El coordinador de bienestar contra el 'bullying' se improvisa sin recursos ni profesionales

Cada centro escolar, ya sea público, privado o concertado, deberá tener un 'coordinador de bienestar y protección al alumnado'. Aunque su aplicación en cada autonomía se presenta con diferentes interrogantes que denuncian los sindicatos y los mismos docentes.

Identificarse ante los alumnos o comunicarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son algunas de sus funciones globales. Aun así, deja en manos de las comunidades la elección del coordinador, pudiendo ser alguien del centro o nuevo personal contratado. La realidad actual es que las autonomías apuestan por profesorado del mismo centro y con un horario muy reducido para su dedicación. «Las administraciones no quieren gastar dinero en contratar docentes con un perfil específico», explica Héctor Adsuar, secretario de Educación Pública no Universitaria de CC. OO. «Como la ley no les obliga, adjudican estas labores a un docente en su horario lectivo». Esta es otra interrogante, el número de horas que cada comunidad va a implementar para estas funciones.

Las autonomías se dividen entre no reducir el horario lectivo o, en el mejor de los casos, en pequeñas reducciones de entre una y cuatro horas semanales. «Por ahora, no están planteando recursos extras y las horas dedicadas son insuficientes para abordar un tema de tal calibre», añade Adsuar.

Algunas autonomías no plantean ninguna reducción y obligan a una sobrecarga de trabajo a los docentes, como sucederá este año en Cataluña, Navarra, País Vasco, Andalucía, Comunidad de Madrid y Cantabria. En el otro lado, Canarias reducirá la jornada laboral semanal entre dos y cuatro horas, Extremadura dos y tres, Asturias sólo con una o Castilla La Mancha y Baleares distribuirá la dedicación junto a otras funciones como digitalización.

Los sindicatos critican la «improvisación» y la «falta de recursos» para esa nueva figura. CC. OO. admite que estas funciones «no son nuevas», ya que se realizan planes similares desde hace tiempo en algunas comunidades. Por ejemplo, Castilla y León cuenta con una figura parecida desde 2007. De esta manera, algunas regiones se limitarán a adaptar sus propios planes de convivencia a la nueva ley.

Adsuar expresa que es un acierto total, aunque desconfía en su aplicación: «No se puede avanzar en la lucha contra el acoso sin inversión ni recursos».

El sindicato independiente ANPE explica que «su aplicación es muy apresurada con una gran repercusión mediática». Ramón Izquierdo, secretario estatal de Acción Sindical de ANPE, afirma que esta labor debería recaer sobre «un cuerpo docente ya preparado para ello», como son los profesores técnicos de servicios a la comunidad. Estos docentes pueden ser desde trabajadores sociales, psicólogos o educadores sociales. «Es el profesional ideal y el que tiene más sentido que lo lleve a cabo».

El equipo directivo elegirá entre el claustro quién asumirá esta función. Únicamente será necesario completar un curso online, en el caso de la Comunidad de Madrid de 30 horas y no tutorizado, para ser coordinador. Algunos docentes comentan a ABC que esta elección recaerá «al que le toque», porque la realidad de este tipo de funciones, como el 'coordinador Covid', supone una carga extra de trabajo para el profesorado sin ninguna prestación económica.

Desde los sindicatos vuelven a insistir que durante el curso habrá que evaluar su utilidad: «Esta figura puede ser testimonial si se hace a coste cero a costa del profesorado. Si hay 28.000 centros se necesitan 28.000 profesionales específicos para su labor».

José Manuel López es el padre de Kira López. Su hija se quitó la vida con tan solo 15 años el pasado 19 de mayo de 2021, después de sufrir durante años acoso escolar en un colegio en Barcelona. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le envió una carta donde expresaba el pésame por su fallecimiento, además de adelantarle la creación del coordinador de bienestar para «asegurar el adecuado funcionamiento de los protocolos de actuación frente a indicios de cualquier tipo de acoso escolar, y cualquier otra forma de violencia».

«La idea en sí es buena, aunque estoy expectante con su aplicación», explica a ABC el padre de Kira. Aun así, que el centro escolar elija al coordinador entre el profesorado cree que es un error: «Tienen que asegurar la independencia de su labor». José Manuel advierte que este problema se puede dar sobre todo en centros privados donde el director es el que contrata al docente: «El coordinador no puede ser, en absoluto, un asalariado del centro». Además, cree que muchos profesores no querrán asumir este cargo al existir «cierta responsabilidad civil».

Desde la plataforma Change.org, José Manuel López lucha por la creación de una ley estatal de acoso escolar: «Esta ley debería incluir la figura de un responsable de bienestar, externo al centro, que garantice el cumplimiento del protocolo 'antibullying'». Así, anima a sumarse a la iniciativa desde este enlace, con el objetivo de alcanzar las 150.00 firmas y «evitar que haya más casos de este tipo».

El padre de Kira se pregunta cada día qué pasó por la cabeza de su hija, una niña de 15 años, para que prefiriera morir antes de volver a ir al colegio.