 173, País Vasco, con 140 días y Castilla y León, con 127 días de espera cierran la tabla. Ceuta, con 68, también está «por debajo» de los seis meses que estable la ley.

Por lo que respecta a la teleasistencia, el Plan de Choque del Gobierno anterior establecía que fuera un derecho subjetivo de toda persona con Grado de dependencia reconocido que viviera en su domicilio, si bien, según los cálculos de la asociación, sólo el 35,8% de las personas con Grado de dependencia reconocido que viven en su domicilio tenían teleasistencia al finalizar 2023. Por su parte, 33,8 horas mensuales era la intensidad media de la ayuda a domicilio en 2023, con 57,9 horas para el Grado III, lo que representa un incremento de sólo 0,3 horas mensuales respecto al año anterior.

Asimismo, quienes cuidan a un familiar en situación de dependencia en su propio domicilio recibían 240,17 euros de media, una cuantía que asciende a 369,6 euros en el caso de los dependientes de Grado III. A su vez, 575 euros de media es la cuantía de la prestación vinculada al servicio para una plaza residencial en el caso de los dependientes de Grado III, «menos de una tercera parte del coste real de estos servicios en la mayor parte de España», según el dictamen.

Durante el pasado ejercicio, fueron nueve las comunidades autónomas que redujeron su aportación a la dependencia, con Cataluña a la cabeza, con una reducción de 57,3 millones de euros, seguida de Andalucía (51,6), Comunidad Valenciana (40,6), Comunidad de Madrid (15), Extremadura (11,0), Asturias (10,8), Cantabria (8,7), Castilla y León (7,4%) y Murcia (1).

La organización también quiso «destacar» uno de los «compromisos» del Plan de Choque que el Gobierno «ha cumplido», al «posibilitar» que los asuntos judicializados en materia de dependencia «pasen al orden de lo Social. «Esto evitará los elevados costes y complejos y prolongados procedimientos de reclamación que actualmente tenían que tramitarse y resolverse por la vía contencioso-administrativa», apostilló.