Los sectores críticos con la 'ley trans', ante su aprobación: «Los efectos se verán en los cuerpos de los niños»

La ley, previsiblemente, saldrá adelante con los votos a favor del Gobierno y sus socios. Aunque resulta incómoda incluso en las filas del PSOE. En la primera vuelta en el Congreso, la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo se abstuvo en la votación, lo que le costó una apertura de expediente y multa de 600 euros por parte de su partido. Hoy, las miradas volverán a estar sobre ella y su posicionamiento final sobre la ley. También en la Cámara Alta la senadora socialista Susanna Moll votó en contra de la norma.

El debate, denuncian las voces críticas con esta ley, ha sido nulo. Y el desamparo es el sentimiento que queda a partir de hoy. «Nos abocan a dedicar la próxima década o próximas dos décadas a luchar contra una ley injusta para con la infancia y las mujeres», lamenta Ángeles Álvarez, exdiputada socialista y miembro de la plataforma Contra el Borrado de las Mujeres. Las consecuencias del texto, apunta, «se van a conocer sobre la carne, la piel y el cuerpo de los niños y niñas y sobre los derechos de las mujeres de este país» ante la ausencia de un discurso que haya permitido «conocer las consecuencias prácticas de esta ley».

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Para este sector del feminismo es clave la autodeterminación del sexo que permitirá la ley, pues el texto establece que cualquier persona mayor de 16 años podrá pedir en el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo sin necesidad de presentar ningún informe médico o psicológico que lo avale. «Es desolador, es el mayor retroceso para las mujeres desde la dictadura», sentencia Silvia Carrasco, presidenta de Feministes de Catalunya y profesora de Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). «El borrado de mujeres y la autodeterminación del sexo son dos caras de la misma moneda, porque si el sexo legal depende de lo que un hombre declare, el sexo deja de ser una categoría objetiva en las leyes», expone.

Los menores de 16, por su parte, podrán solicitar ese cambio registral del sexo solo con la autorización de sus padres, mientras que aquellos que tengan entre 12 y 14 años deberán contar con una autorización judicial. En esta línea, el Consejo de Estado contempló en su dictamen sobre la norma que todos los menores de edad deberían tener ese informe judicial. También el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclamó que se elevara a los 18 años la edad para poder cambiar de sexo en el registro.

Varias sociedades médicas, además, han manifestado estos meses su preocupación por los efectos que la 'ley trans' pueda tener en los menores de edad. La Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia manifestó el pasado mes de octubre las «dificultades en su desarrollo socio-emocional e identitario» que la norma podría causar en los niños. En concreto, denunciaron que el texto «pone en riesgo el derecho fundamental de los niños a una atención médica integral» y que «se ignora un término/realidad tan relevante como el sexo». También calificaron de «negligencia grave institucional en el cuidado de los niños» que no se haya contado con la experiencia y conocimiento de los psiquiatras de niños a la hora de elaborar la ley.

También el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) se pronunció el pasado noviembre reclamando la exigencia de un diagnóstico médico multidisciplinar de la disforia de género. «A los médicos nos preocupa especialmente el sufrimiento que puedan tener estas personas a cualquier edad», afirma el doctor José María Domínguez Roldán, presidente de la Comisión Central de Deontología del Cgcom, aunque reconoce que esa preocupación es mayor por las consecuencias que el texto normativo tenga en los más pequeños «por el hecho de que el cambio en el registro pueda hacerse sin una evaluación médica de equipos multidisciplinares específicos, porque es una situación que necesita un amplio nivel de conocimiento», remarca.

En la misma línea, Domínguez manifiesta también la inquietud de los médicos por los tratamientos irreversibles a los que los menores se puedan someter, «que siempre deberían ser evaluados por equipos multidisciplinares, que es la mejor manera de proteger al menor». Hace alusión también a los estudios que constatan que la tasa de persistencia -es decir, la que marca los menores que con los años continúan en su decisión de transicionar- está por debajo del 50 por ciento. «Si esos niños hubieran iniciado acciones irreversibles tendría consecuencias», señala, y destaca la necesidad de que el cambio de sexo en el registro no tenga que llevar necesariamente aparejado un tratamiento hormonal o quirúrgico.

La dificultad para evaluar la madurez del menor que solicite el cambio de sexo es otro de los recelos que genera la 'ley trans' entre los médicos. «Es un tema realmente difícil de evaluar. Nuestra recomendación es que sean equipos específicos con experiencia en este campo los que hagan la evaluación del deseo de autodeterminación de género de los menores», remata Domínguez. También sociedades como la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria o la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense han manifestado en los últimos meses su preocupación por los efectos de la ley en los niños.

Pero las feministas creen que los «frentes abiertos» que deja la norma son muchos más, por lo que quieren llevarla a los tribunales. «Por ejemplo, habrá que poner en cuestión los premios deportivos que se lleven las personas transgénero que participen en competiciones femeninas. Intentaremos entre otras cosas llevarlo a los tribunales», sentencia Ángeles Álvarez, que también hace referencia a la posibilidad de que violadores entren en cárceles para mujeres tras cambiar su sexo registral. «Y como eso vamos a tener mucho, porque vamos a enfrentarnos a lo que supone una auténtica ley mordaza que ha articulado un sistema de sanciones bárbaras contra la opinión contraria a la norma. Pero no cabe rendirse».

«Hemos perdido la batalla, pero no la guerra», sostiene por su parte Silvia Carrasco, que asegura el feminismo seguirá llevando a cabo acciones para concienciar a la sociedad sobre la norma y lograr su derogación. «Vamos a presionar a los partidos para que lleven la ley al Tribunal Constitucional para conseguir su derogación. Vamos a utilizar todos los medios, pero esto es una locura. Nunca las mujeres habíamos asistido a un retroceso así desde la recuperación de la democracia».