El Congreso tramita una ley para penar con cárcel las polémicas terapias de conversión sexual
Los socios del PSOE critican el «cálculo político» y «marketing institucional» al plantear la proposición de ley la semana previa del Orgullo y en el 20 aniversario del matrimonio igualitario
Trabajos forzosos, electroshock y lobotomía: así eran las terapias en España para «curar» la homosexualidad
El PSOE defendió este martes en el Congreso la toma en consideración de una proposición de ley para despenalizar mediante una modificación del Código Penal las polémicas terapias de conversión dirigidas a eliminar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género. La iniciativa se tramitará con el apoyo de los socios de legislatura, que ya avisan al PSOE de que registrarán enmiendas que hagan el texto «más garantista».
El reproche se debe a que Sumar, Podemos, ERC, BNG y Junts registraron en febrero una proposición de ley similar de la mano de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión 'No es terapia' y que por entonces el Grupo Parlamentario Socialista no firmó con el pretexto de que estaban preparando el suyo propio. El del PSOE no llegó hasta este martes, coincidiendo con el 20 aniversario de la aprobación de la ley del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo y previo a la semana del Orgullo LGTB. La espera y el cálculo molestaron a sus aliados, que, como Teresa Jordà, de ERC, lo trasladaron en el Pleno: ella les acusó de «estrategia de rendimiento mediático» y «marketing institucional».
El PSOE propone una pena de prisión de seis meses a dos años para quien someta a una persona a estas prácticas de aversión por atentar contra su integridad corporal, mental y moral. Se integrará en el Código Penal mediante un nuevo artículo 173.bis. También plantea que la pena se aplique en su mitad superior cuando la víctima fuera menor de edad; hubiera mediado violencia, intimidación o engaño en los hechos, o abuso de situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima por razón de enfermedad o discapacidad y si el victimario pertenece a una organización con o sin fines lucrativos.
El número de denuncias por violencia de género aumentó 4,2 por ciento el primer trimestre del año
El 11,2 por ciento de las víctimas decidió no denunciar ni continuar el proceso contra su agresor
«Lo hacemos para elevar a categoría de delito lo que en realidad es una tortura, y que quien aplique o promueva estas prácticas se siente en el banquillo, y quien arrastre a su hijo a una sesión de humillación y trauma responda ante la Justicia, ninguna familia tiene derecho a torturar a un menor por ser gay, lesbiana o trans; y ninguna secta tiene derecho a lucrarse vendiendo curaciones milagrosas que solo sirven para sembrar suicidios», defendió el socialista Víctor Gutiérrez, que añadió que, a pesar de que ya se prohibieron con la ley Trans, «la mayoría de las víctimas son empujadas a estas prácticas por sus propios familiares, por lo que se necesita ir un paso más allá en la ley, porque es muy difícil que denuncien a sus familias».
Gutiérrez fue particularmente duro contra el PP: recordó que hace 20 años llevaron al Constitucional el matrimonio homosexual y acusó a Isabel Díaz Ayuso de desproteger a los menores transexuales en la Comunidad de Madrid. Desde la tribuna de oradores, el popular Jaime Miguel de los Santos situó al actual PP a la vanguardia de la defensa de los derechos LGTB y defendió que en Madrid lo que hizo Ayuso es «proteger» a los niños y garantizar que los padres y los profesionales médicos puedan acompañarles en el proceso, no sin criticar de paso la ley Trans del Gobierno. «El Consejo de Estado hasta hace poco decía que la ley era inaceptable», dijo.
El popular Jaime Miguel de los Santos situó al actual PP a la vanguardia de la defensa de los derechos LGTB después de los ataques de la izquierda
Por su parte, María de la Cabeza, de Vox, aseguró que su partido no está en contra de las personas homosexuales, así como que no apoyan las terapias de conversión. Pero negó el apoyo porque consideran que el PSOE quiere «criminalizar a golpe del Código Penal a quien no entiende la vida» igual que ellos. Tesh Sidi (Sumar) avisó de que plantearán cambios al texto: «Queremos protección pública; vivienda, acompañamiento psicológico (…) No todo lo arregla el Código Penal».
Noemí Santana (Podemos) criticó que era una copia «descafeinada» de lo presentado por ellos y pidió «valentía» a los socialistas para «confrontar los discursos de odio que están poniendo en peligro la vida de las personas». Y desde el PNV, Joseba Andoni Agirretxea tildó las terapias de «aberración que solo vale para hacer daño». Si por un lado anunció su voto a favor, el PNV también pidió al PSOE una reconsideración de la vía penal durante la tramitación que empezará ahora.
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